Rosell aboga por quitar el paro a los despedidos con m¨¢s de 80.000 euros

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha sugerido este lunes que quienes cobren indemnizaciones por despido a partir de 80.000 o 100.000 euros no deber¨ªan percibir la prestaci¨®n por desempleo, o "al menos" que esas indemnizaciones est¨¦n sujetas a retenci¨®n fiscal. As¨ª, tras reconocer que la prestaci¨®n por desempleo es un derecho, ha defendido que se busquen f¨®rmulas alternativas que eviten gasto al Estado en el caso de las personas que han recibido indemnizaciones m¨¢s altas.

Rosell ha calculado que cada a?o las arcas p¨²blicas dejan de ingresar 300 millones de euros por la bonificaci¨®n fiscal que supone el que las indemnizaciones por despido est¨¦n libres de impuestos. En el plano fiscal, Rosell ha abogado por tipos impositivos lo m¨¢s bajos que se pueda, "cuando haya margen", pero eliminando las bonificaciones tanto en el impuesto de sociedades como en el IRPF, con el objetivo de tener un sistema "m¨¢s claro".

El despilfarro deber¨ªa ser un esc¨¢ndalo p¨²blico"

Asimismo, durante la presentaci¨®n de su ¨²ltimo ensayo Reformas o declive, publicado por Deusto, el l¨ªder de la patronal ha considerado que los contribuyentes tendr¨ªan que tener m¨¢s capacidad de decisi¨®n sobre el gasto p¨²blico, raz¨®n por la que admira la democracia suiza y su sistema de consulta directa al contribuyente.

Seg¨²n escribe en el libro "el despilfarro deber¨ªa ser un esc¨¢ndalo p¨²blico" y el ciudadano tendr¨ªa que tener la opci¨®n de saber cu¨¢nto cuestan las cosas y si apoya ese gasto, como en el caso de las televisiones p¨²blicas, que a Rosell le parecen un "contrasentido" cuando las privadas cuestan menos y "dan mayor satisfacci¨®n a los ciudadanos. Entre las reformas pendientes, se?ala la de las administraciones p¨²blicas, aunque cree que el Gobierno ha dado un primer paso intentando identificar los problemas.

En su ensayo se pregunta c¨®mo es posible que en la administraci¨®n central sigan existiendo "abultadas plantillas" en educaci¨®n y sanidad si se trata de competencias transferidas a las comunidades aut¨®nomas. Respecto a la gesti¨®n de la sanidad, considera que se lograr¨ªa una mayor eficiencia si se diera m¨¢s participaci¨®n al sector privado, algo en lo que ha incidido durante la rueda de prensa cuando ha dicho que si "el 85 % de los funcionarios prefiere la sanidad privada, por algo ser¨¢".

Tambi¨¦n se ha referido a la necesidad de hacer cambios en la legislaci¨®n laboral, mucha de la cual considera "bastante obsoleta", puesto que cree que est¨¢ pensada para una econom¨ªa de grandes empresas industriales cuando en Espa?a predomina el sector servicios.

A su juicio, habr¨ªa que reducir el n¨²mero de contratos a un m¨¢ximo de 5 o 6 y simplificar al m¨¢ximo la legislaci¨®n para que se entienda y haya menos margen a la interpretaci¨®n judicial. Sobre los sindicatos ha dicho que deber¨ªan hacer como la patronal, que est¨¢ en "plena refundaci¨®n", y apostar por la transparencia, sobre todo con el dinero p¨²blico, para evitar la "injusticia" de que se presente a patronales y sindicatos como "grandes perceptores de subvenciones".