El experto que vot¨® en contra: ¡°No demos pie al p¨¢nico y a la alarma social¡±
El economista Santos Ruesga defiende que se debe dar margen a la reforma de 2011 ¡°El diagn¨®stico es excesivamente alarmista¡±, justifica Critica "la urgencia" con la que se ha elaborado el estudio de los sabios Se muestra contrario a basar en proyecciones econ¨®micas ajustes dr¨¢sticos en el sistema
El informe sobre la sostenibilidad de las pensiones que los 12 expertos han entregado al Gobierno ha sido aprobado por una amplia mayor¨ªa: 10 votos a favor. Hubo una abstenci¨®n. Y un voto en contra. El sabio d¨ªscolo ha sido Santos Miguel Ruesga, catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada en la Universidad Aut¨®noma de Madrid y doctor en Ciencias Econ¨®micas. ?Por qu¨¦? Junto al informe, se ha elaborado tambi¨¦n un anexo en el que figuran las explicaciones sobre tres votos particulares. Y ah¨ª es donde Ruesga explica sus diferencias con el resto de los expertos, que le han llevado a oponerse a la valoraci¨®n del resto de sabios. "De momento hay ingredientes suficientes en el terreno de la reforma del sistema pensiones y en las fortalezas del propio sistema como para que nos otorguemos un peque?o respiro y no demos pie al p¨¢nico y a la alarma social; eso s¨ª que nos sirva tambi¨¦n para pensar en el siguiente paso a desarrollar. Paso este que, sin duda, convendr¨ªa viniera consensuado por la fuerzas pol¨ªticas y sociales que articulan la opini¨®n y los intereses de los ciudadanos del pa¨ªs", se?ala rotundo.
Considero innecesario incorporar un factor adicional de sostenibilidad ligado a la evoluci¨®n de los ingresos y los gastos del sistema tal como se define en el Informe, que a largo plazo supondr¨ªa un elemento adicional de ajuste sobre el valor medio de las pensiones
Este experto considera que se est¨¢ actuando con excesiva precipitaci¨®n y sobre la base de estimaciones econ¨®micas que considera insuficientes para acometer cambios tan profundos. "El Informe parte de un diagn¨®stico excesivamente alarmista de los problemas financieros del sistema p¨²blico de pensiones, con una cr¨ªtica subyacente al sistema de reparto, que, sin embargo, ha mostrado en el pasado un gran potencial para hacer frente a diferentes problemas a los que se ha tenido que enfrentar", se?ala Ruesga.
Cree que se deber¨ªa dar tiempo a los cambios aplicados en 2011 en materia de pensiones, "y hacer su seguimiento antes de introducir otros posibles factores de reducci¨®n de la cuant¨ªa de las pensiones". Es pronto para acometer cambios dr¨¢sticos sobre el pago de pensiones, justifica. "No hay tanta urgencia. Los problemas comenzar¨ªan a agravarse (con las previsiones actuales) a partir de 2030, pero con la reforma de 2011 la previsi¨®n de gasto en pensiones sobre el PIB a¨²n sigue estando por debajo de la media europea en 2040 y posteriormente", explica en su voto en contra.
El economista comenta sus diferencias con el diagn¨®stico en 10 folios. En s¨ªntesis, su desacuerdo parte de la base de que la revisi¨®n del sistema se realiza sobre proyecciones econ¨®micas. Y la econom¨ªa fluct¨²a mucho. "A¨²n admitiendo las dificultades que, fundamentalmente por razones de la evoluci¨®n demogr¨¢fica del pa¨ªs, se puedan plantear en el futuro para la estabilidad presupuestaria el sistema de p¨²blico de pensiones, no considero preciso que se introduzcan factores de sostenibilidad apoyados en la din¨¢mica de variables econ¨®micas estimadas", se?ala al final de su extensa cr¨ªtica a las ideas del estudio. "No hay necesidad inmediata de intervenir sobre la marcha de las pensiones, mas all¨¢ de la ley 27/2011 y las medidas complementarias que se consideren en el ¨¢mbito del pacto de Toledo. En este sentido, en los pr¨®ximos a?os habr¨¢ que estar atentos a la evoluci¨®n de los resultados de la reforma", a?ade.
Ruesga no niega que el sistema de pensiones necesite una reforma. Sin embargo, critica que esos cambios deban basarse en reducir los pagos, y propone aumentar el gasto p¨²blico en pensiones. "A mi modo de ver creo que es preciso asumir que el aumento del n¨²mero relativo de pensionistas, derivado de las tendencias demogr¨¢ficas, exigir¨¢ un esfuerzo paulatinamente mayor de la sociedad para con el gasto de pensiones, lo que nos habr¨ªa de llevar a una cifra de gasto similar a la media de la UE, en el entorno del 14%, sin alterar otras partidas de gasto social, con el fin de mantener la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema. Por ello, considero que el esfuerzo de ajuste tiene que recaer fundamentalmente en una acentuaci¨®n de la solidaridad inter e intrageneracional en los pr¨®ximos a?os, por lo que adem¨¢s de los efectos de la reforma en marcha, ser¨ªa razonable establecer un compromiso, lo m¨¢s consensuado posible, acerca de la suficiencia de las pensiones p¨²blicas, sobre la base de una aportaci¨®n creciente a su financiaci¨®n de recursos p¨²blicos, en un horizonte de convergencia con la media comunitaria, tanto en lo que a gastos en pensiones se refiere como a gasto social, en general. Las cifras al respecto permiten avalar un horizonte como este", defiende.
Entre los puntos concretos en los que muestra su desacuerdo, Ruesga se?ala adem¨¢s la necesidad de tener m¨¢s datos para acometer cambios profundos e incluso subraya la falta de apoyo por parte de organismos oficiales a la hora de ofrecer detalles para ofrecer un diagn¨®stico m¨¢s certero.? "Considero innecesario incorporar un factor adicional de sostenibilidad ligado a la evoluci¨®n de los ingresos y los gastos del sistema (aun entendiendo, como no, la licitud de que un Comit¨¦ de Expertos realice las propuestas que le parezcan adecuadas, m¨¢s all¨¢ del mandato que tenga), tal como se define en el Informe, que a largo plazo supondr¨ªa un elemento adicional de ajuste sobre el valor medio de las pensiones y sobre cuyos resultados efectivos en t¨¦rminos de equilibro presupuestario no contamos con las simulaciones suficientes, ante la ausencia de apoyo por parte de los organismos oficiales y la cortedad del tiempo asignado al Comit¨¦ para realizar su encargo", explica.
Los matices de otro experto que pide m¨¢s tiempo para el cambio
Miguel ?ngel Garc¨ªa D¨ªaz, responsable del Gabinete Econ¨®mico Confederal de Comisiones Obreras y profesor colaborador en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, apoya el informe del comit¨¦ de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema p¨²blico de pensiones. Sin embargo, ha optado por ofrecer ciertos matices sobre el mismo, y se ha desmarcado del consejo de aplicar los cambios ya en 2014. "Considero compatible mi voto favorable al contenido del Informe presentado por el comit¨¦ con expresar mi preferencia de desplazar hasta 2019 la implantaci¨®n de los dos componentes del Factor de Sostenibilidad recomendados", justifica.
En el informe, recuerda, se fija una horquilla de aplicaci¨®n entre 2014 y 2019 pronunci¨¢ndose a favor de una aplicaci¨®n lo m¨¢s temprana que sea posible y prudente. Sin embargo, Garc¨ªa D¨ªaz apunta: "Diferir en 5 a?os su aplicaci¨®n pr¨¢ctica permitir¨¢ a la sociedad espa?ola disponer de tiempo suficiente para conocer en profundidad este instrumento e incorporarle a todas aquellas decisiones que puedan considerar est¨¢n influidas por esta nueva variable que se introduce en el sistema de pensiones".
Seg¨²n justifica este experto, "la disponibilidad de recursos financieros en el Fondo de Reserva gracias, entre otras razones, al esfuerzo realizado por los trabajadores durante la anterior etapa de bonanza (renunciando a una superior actualizaci¨®n de las pensiones o a rebajar las cuotas sociales), es un instrumento que permite hacer frente durante un tiempo prudencial a posibles saldos negativos del sistema p¨²blico de pensiones". A?ade adem¨¢s que el factor de sostenibilidad que se propone en el Informe implica un cambio significativo en la din¨¢mica de funcionamiento del sistema p¨²blico de pensiones, "que debe ser explicado y asimilado por la sociedad y los ¨®rganos democr¨¢ticos que toman las decisiones en materia de Seguridad Social. Considerando. Por otra parte, en un momento tan delicado como el actual es conveniente evitar nuevas incertidumbres en la poblaci¨®n que pudieran generar efectos negativos sobre sus decisiones de consumo e inversi¨®n", y de ah¨ª, el margen de cinco a?os que solicita.
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