Injusticias tributarias

La Constituci¨®n establece que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos p¨²blicos mediante un sistema tributario justo, aunque este principio vemos c¨®mo en la pr¨¢ctica apenas se cumple como ser¨ªa deseable.

Sobre la cuesti¨®n de quien soporta la mayor carga impositiva en nuestro sistema, las cifras lo dicen todo. Las estad¨ªsticas tributarias demuestran que alrededor de un 80% de los impuestos los pagan las clases trabajadoras, a trav¨¦s del IRPF, en el que las rentas del trabajo suponen un porcentaje muy elevado, y tambi¨¦n mediante los impuestos indirectos que todos pagamos como consumidores. Sobra con ello cualquier comentario respecto al trato de injusticia que supone esta situaci¨®n y que, desde luego, con la anunciada reforma fiscal no parece tener visos de cambiar.

A muchos de los que han perdido, su casa, su bien m¨¢s preciado, por no haber podido pagar la hipoteca al encontrarse en situaci¨®n de desempleo, Hacienda le exige, hasta el momento, que pague impuestos por la denominada ¡°daci¨®n en pago¡±. La terminolog¨ªa y realidad legal puede ser muy cruel porque si le dices al contribuyente que ha perdido su hogar, que encima tiene que pagar porque ha tenido un incremento de patrimonio, lo normal, ante esta dram¨¢tica situaci¨®n, es que piense que le est¨¢s tomando el pelo. En este caso se cometen dos injusticias, una por seguir debiendo dinero al banco despu¨¦s de quedarse con tu casa, aplicando la Ley Hipotecaria; y otra por tener que pagar impuestos, aplicando la Ley del IRPF. Ante esta situaci¨®n, las personas de bien deber¨ªamos sentir verg¨¹enza.

Tratemos ahora de las entidades financieras, del enga?o y de la situaci¨®n en la que han quedado muchos ciudadanos con las famosas ¡°preferentes¡±, con las que han perdido todos sus ahorros, en parte debido a una deficiente supervisi¨®n de los ¨®rganos del Estado. En estos casos, el Gobierno no ha obligado a dichas entidades a devolver el dinero estafado, aunque s¨ª ha empleado much¨ªsimo m¨¢s importe en rescatar a alguna de ellas, con el dinero de todos. El ciudadano, adem¨¢s de tener que acudir a los Juzgados para reclamar lo que le pertenece, perdiendo tiempo y dinero en el pleito, tiene tambi¨¦n que sufrir una tributaci¨®n injusta, ya que la Ley no reconoce la p¨¦rdida que ha sufrido. Otra m¨¢s de las situaciones vergonzantes que estamos sufriendo.

El Gobierno pretende corregir ahora estas dos injusticias con medidas que ha incluido en la anunciada reforma fiscal, pero muchos nos preguntamos por qu¨¦ se ha tardado tantos a?os en modificar esta normativa tan injusta. Lo menos que se podr¨ªa hacer, en mi opini¨®n, es que esas modificaciones legales tengan car¨¢cter retroactivo y que, por tanto, se devuelvan a estos ciudadanos un dinero que no tendr¨ªan que haber pagado nunca si se hubiera aplicado correctamente el principio constitucional de justicia del sistema tributario.

Por ¨²ltimo, y en relaci¨®n al fraude fiscal, el gran olvidado en la reforma fiscal, hay que reconocer que a la Agencia Tributaria no se le escapa ni un solo euro de las llamadas rentas controladas, que es lo mismo que decir rentas del trabajo. Pero la efectividad no es la misma cuando hablamos de combatir el fraude fiscal, ya que hasta ahora no ha existido una clara voluntad pol¨ªtica, como lo demostrar¨ªa una mayor dotaci¨®n de medios humanos y legales a la Inspecci¨®n de Hacienda.

En estos d¨ªas ¨²ltimos de la campa?a de Renta, se llenan las mesas de Hacienda de jubilados, muchos de ellos con l¨¢grimas en los ojos, que han sido requeridos por la Agencia para que paguen los impuestos correspondientes a las peque?as pensiones que perciben, por el tiempo que estuvieron trabajando en el extranjero, exigi¨¦ndoles ahora unos importes que no pueden pagar. Ocurre lo mismo con los requerimientos que se est¨¢ haciendo a j¨®venes que han aplicado determinadas deducciones, como la del alquiler, que ante cualquier fallo se les quitan, y a veces el fallo no ha sido de ellos, sino del propietario de la vivienda. No debemos poner en duda la actuaci¨®n de la Administraci¨®n tributaria desde el punto de vista legal, ya que su funci¨®n es aplicar las leyes, pero el principio de eficacia, y el sentido com¨²n, nos dice que habr¨ªa que dedicar menos medios a estos peque?os fraudes o errores, y m¨¢s y mejores a esos grandes defraudadores que se nos escapan por falta de medios humanos y materiales.

Adem¨¢s, no nos podemos olvidar de la famosa amnist¨ªa fiscal del pasado a?o, o de las cartas de aviso que se les enviaron a los que ten¨ªan cuentas en Suiza hace muy poco tiempo, para que regularizaran su situaci¨®n; pero eso s¨ª, sin sanciones. Si se comparan algunas de estas situaciones no cabe sino sentirse avergonzado y, mucho m¨¢s si este tipo de actuaciones vienen motivadas por la voracidad recaudatoria de la Agencia, que enfoca sus actuaciones masivamente hacia los m¨¢s d¨¦biles, sabiendo que esas deudas normalmente se recaudan y es improbable que sean recurridas por el contribuyente.

El descubrimiento del gran fraude requiere de mucho tiempo y medios porque los grandes defraudadores est¨¢n bien asesorados, pero no por eso debemos abandonarlo, y ese debe ser nuestro objetivo primordial. De lo contrario, estaremos cometiendo otra injusticia m¨¢s, y en este caso, no porque est¨¦ escrita en las leyes tributarias, sino por una incorrecta actuaci¨®n de la Administraci¨®n.

Jos¨¦ Mar¨ªa Pel¨¢ez es inspector de Hacienda y miembro de la Organizaci¨®n de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)