La Ley de unidad de mercado nace con el rechazo de cuatro comunidades

El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Unidad de Mercado por el que pretende poner orden a la mara?a legislativa que dificulta la libre circulaci¨®n de bienes y servicios entre las comunidades. La norma permitir¨¢ a las empresas operar en todo el Estado con una licencia ¨²nica. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, ha explicado tras el consejo de ministros que remitir¨¢ el texto legal al Congreso para su tramitaci¨®n por la v¨ªa de urgencia. Pero fuentes del Ejecutivo no han logrado precisar cu¨¢ndo entrar¨¢ en vigor.

El ministro de Econom¨ªa, Luis De Guindos, ha detallado que su Departamento ha detectado cerca de 6.000 normas de todas las Administraciones que vulneran en alg¨²n punto la unidad de mercado en 28 sectores de actividad. De estas, 1.700 son estatales, precisan fuentes gubernamentales, que admiten que tendr¨¢n que modificarse al igual que las auton¨®micas y las locales mediante un proceso ¡°voluntario, dialogado y pac¨ªfico¡± con el resto de administraciones.

En el Ejecutivo ponen de ejemplo el caso de las embotelladoras de agua o los fabricantes de m¨¢quinas tragaperras, que tienen que cumplir 17 normativas distintas en Espa?a, una por cada comunidad.

El proyecto limita las autorizaciones que exigen las Administraciones p¨²blicas para iniciar una actividad y proh¨ªbe los requisitos basados en el lugar de residencia del operador. Es decir, ninguna administraci¨®n podr¨¢ exigir tener el domicilio social en un territorio determinado para poder optar a un concurso p¨²blico. El plan, adem¨¢s, evita entrar en el tema ling¨¹¨ªstico y permitir¨¢ a las comunidades etiquetar, por ejemplo en catal¨¢n.

La Ley nace con el rechazo de Catalu?a, Andaluc¨ªa, Canarias y Pa¨ªs Vasco que consideran que invade competencias auton¨®micas y que puede suponer una relajaci¨®n de los requisitos para la fabricaci¨®n de productos o la prestaci¨®n de servicios. Andaluc¨ªa, en concreto, ha protestado porque cree que el proyecto legislativo podr¨ªa desproteger al consumidor. ¡°Cuando una comunidad aprueba una norma ya se encarga de que haya protecci¨®n suficiente¡±, explican en el Ministerio de Econom¨ªa que ampl¨ªan: La norma se asienta sobre los principios de confianza mutua, responsabilidad de las Administraciones y no discriminaci¨®n por cuestiones ling¨¹isticas, religiosas o sociales. El Ejecutivo rechaza, adem¨¢s, que sea una norma recentralizadora porque el Estado no gana ninguna competencia nueva y, sin embargo, el proyecto impulsa las de las comunidades. Defienden que se trata de una Ley de car¨¢cter econ¨®mico y descartan que tenga alg¨²n matiz ideol¨®gico. Otras fuentes gubernamentales admiten que parte del retraso que acumula la norma se debe a las precauciones que ha tenido el Gobierno para no avivar m¨¢s la cuesti¨®n catalana.

Las reticencias de Catalu?a son ¡°casi una enmienda a la totalidad¡±, admiten en Econom¨ªa que defienden la legalidad del texto y que ambas cuestiones est¨¢n ¡°zanjadas¡±. La Generalitat asegur¨® ayer que recurrir¨¢ con todos los instrumentos legales a su alcance para evitar que la normativa entre en vigor.

El Gobierno alega que el proyecto cuenta con el respaldo del Consejo de Estado que ha validado su constitucionalidad y asegura que preserva las competencias auton¨®micas.

A¨²n as¨ª el proyecto de Ley tambi¨¦n ha recibido la advertencia del Consejo Econ¨®mico y Social (CES) que alerta sobre las dificultades de aplicarla. ¡°Puede ser de dif¨ªcil aplicaci¨®n y dar lugar a una gran litigiosidad porque afecta a un buen n¨²mero de competencias auton¨®micas y locales. Esta circunstancia puede derivar en la proliferaci¨®n de conflictos entre el Estado y las Administraciones territoriales, pero tambi¨¦n entre las propias comunidades y entidades locales¡±, se?ala el CES en un dictamen emitido en mayo.

Econom¨ªa admite que puede producirse un aumento de los contenciosos pero explica que la Comisi¨®n Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) arbitrar¨¢ los procesos y cribar¨¢ aquellos que puedan acabar en la Audiencia e incluso en el Constitucional. El texto legal refuerza el papel de la CNMC que servir¨¢ de puente para recurrir cualquier norma que vulnere la unidad de mercado ante los tribunales. Podr¨¢ suspender la norma objeto de reclamaci¨®n durante tres meses hasta decidir sobre el mismo.

Una de las voces m¨¢s cr¨ªticas con la norma fue el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien ha denunciado ¡°que se pretenda avanzar m¨¢s all¨¢ de lo que ya es una realidad en el marco de la Constituci¨®n permite albergar sospechas sobre lo negativo de lo que se est¨¢ esbozando por parte del Gobierno central¡±. Erkoreka ha advertido sobre la posibilidad de que el texto pueda ¡°irrumpir en el ¨¢mbito competencial de todas las comunidades aut¨®nomas¡±. Y ha agregado: ¡°No hay fronteras entre unas comunidades aut¨®nomas y otras sino regulaciones diferentes que de ninguna manera suponen obst¨¢culos insalvables para el ejercicio de la actividad econ¨®mica¡±.

Desde el Ejecutivo canario avanzaron ayer que estudian presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de Unidad de Mercado porque consideran que ¡°vac¨ªa¡± de competencias a las comunidades.