Varias asociaciones critican el dise?o de las elecciones a Consejo Agrario

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Ca?ete, planea convocar elecciones al Consejo Agrario en el primer semestre de 2014, m¨¢s de 35 a?os despu¨¦s de los ¨²ltimos comicios generales a C¨¢maras Agrarias. Ca?ete busca clarificar la representatividad de las organizaciones agrarias y que los resultados sean utilizados para cuestiones tan cr¨ªticas como la interlocuci¨®n con el sector, la asignaci¨®n de subvenciones y la distribuci¨®n del patrimonio de la Confederaci¨®n Nacional de C¨¢maras Agrarias. Grandes organizaciones agrarias como UPA, COAG y Uni¨®n de Uniones aprueban la idea de elecciones pero califican el proceso previsto en el anteproyecto de ley como una ¡°chapuza¡± articulada para dar un ¡°pucherazo¡± en beneficio de la otra organizaci¨®n, ASAJA, cercana al PP.

Agricultura quiere que se vote solo en las capitales de provincia, que el plazo para hacerlo dure 15 d¨ªas y abre la consulta, adem¨¢s de a los afiliados del sector, a los que reciban subvenciones superirores a los 3.000 euros. Esto, seg¨²n sus detractores, prima la voz de los agricultores m¨¢s pudientes.

¡°Queremos un proceso electoral en el sector agrario¡±, se?ala el secretario general de COAG, Miguel Blanco, pero ¡°siempre que se desarrolle con plenas garant¨ªas democr¨¢ticas¡±. Lo planteado por el Ministerio ¡°es un terreno abonado para la chapuza, una cacicada que dar¨ªa lugar a un pucherazo, algo a lo que nos vamos a oponer con todos los medios¡±, a?ade.

En la ¨²ltima d¨¦cada, han sido varios gobiernos aut¨®nomos, competentes en la materia, los que han celebrado elecciones. Estos resultados han servido para medir la representatividad de las organizaciones agrarias en cada comunidad aut¨®noma, pero sin validez a escala estatal. Con los resultados de la nueva consulta se determinar¨¢n las organizaciones agrarias m¨¢s representativas a nivel estatal para acceder a 10 puestos en el Consejo Agrario como ¨®rgano de consulta de Agricultura.

Solo se podr¨¢ votar en las capitales de provincia durante dos semanas

Actualmente, sobre la base de criterios como los resultados de las elecciones en 1978 o el n¨²mero de oficinas abiertas, ASAJA, UPA y COAG mantienen la misma representatividad en las negociaciones con la Administraci¨®n. Extraoficialmente se asume que ASAJA contar¨ªa con el 40%, COAG otro 40%, hasta la escisi¨®n de varias Uniones, y otro 20% para UPA.

Con la nueva ley, para ser considerada como organizaci¨®n representativa, ser¨¢ necesario contar con el 15% de los votos v¨¢lidos emitidos y, a la vez, tener el 5% en tres comunidades aut¨®nomas.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, considera que la existencia de solo centro electoral en cada provincia, delegaci¨®n o subdelegaci¨®n del gobierno (mientras en las elecciones a C¨¢maras Agrarias las votaciones se celebraban en cada pueblo o varias poblaciones en funci¨®n de sus habitantes), favorece a quienes dispongan de medios econ¨®micos para trasladar a miles de agricultores y ganaderos a los centros de votaci¨®n. ¡°Volvemos a los tiempos de autob¨²s y bocadillo y ser¨ªa importante el control de los gastos¡± se?ala Ramos, si bien se contempla el voto por correo.

Pero el principal caballo de batalla estar¨¢ en los censos. Agricultura propone inicialmente que s¨®lo puedan votar afiliados como aut¨®nomos por cuenta propia en la Seguridad Social y que tengan actividad agraria o que perciban pagos de la PAC por un importe superior a los 3.000 euros. Se deja la puerta abierta tambi¨¦n a quienes acrediten mediante su declaraci¨®n de la renta que sus ingresos por la actividad agraria suponen al menos el 25% de sus rentas totales. Si se trata de personas jur¨ªdicas, las mismas se deben dedicar a la actividad agraria y facturar, al menos, 10.000 euros.

Con la propuesta de censo de Agricultura, podr¨ªan votar las 265.000 personas afiliadas a la Seguridad Social y se abre la puerta a unos 397.000 beneficiarios que perciben ayudas por un valor superior a los 3.000 euros, pero deja fuera a otros 590.000 beneficiarios que no llegan a esa ayuda de 3.000 euros. Para Antonio Castellano, director de la Uni¨®n de Uniones, no tiene sentido excluir a los casi 800.000 trabajadores del campo cuya vida se halla ligada al futuro del sector agrario. En su opini¨®n, lo que se busca es volver al ¡°sindicato ¨²nico¡±.