Un mayordomo para Montoro

Llega tarde, pero no por ello es menos desastroso. El reciente proyecto de ley org¨¢nica de creaci¨®n de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF) responde a la reiteradamente desatendida recomendaci¨®n del Consejo Europeo de julio pasado, para el mejor control de las finanzas p¨²blicas.

Pues bien, es un texto escrito en un espa?ol, o castellano, malo con ganas. Est¨¢ repleto de muletillas innecesarias: ¡°estas l¨ªneas se centran en¡±; ¡°permite la posibilidad de regular¡± (en vez de ¡°permite regular¡±); ¡°a este respecto¡±; ¡°cabe se?alar¡±; ¡°en este sentido¡±; ¡°es importante destacar¡±; ¡°al mismo tiempo¡±; ¡°en este caso¡±; ¡°asimismo¡±; ¡°por otro lado¡±; ¡°cabe destacar¡±; ¡°por ¨²ltimo, con respecto a las disposiciones finales¡±...

Se presenta ah¨ªto de anglicismos: ¡°la presente ley org¨¢nica complementaria a la ley¡± (en vez de ¡°de la ley¡±); ¡°la implementaci¨®n¡± (en lugar de ¡°la ejecuci¨®n¡±); ¡°detectar de forma temprana¡± (en vez de ¡°desde el inicio¡±).

Y va plagado de sinsentidos, errores e imprecisiones: ¡°valorar¨¢¡± (por ¡°evaluar¨¢¡±); ¡°esta¡± (por ¡°esta¡±); no ¡°afectar¨¢¡± a su autonom¨ªa (por ¡°perjudicar¨¢¡± o ¡°limitar¨¢¡±). Y todo ello sin contar con el abuso de gerundios...

Pero el contenido es a¨²n peor que la forma. La nueva Autoridad Fiscal es un ente ¡°que es com¨²n en su actuaci¨®n [??] a todas las Administraciones p¨²blicas¡± (exposici¨®n de motivos): se supone que eso significa que ostenta competencias frente a todas ellas, pues (art. 3) ¡°ejercer¨¢ sus funciones... con respecto a todos los sujetos [??] integrantes del sector p¨²blico¡±.

Todas las Administraciones supervisadas, incluida la del Gobierno central o Administraci¨®n General del Estado (AGE) deber¨¢n costear su funcionamiento (art. 11). Pero solo podr¨¢n ser castigadas, por incumplir deberes de informaci¨®n a la AIRF, u otros, aquellas que no sean la AGE (art. 4). ?C¨®mo? Mediante ¡°medidas coercitivas¡± no solo simb¨®licas (advertencias p¨²blicas), sino tambi¨¦n dinerarias (indisponibilidad de cr¨¦ditos presupuestarios), a propuesta del... ministro de Hacienda (arts. 19 a 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria). De modo que no estamos ante un organismo que controle a todas las Administraciones, sino a todas menos una, que es la que controlar¨¢ al organismo que supuestamente deber¨ªa controlarla. La en¨¦sima versi¨®n del neocentralismo autoritario.

El principal fallo es que la Autoridad Independiente no ser¨¢ independiente, sino que ejercer¨¢ las funciones propias de mayordomo de Crist¨®bal Montoro. Aunque la ley multiplica las proclamas de supuesta independencia, estar¨¢ adscrito al Ministerio de Hacienda (art. 7). Su presidente ser¨¢ nombrado por el Consejo de Ministros ¡°a propuesta del ministro de Hacienda¡± (art. 24). Aunque, eso s¨ª, antes deber¨¢ comparecer ante el Congreso a un examen en el que ojal¨¢ no escamotee datos relevantes de su curr¨ªculo, como si fuera un trilero aspirante a presidir un alto tribunal. Para m¨¢s inri, tendr¨¢ rango de subsecretario, inferior al del ministro y al del secretario de Estado. Y su organizaci¨®n tender¨¢ a obedecer a la voz de su amo, del amo del mayordomo, pues ¡°cada director de divisi¨®n ser¨¢ nombrado por el Consejo de Ministros¡± (art. 26).

Esta instituci¨®n es la versi¨®n bastarda de la m¨ªtica Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en ingl¨¦s) de EE UU, que acumula desde su creaci¨®n en 1974 un enorme prestigio entre republicanos y dem¨®cratas. La clave radica en su aut¨¦ntica independencia del Ejecutivo, en su adscripci¨®n al Legislativo, en que su presidente lo nombran de consuno el speaker de la C¨¢mara y el presidente del Senado.

La clave estriba en que una instituci¨®n fiscal independiente requiere ¡°el consenso del espectro pol¨ªtico¡±, como instruye el catecismo de la OCDE (OECD principles for independent fiscal institutions, febrero de 2013), contra el verticalismo gubernativo. ?Qu¨¦ consenso podr¨¢ haber si todos cotizan, pero uno se escapa de las sanciones?

Otro fallo de la Autoridad es que carecer¨ªa de autoridad, porque sus informes no ser¨¢n vinculantes, sostienen expertos de FEDEA como Juan Rubio (5 D¨ªas, 19 de abril). Quiz¨¢ sea, de hecho, al rev¨¦s. La disposici¨®n final primera del proyecto de ley indica que (otra vez) Hacienda ¡°formular¨¢ una propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda p¨²blica para cada una de las comunidades aut¨®nomas¡±, eso s¨ª, ¡°previo informe¡± de la AIRF. ?Se atrever¨¢ ning¨²n Gobierno a contrariar su opini¨®n, dotada de presunci¨®n de (falsa) independencia? En la pr¨¢ctica decidir¨¢ esta ¡ªcomo mejor convenga, claro est¨¢, a la jefatura¡ª, lo que atentar¨¢ contra el segundo gran principio de la OCDE, que pretende ¡°excluir¡± a estas autoridades de ¡°responsabilidades en las decisiones normativas para evitar incluso la percepci¨®n de partidismo¡±.