Las autonom¨ªas morosas perder¨¢n competencias en impuestos
El Gobierno retendr¨¢ de la financiaci¨®n auton¨®mica el dinero de facturas que deban las comunidades que no paguen a sus proveedores
Las comunidades que se demoren m¨¢s de 30 d¨ªas en el pago a sus proveedores tendr¨¢n siete meses para enderezar la situaci¨®n y, en caso contrario, ser¨¢n sancionadas por Hacienda hasta casos extremos de perder competencias en los impuestos cedidos. Fuentes del Ministerio que controla Crist¨®bal Montoro explicaron este lunes que la medida se incluir¨¢ en la futura Ley Org¨¢nica de control de la deuda comercial en el sector p¨²blico, que el Ejecutivo quiere que entre en vigor en 2014.
Cuando la demora del tiempo de pago medio de las facturas supere los 60 d¨ªas durante dos meses seguidos el Ministerio de Hacienda podr¨¢ aplicar una bater¨ªa de medidas ¡°correctoras¡±, como un proceso de ¡°retenci¨®n de los importes a satisfacer de los recursos de financiaci¨®n¡± de la comunidad morosa. En ese caso las operaciones de endeudamiento a largo plazo ¡°precisar¨¢n de autorizaci¨®n del Estado¡±, y la autonom¨ªa deber¨¢ presentar un plan para cumplir el plazo m¨¢ximo previsto en la normativa de morosidad. ¡°Queremos integrar el control de la deuda comercial de Comunidades Aut¨®nomas y Ayuntamientos en el principio de sostenibilidad financiera¡±, explic¨® Hacienda.
El ministerio podr¨¢ enviar a sus 'hombres de negro' para valorar la situaci¨®n presupuestaria de la regi¨®n morosa
Si lo anterior no funciona, la ley tambi¨¦n incorporar¨¢ graves sanciones. ¡°En ciertos casos, las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Aut¨®nomas en relaci¨®n con los tributos cedidos pasar¨¢n a ser ejercidas por el Estado¡±, se?ala Hacienda. El ministerio podr¨¢ incluso acordar el env¨ªo de ¡°una comisi¨®n de expertos¡±, a modo de hombres de negro, para valorar la situaci¨®n presupuestaria de la regi¨®n morosa. Como ¨²ltima vuelta de tuerca, Hacienda podr¨¢ exigir a la Comunidad que deposite en el Banco de Espa?a el equivalente al 0,2% de su PIB nominal y le ir¨¢ cobrando intereses sobre el mismo.
Fuentes del departamento que dirige Montoro se?alaron que ser¨¢ muy dif¨ªcil llegar a aplicar las sanciones m¨¢s duras: ¡°No hemos quitado ninguna competencia ni intervenido a nadie hasta ahora y estas mismas medidas se contemplan para las comunidades que incumplan el d¨¦ficit, hemos trabajado con los distintos niveles de la administraci¨®n para reducir la deuda¡±.
El Gobierno no cree que pueda haber picaresca en el modo de contabilizar el ¡°periodo medio de pago a proveedores¡±, un nuevo concepto que introduce la ley y que cada administraci¨®n deber¨¢ publicar en su respectiva p¨¢gina web. ¡°Ese periodo se medir¨¢ desde que entra una factura, por eso ser¨¢ obligatoria la presentaci¨®n de la factura electr¨®nica¡±, matiza el Ejecutivo. Con la norma, la deuda comercial de las administraciones p¨²blicas estar¨¢ al mismo nivel que la deuda financiera.
Otra de las medidas aprobadas en consejo de ministros, el nuevo plan de pago a proveedores para comunidades y Ayuntamientos, tendr¨¢ dos fases: la primera priorizar¨¢ los pagos de conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, estimados por el Gobierno en 3.000 millones de euros. Se incluyen subvenciones para I+D y proveedores de universidades. La segunda fase, que facilita a las administraciones el pago de facturas derivadas de servicios p¨²blicos, obras, suministros, arrendamientos e indemnizaciones por expropiaciones no se activar¨¢ ¡°hasta que la situaci¨®n de los mercados lo permita¡±, seg¨²n Hacienda.
La primera fase del plan, que s¨ª se pondr¨¢ en marcha, abarca el pago de deudas con el llamado ¡°tercer sector¡±: sanitario, educativo y de servicios sociales. Los Ayuntamientos s¨ª podr¨¢n incluir dentro de la ampliaci¨®n del plan de pagos deudas ¡°por sentencias firmes de procedimientos de expropiaci¨®n¡± cuantificadas en 316 millones, y las correspondientes a ¡°transferencias a entidades sin ¨¢nimo de lucro¡±, que suman 332 millones. Esas obligaciones deben tener como fecha l¨ªmite el 31 de diciembre de 2012. Se estima que unos 5.500 municipios tienen hasta esa fecha alguna factura con entidades sin ¨¢nimo de lucro.
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