Espa?a es quien debe valorar la legalidad de las preferentes, seg¨²n Almunia

El comisario europeo de la Competencia, Joaqu¨ªn Almunia, dice que son las autoridades nacionales competentes y sus tribunales los que valoren si la venta de preferentes cumple con la legislaci¨®n establecida en la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados e instrumentos financieros, conocida como MiFID.

Es la respuesta de Almunia con fecha de ayer y dirigida a la presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, sobre el cuestionario acordado por la comisi¨®n del Parlamento gallego que investiga la gesti¨®n y evoluci¨®n econ¨®mico-financiera de las antiguas cajas de ahorro, a la que hoy ha tenido acceso Efe.

El comisario europeo se?ala que "en particular, es competencia del Estado miembro investigar si estas entidades de cr¨¦dito o empresas de inversi¨®n ejercen sus funciones de manera adecuada, honesta y profesional en relaci¨®n con sus clientes y decidir los recursos legales disponibles para los inversores afectados por estas pr¨¢cticas".

Para reforzar estas posibles actuaciones, Almunia indica que el MoU (Memorando de Entendimiento sobre condiciones de Pol¨ªtica Sectorial Financiera de 23 de julio de 2012), "pide a las autoridades espa?olas la adopci¨®n de medidas destinadas a fortalecer la protecci¨®n de los clientes minoristas que adquieran cualquier instrumento financiero".

En cuanto al procedimiento de arbitraje, Almunia dice que se trata "de un proceso regulado a nivel nacional respecto del cual la Comisi¨®n Europea no tiene jurisdicci¨®n".

Acerca de la pregunta sobre las ayudas p¨²blicas recibidas por las instituciones financieras para el rescate y reestructuraci¨®n, indica el comisario Almunia que dentro del objetivo general de reducci¨®n al m¨ªnimo necesario del desembolso de dinero p¨²blico, la CE solicita a los bancos que se encuentren en proceso de reestructuraci¨®n "que gestionen su capital de manera prudente".

Este principio, recuerda, se plasma en el MoU, firmado por las autoridades espa?olas con el resto de los pa¨ªses del Eurogrupo, y recogido en la Ley 9/2012 sobre reestructuraci¨®n y resoluci¨®n de entidades de cr¨¦dito.

"En consecuencia -precisa en su carta-, las autoridades espa?olas se han comprometido a reconocer una absorci¨®n de p¨¦rdidas por parte de los instrumentos h¨ªbridos (entre los que se encuentran las participaciones preferentes) y la deuda subordinada emitidos por las entidades sujetas a reestructuraci¨®n y/o resoluci¨®n".

Asimismo, agrega, "se obligan a canjear posteriormente dichos instrumentos por acciones ordinarias".

Explica que en el contexto del programa de apoyo financiero al sector bancario espa?ol se ha protegido a los depositantes, incluidos aquellos dep¨®sitos por encima de los 100.000 euros, que no est¨¢n amparados por el Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos.

En su carta dirigida a la presidenta del Parlamento gallego, el comisario europeo se?ala que cuando las autoridades p¨²blicas recapitalizan un banco que seguir¨¢ operando en el mercado, "dicha ayuda p¨²blica s¨®lo puede ser compatible con el mercado interior bajo el Art¨ªculo 107(3)(b) del Tratado de Funcionamiento de la Uni¨®n Europea (TFUE), si el beneficiario de la ayuda se somete a una reestructuraci¨®n que asegure su viabilidad a largo plazo".

Dado el cuantioso importe de ayudas p¨²blicas recibidas por las distintas entidades financieras, Almunia insiste en que el banco "tiene que someterse a un profundo proceso de reestructuraci¨®n para garantizar su viabilidad y evitar que se tenga que volver a recurrir a dinero de los contribuyentes en el futuro".

En Espa?a, seg¨²n Almunia, los bancos recapitalizados con ayudas de Estado representan el 21 % del total de la banca espa?ola en t¨¦rminos de activos y el 28 % en los de cr¨¦ditos a clientes.

"Esto implica que la mayor¨ªa del sector bancario no ha necesitado apoyo p¨²blico y por tanto debieran estar mejor posicionados para proporcionar pr¨¦stamos a la econom¨ªa real", apostilla.