Reformas, ineficacias y corrupci¨®n

Muchas veces he se?alado la necesidad de reformar las Administraciones p¨²blicas como condici¨®n necesaria para alcanzar un crecimiento estable y duradero de la actividad econ¨®mica. Al mismo tiempo, he advertido de la dificultad de hacerlo correctamente, al tener que ir necesariamente contra muchos de los intereses creados por la transmisi¨®n de poderes del Estado a las autonom¨ªas. Esta reforma debe alcanzarse con un consenso pol¨ªtico amplio, aunque aun as¨ª parte de ella ser¨¢ muy dif¨ªcil de implantar en la realidad. La reforma deber¨ªa llevar a una mayor eficacia de las Administraciones p¨²blicas y a un control m¨¢s riguroso de todas las actuaciones para, al menos, dificultar la corrupci¨®n, tan extendida durante la anterior etapa expansiva de la econom¨ªa espa?ola.

Como demuestran los numerosos casos detectados por toda el territorio espa?ol, muchos de ellos incursos en procesos ante la Justicia, durante la etapa expansiva la corrupci¨®n ha anidado y se ha expandido desmesuradamente. Lo que antes pod¨ªan ser delitos cometidos por algunos delincuentes aprovechados se ha convertido en pr¨¢cticas habituales entre aquellos que gestionan importantes sumas de dinero p¨²blico y privado (caso de las antiguas cajas de ahorros) y que, desde lo que consideraban impunidad, se han aprovechado personalmente recibiendo dinero y regalos a cambio de favores y prebendas como consecuencia de sus cargos, perjudicando con sus decisiones el correcto funcionamiento de sus instituciones.

Comenzando por las Administraciones P¨²blicas ¡ªy aunque, como se dice en el informe elaborado sobre ellas, la Administraci¨®n p¨²blica espa?ola no tiene un tama?o excesivo ni superior al de otras en Europa¡ª, habr¨ªa que conocer c¨®mo se han contabilizado estas cifras, especialmente qu¨¦ conceptos se han utilizado y cu¨¢l es el ¨¢mbito total que se ha contemplado en el an¨¢lisis. Adem¨¢s de los funcionarios de todas las Administraciones (Estado, comunidades aut¨®nomicas y corporaciones locales), est¨¢n los trabajadores laborales fijos y temporales, los contratados como aut¨®nomos que muchas veces suplen a los que deber¨ªan ser fijos y los numerosos asesores contratados en todas ellas, que son los que m¨¢s rechazo producen en los ciudadanos. A todo ello habr¨ªa que sumar los llamados organismos p¨²blicos que no est¨¢n directamente incluidos en las Administraciones, muchos de ellos absolutamente ineficaces y que en muchos casos han multiplicado por 17 los existentes a nivel nacional.

Pero adem¨¢s del tama?o, es fundamental analizar la eficacia de la Administraci¨®n. No se puede calificar a todos con el mismo rasero. Me consta que hay instituciones, funcionarios y trabajadores p¨²blicos que funcionan y que trabajan mucho y bien. Pero en muchos ¨¢mbitos de la Administraci¨®n existen problemas de organizaci¨®n y de m¨¦todos de trabajo, dificultando innecesariamente el buen funcionamiento de las empresas y complicando la vida a los ciudadanos.

En primer lugar, ser¨ªa necesaria una regeneraci¨®n moral de los dirigentes p¨²blicos y privados

Para las empresas, durante a?os se ha hablado de la ventanilla ¨²nica, y ahora se presenta como novedad cuando ya se inaugur¨® hace a?os y, como reconoce el propio promotor de la idea, nunca ha funcionado. A los ciudadanos, para hacer cualquier tr¨¢mite, se les piden papeles con informaci¨®n que ya est¨¢ en poder de la Administraci¨®n, aunque a veces en un ¨¢mbito distinto de la misma, lo que denota claramente la falta de transparencia entre las propias Administraciones. Y no hablemos de los errores en la informaci¨®n de la que dispone la Administraci¨®n. El caso m¨¢s actual es la Agencia Tributaria, hasta ahora una de las instituciones m¨¢s prestigiosas por su eficacia a la hora de cobrar los impuestos y que, al menos hasta que se aclaren los motivos, es capaz de cometer errores que perjudican seriamente a los ciudadanos.

Aunque parezca dif¨ªcil de relacionar, la ineficacia de la Administraci¨®n y, sobre todo, los fallos en el control de los gastos p¨²blicos, es lo que permite la corrupci¨®n. Aunque existen leyes que marcan los procedimientos para asignar los gastos a las diferentes partidas presupuestarias, incluso los tipos de gastos que se pueden realizar, siempre ha habido abusos y malas pr¨¢cticas. Pero quiz¨¢s lo peor es el poder que tienen y no deber¨ªan tener los altos cargos para manejar, modificar y otorgar permisos, licencias y licitaciones de obras, dando cobijo a pr¨¢cticas abusivas a favor de unos y en perjuicio de otros. De esto se derivan las comisiones y los regalos recibidos por algunos de ellos y que ahora se est¨¢n viendo en los tribunales.

En el sector privado tambi¨¦n existen estas corruptelas. A¨²n recuerdo c¨®mo hace a?os en una instituci¨®n bancaria se observ¨® que algunos responsables de cuentas de clientes, que en su af¨¢n de servir a la empresa no se tomaba vacaciones que diesen lugar a su sustituci¨®n temporal, aplicaban pr¨¢cticas corruptas en su trabajo que no quer¨ªan que fuesen descubiertas. La mala gesti¨®n y las malas pr¨¢cticas realizadas por directivos y responsables de las cajas de ahorros, donde se manejaban grandes sumas de dinero, han perjudicado seriamente a empresas y personas clientes de las mismas sin que de momento se hayan exigido responsabilidades a todos ellos. Todav¨ªa en este momento se llevan a cabo nombramientos sospechosos en entidades intervenidas con dinero p¨²blico.

Siempre ha habido y habr¨¢ ladrones en la sociedad, pero debemos preguntarnos c¨®mo ha sido posible la generaci¨®n de tanta corrupci¨®n. En primer lugar, ser¨ªa necesaria una regeneraci¨®n moral de los dirigentes p¨²blicos y privados, pero ya que esto no es posible exigirlo por ley, deber¨ªa asegurarse que a trav¨¦s de la aplicaci¨®n y exigencia de las buenas pr¨¢cticas y la transparencia en la Administraci¨®n y las instituciones se ayude a evitar primero, y a detectar despu¨¦s, los casos sospechosos de mala gesti¨®n o malas pr¨¢cticas, impidiendo la sensaci¨®n de impunidad que se ha albergado en ¨¦pocas anteriores. Posteriormente, la Justicia se encargar¨¢ no solo de dictaminar e imponer multas y sanciones, sino que deber¨ªa perseguir hasta el ¨²ltimo euro robado para devolverlo a la sociedad.

Carmen Alcaide es expresidenta del Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) y analista.