El macrocontrato de Navantia en Venezuela tropieza por los avales

El contrato del siglo del sector naval, firmado en 2005 entre los astilleros espa?oles de Navantia y la Armada venezolana y rubricado a bombo y platillo por los Gobiernos de Ch¨¢vez y Rodr¨ªguez Zapatero, ha entrado en un terreno pantanoso. La empresa p¨²blica tiene que recuperar los 312 millones de euros que entreg¨® como garant¨ªa (fiel cumplimiento, anticipo, garant¨ªas t¨¦cnicas¡­). No obstante, la pol¨¦mica que envuelve al contrato puede complicar su devoluci¨®n. Navantia rompi¨® relaciones con su intercolutor en Venezuela, la firma Rebazve, tras ser denunciados por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n e imputados sus responsables (los ciudadanos venezolanos Pedro Enrique Malave Benavides y Juan Rafael Carballo L¨®pez-Benavides) junto a los subagentes de estos en Espa?a (Javier Salas Collantes y Antonio Rodr¨ªguez-And¨ªa) al considerar que las comisiones cobradas fueron exageradas y pueden ser constitutivas de varios delitos.

Los avales deb¨ªan liberarse conforme se fueran alcanzando los hitos pactados y se fueran entregando los buques. Por eso, a estas alturas Navantia tendr¨ªa que haber recibido 241,8 millones de euros, correspondientes a las fianzas de los cuatro patrulleros y a los tres de los cuatro buques de vigilancia. Fuentes de los astilleros p¨²blicos aseguran que hasta ahora solo han recibido una peque?a cantidad. El ¨²ltimo buque se termina por contrato en los astilleros venezolanos Dianca y al mismo est¨¢n ligados 39,3 millones, m¨¢s un suplemento de otros 30,6 millones.

Fuentes de la empresa p¨²blica que preside Jos¨¦ Manuel Revuelta han asegurado que est¨¢n en contacto con la Administraci¨®n venezolana y esperan empezar a recibir el dinero correspondiente al resto en avales antes de acabar el a?o. En todo caso, conf¨ªan en que no existan problemas y reconocen que todav¨ªa queda m¨¢s de un a?o para que se produzca la finalizaci¨®n del contrato.

La empresa p¨²blica y sus exagentes en la gesti¨®n con Venezuela se enzarzan en los juzgados

Fuentes ligadas a Rebazve sostienen que la falta de interlocuci¨®n eficaz con las autoridades venezolanas puede ser la causa del retraso. Por otra parte, estas fuentes presumen que, en caso de abrirse juicio oral contra los antiguos responsables de Navantia (el presidente y director comercial en el momento del contrato Juan Pedro G¨®mez Ja¨¦n y Jes¨²s Arce, tambi¨¦n imputados) bajo los postulados que defiende la fiscal (que la empresa habr¨ªa pagado comisiones desorbitadas que habr¨ªan repercutido en el precio), no hay que descartar que las autoridades venezolanas se vean concernidas y decidan hacer indagaciones para examinar si Navantia cobr¨® de m¨¢s. En ese hipot¨¦tico escenario, esas fuentes sostienen que podr¨ªan optar por la ejecuci¨®n de las garant¨ªas contractuales.

El asunto se encon¨® tras decidir Navantia, que en principio hab¨ªa apoyado a sus representantes, romper con ellos y personarse como acusaci¨®n particular en el caso de las comisiones cobradas en el citado contrato. Rebazve, que estaba ligada a los astilleros desde los tiempos de la antigua Baz¨¢n (su nombre es el acr¨®nimo de Representantes de Baz¨¢n en Venezuela), intermedi¨® entre la empresa espa?ola y el Ministerio de Defensa de Venezuela en los contratos, cuyo valor se elev¨® a 1.246 millones. La comisi¨®n recibida por el contrato fue del 3,5% (42 millones), de los que los subagentes espa?oles (Salas y And¨ªa) se llevaron 12 millones (el 29,1% de lo cobrado por Rebazve) en concepto de asesoramiento, asistencia e intermediaci¨®n en Espa?a a trav¨¦s de Camino Nuevo.

El contrato suscrito en 2005 ascendi¨® a 1.246 millones y la comisi¨®n fue del 3,5%

La ruptura se produjo el 26 de abril de 2013 tras haber sido imputados los responsables de Rebazve por la titular del juzgado n¨²mero 8 de Madrid, Rosario Espinosa, a petici¨®n de la fiscal Pilar Melero Tejerina, de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, ante la que hab¨ªan declarado como testigos en dos ocasiones. La juez hab¨ªa imputado previamente a los subagentes espa?oles por tr¨¢fico de influencias, falsedad documental y delito fiscal. Posteriormente, a?adi¨® el de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, y la ampli¨® a los exdirectivos de Navantia. El delito fiscal fue retirado al comprobar que Salas y And¨ªa hab¨ªan hecho la declaraci¨®n pertinente.

La intervenci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se produjo despu¨¦s de que, a principios de 2010, la filial espa?ola del Deutsche Bank pusiera en conocimiento del Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (Sepblanc) del Banco de Espa?a la existencia de unos movimientos importantes de fondos por si pudieran corresponder a un posible blanqueo de dinero. Dichos flujos se correspond¨ªan con los pagos fijados en el contrato de mediaci¨®n de Rebazve con Navantia.

La acusaci¨®n de que los imputados hab¨ªan cobrado ¡°cantidades inalcanzables en otros ¨¢mbitos, no determina su ilegalidad¡± para la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que recurrieron, porque estaba estipulado en el contrato. La defensa sostuvo que los representantes de Rebazve tienen su domicilio en Venezuela y que ¡°la gesti¨®n y desarrollo del contrato con Navantia les hab¨ªa aconsejado contar con unos agentes locales¡±, adem¨¢s de sostener que el porcentaje est¨¢ en lo habitual en este tipo de intermediaciones.

La Audiencia de Madrid revoc¨® varias imputaciones en enero de 2012, al tiempo que criticaba la ligereza del ministerio fiscal por no acreditar pruebas.