Fomento allana el camino al rescate de las radiales por la v¨ªa de la liquidaci¨®n

El Gobierno anunci¨® este viernes modificaciones en la ley que limitan el coste para las arcas p¨²blicas de la probable quiebra de las autopistas de peaje con problemas. La clave de la medida, que seg¨²n resumi¨® Fomento evita al Estado pagar dos veces por el suelo expropiado en las radiales, es que allana el camino para un rescate m¨¢s econ¨®mico de las concesionarias aunque sea a costa de dejar a la banca con las manos vac¨ªas.

Hasta ahora, el plan preferido por el Ministerio que dirige Ana Pastor era poner 480 millones para agrupar a las empresas que gestionan los peajes y sus deudas en una sociedad p¨²blica de nueva creaci¨®n. Sin embargo, el riesgo de que Bruselas, que en estos momentos est¨¢ analizando la propuesta, la rechace al ver ayudas de Estado en ella ha llevado a Fomento a plantear otras alternativas. En esta b¨²squeda es donde se inscribe la medida aprobada este viernes y que, en esencia, introduce la posibilidad de dejar caer a las concesionarias y asumir su liquidaci¨®n, lo que en teor¨ªa era la salida m¨¢s gravosa para los intereses p¨²blicos. Pero ya no es as¨ª.

Las expropiaciones que pague el Estado se restar¨¢n de las garant¨ªas a la banca

De rond¨®n en un decreto ley sobre seguridad ferroviaria, el Gobierno modific¨® el r¨¦gimen de compensaci¨®n a los expropiados cuando hay litigios de justiprecio de por medio. Seg¨²n la ley, es la concesionaria quien debe pagar los terrenos intervenidos para la construcci¨®n de la autopista. Pero, ?qu¨¦ ocurre cu¨¢ndo el expropiado reclama m¨¢s dinero y la empresa se declara insolvente? Pues que el juez tira del hilo y ordena al Estado, como due?o de la infraestructura, pagar al particular. Y esto es lo que sucede en las radiales.

Fuentes conocedoras de las negociaciones a tres bandas entre Fomento, las concesionarias y los acreedores afirman que en los tribunales hay casos pendientes por las expropiaciones de las radiales que son favorables a los denunciantes y cuyo valor se eleva a 1.800 millones. Sin embargo, cuando entre en vigor el decreto, este dinero se podr¨¢ restar de la garant¨ªa p¨²blica de la que gozan todas las concesiones de servicios p¨²blicos y que se conoce como Responsabilidad Patrimonial de la Administraci¨®n (RPA).

Fuentes de Fomento aseguran que el motivo de la medida, que tiene car¨¢cter retroactivo, es cubrir el vac¨ªo legal que dej¨® un cambio legal de 2010. Adem¨¢s, justifican que el cambio afecta a todas las concesiones, pero queda claro que beneficiar¨¢ al Estado si el rescate de las radiales al final pasa por esperar a la liquidaci¨®n. En este caso, que es lo m¨¢s probable si se deja que los concursos sigan su curso por las diferencias entre sociedad y acreedores y el dudoso perfil del negocio, la RPA se activar¨¢. En el conjunto de las autopistas en quiebra, la garant¨ªa ascend¨ªa a 4.000 millones hasta el cambio aprobado por el Consejo de Ministros. Pero en el sector temen que seguir¨¢ bajando.

La medida abarata la liquidaci¨®n, pero crea incertidumbre sobre el sector

Seg¨²n adelant¨® Cinco D¨ªas, a esta modificaci¨®n le seguir¨¢n otras que permitir¨¢n descontar tambi¨¦n los cr¨¦ditos participativos concedidos por el Gobierno, ayudas que precisamente ten¨ªan el objetivo de cubrir los sobrecostes en las expropiaciones, y las compensaciones por la ca¨ªda del tr¨¢fico. Ambos conceptos suman 1.260 millones y restarlos de la RPA evitar¨ªa hacer descarrilar el d¨¦ficit p¨²blico, ya que al ser un desembolso del Estado computa frente a Bruselas.

La soluci¨®n de esperar a una liquidaci¨®n barata, en cualquier caso, no es inocua, ya que provocar¨¢ un agujero importante en los bancos acreedores. En su d¨ªa, los accionistas de las empresas cedieron los derechos de cobro a las entidades en garant¨ªa por los pr¨¦stamos con los que construyeron las carreteras y ahora la banca reclaman su dinero. Sin embargo, desde el entorno financiero advierten de que, en algunos casos, restar lo que ya ha pagado el Estado supondr¨¢ dejar los cr¨¦ditos sin ninguna garant¨ªa. Asimismo, critican que genera incertidumbre sobre el futuro de las concesiones. Otro de los actores del conflicto, Javier Vasserot, socio de Olswang y que representa los intereses de la banca extranjera, lamenta en la misma l¨ªnea que, con la medida aprobada este viernes, ¡°el Gobierno defrauda la confianza generada en la banca que financi¨® el proyecto¡±.

Pese a ello, desde el Ejecutivo insisten en que seguir¨¢n buscando ¡°la opci¨®n que sea m¨¢s beneficiosa¡± para el contribuyente.