Bruselas suaviza su postura y da un respiro a los astilleros espa?oles

La Comisi¨®n Europea suaviz¨® ayer el veredicto sobre las ayudas fiscales destinadas a los astilleros espa?oles, que durante a?os atrajeron inversores con un sistema extremadamente ben¨¦volo desde el punto de vista tributario. Bruselas, como se preve¨ªa, considera ilegal ese sistema, pero apunta que la soluci¨®n alcanzada concede v¨¢lvulas de escape a los astilleros para seguir adelante. El sector, como era de esperar, sentencia que esa decisi¨®n es el principio del fin. Est¨¢ por ver qui¨¦n est¨¢ en lo cierto, pero tras un intenso tira y afloja el comisario de Competencia, el espa?ol Joaqu¨ªn Almunia, da finalmente un respiro al sector naval por una doble v¨ªa: exige el reembolso de las deducciones impositivas solo desde mediados de 2007 ¡ªy no desde 2005, como dec¨ªa hace unos d¨ªas¡ª, y sobre todo da un margen discrecional nada despreciable al Gobierno espa?ol para evaluar qu¨¦ hay que devolver. Adem¨¢s, ni los astilleros ni los armadores deber¨¢n reembolsar un solo euro: ser¨¢n los inversores quienes devuelvan las ayudas estatales, seg¨²n la Comisi¨®n.

El dictamen de Bruselas no es el final de ese contencioso. Ni mucho menos: lo m¨¢s probable es una catarata de demandas por parte de los inversores. El Gobierno no descarta recurrir ante el Tribunal Europeo de Justicia.

Pese a que Bruselas opt¨® por endulzar un veredicto que hace solo unas semanas parec¨ªa m¨¢s peliagudo, las reacciones en Espa?a fueron dram¨¢ticas y concitaron un acuerdo extra?amente general para los tiempos que corren. Patronales, sindicatos, Gobiernos central y auton¨®micos afectados ¡ªlos de la cornisa cant¨¢brica, de todos los colores pol¨ªticos: nacionalistas, socialistas y populares¡ª y todos los partidos cargaron con dureza contra Bruselas. Alegan que la Comisi¨®n pone en peligro casi 90.000 empleos. Y que la cuant¨ªa de las ayudas recibidas, casi 3.000 millones, pone en peligro la viabilidad del sector, por la dificultad de encontrar inversores tras ese varapalo. Las fuentes europeas consultadas aseguran que esas cifras son dudosas: un informe del Icex recorta el empleo en astilleros a poco m¨¢s de 7.000 personas (que podr¨ªan elevarse a 38.000 con los empleos indirectos), y el Gobierno hab¨ªa rebajado el impacto fiscal a poco m¨¢s de 2.000 millones antes de conocer la decisi¨®n, que podr¨ªa recortar la factura en varios cientos de millones adicionales.

La industria no deber¨¢ reembolsar el dinero, lo har¨¢n los inversores

Almunia fue ayer tajante, pese a estar en una posici¨®n delicada por sus or¨ªgenes y su pasado pol¨ªtico, y pese a las intensas presiones del Gobierno, que no han cesado en el ¨²ltimo a?o y medio y han arreciado con los astilleros. Sobre el montante de las deducciones, explic¨® que las cifras publicadas ¡°tienen poco o nada que ver con la realidad¡±. Respecto al debate con el Ejecutivo, consider¨® ¡°injustificable¡± que la Administraci¨®n espa?ola no comunicara el programa de ayudas fiscales cuando lo puso en marcha, en 2002, ni siquiera m¨¢s adelante, cuando lleg¨® a negar a Bruselas que el sistema exist¨ªa. Y acerca del futuro del sector, asegur¨® que los astilleros deber¨ªan estar tranquilos: ¡°Los inversores no podr¨¢n traspasar sus obligaciones de devoluci¨®n a navieras y astilleros¡±. ¡°En cuanto al futuro, existe un r¨¦gimen fiscal validado por la Comisi¨®n para financiar la industria de construcci¨®n de buques. Hay ayudas disponibles dentro del marco comunitario. Y hay inversores; solo hay que buscarlos. La Comisi¨®n no ser¨¢ en absoluto un obst¨¢culo si se respetan las reglas¡±, a?adi¨®.

Pero lo m¨¢s importante: Almunia explic¨® que ser¨¢ el Gobierno quien decida qu¨¦ inversores deben devolver las ayudas fiscales, c¨®mo y cu¨¢nto, en base a las condiciones generales fijadas por Competencia. Espa?a debe recuperar las ayudas a los inversores, ¡°con la excepci¨®n de aquellas consideradas compatibles con el mercado interior¡±: las que respetan las directrices sobre ayudas de Estado al transporte mar¨ªtimo. Eso deja un margen de maniobra importante ¡ªrepleto de recovecos legales, y por lo tanto sujeto a interpretaci¨®n jur¨ªdica dentro de unos l¨ªmites¡ª para el Ejecutivo.

Para el futuro, hay un sistema bendecido por la Comisi¨®n Europea

Frente a las demandas del sector, finalmente habr¨¢ que devolver las ayudas a partir de abril de 2007, el momento en que la Comisi¨®n declar¨® incompatible un sistema franc¨¦s similar. Adem¨¢s, Bruselas ha optado por no dar validez a una carta de la antecesora de Almunia, Neelie Kroes, que en mayo de 2009 envi¨® una misiva al Gobierno noruego en la que se refer¨ªa al sistema espa?ol. ¡°Esa carta no es un documento p¨²blico. Y no tomaba posici¨®n sobre la presencia de ayudas estatales¡±, argumenta la Comisi¨®n. Los astilleros pretend¨ªan que el reloj empezara a contar a partir de 2011, con el arranque del expediente, y contaban con la carta para conseguir mejores condiciones. Dos de los resquicios a los que podr¨ªa agarrarse un eventual caso en los tribunales son esa carta y la tardanza de Competencia.

Las reacciones no se hicieron esperar, aunque en el caso del Gobierno y la patronal Pymar fueron menos duras de lo que cab¨ªa prever. El ministro Jos¨¦ Manuel Soria indic¨® que no es la soluci¨®n que esperaba, ¡°aunque l¨®gicamente es mejor que la planteada hasta hace unos d¨ªas¡±. El presidente gallego, Alberto N¨²?ez-Feij¨®o, habl¨® de una decisi¨®n ¡°cuestionable¡± jur¨ªdicamente, ¡°poco responsable¡± econ¨®micamente e ¡°insensible¡± desde el punto de vista social. Pymar apunt¨® a futuras decisiones legales y confi¨® en el apoyo del Gobierno ¡°para atenuar al m¨¢ximo los da?os¡±. A las cr¨ªticas se unieron eurodiputados, incluidos los socialistas, agentes sociales y varios niveles administrativos, de ayuntamientos a diputaciones y comunidades. Todos menos los inversores, en teor¨ªa los m¨¢s perjudicados, que al cierre de esta edici¨®n no se hab¨ªan manifestado.