El Estado duplica el tiempo de pago de sus facturas de gasto corriente
La Administraci¨®n General tarda dos meses en abonar su deuda comercial en bienes y servicios
La Administraci¨®n General del Estado (AGE) tard¨® una media de 61,5 d¨ªas en pagar a sus proveedores de bienes y servicios corrientes entre abril y junio, el doble que el trimestre anterior, seg¨²n figura en un reciente informe elaborado por el Ministerio de Hacienda. El tiempo que tarda el Estado en liquidar sus facturas de gasto corriente es el m¨¢s alto desde que se comenzaron a publicar estos registros en 2010.
El aumento de la morosidad de los gastos habituales de los ministerios eleva el plazo medio de pago total, que incluye facturas de bienes y servicios e inversiones, a 36,5 d¨ªas de media. Este dato empeora en 10 d¨ªas al del trimestre anterior y en 12 d¨ªas al de diciembre del a?o pasado, cuando logr¨® finiquitar todas sus deudas comerciales en el menor plazo desde el comienzo de la crisis (24,68 d¨ªas).
Este aumento del plazo de pago supone rebasar el l¨ªmite legal de 30 d¨ªas establecido en la Ley de Morosidad. El incumplimiento obliga a la administraci¨®n a pagar intereses de demora y una indemnizaci¨®n m¨ªnima de 40 euros por cada factura, seg¨²n un cambio normativo introducido por el Ejecutivo en 2013.
El Gobierno aumenta el periodo medio de pago total hasta los 36,5 d¨ªas
Hacienda justifica el retraso en los pagos porque entre abril y junio ha liquidado muchas m¨¢s facturas de gastos corrientes que en trimestres anteriores ¡ª302 millones de euros frente a 141 millones entre enero y abril¡ª. Argumentan que muchas de las facturas liquidadas ya acumulaban retrasos. Adem¨¢s, a?aden que el cambio del m¨¦todo para calcular el plazo de pago tambi¨¦n ha perjudicado sus cifras. Mucha culpa de este alza de la morosidad la tiene el Ministerio del Interior, el que acumula m¨¢s retraso en pagar a sus suministradores. El Departamento dirigido por Jorge Fern¨¢ndez tarda 106,48 d¨ªas en liquidar sus recibos pendientes por 116 millones.
El Gobierno est¨¢ azuzando a las comunidades aut¨®nomas y a los Ayuntamientos para que reduzcan su morosidad. De hecho, estableci¨® mecanismos en los planes de pago a proveedores y en el Fondo de Liquidez Auton¨®mica (FLA) para que aflojaran el bolsillo y liquidaran sus deudas comerciales cuanto antes.
Hacienda justifica que entre abril y junio ha liquidado muchos m¨¢s recibos
La morosidad p¨²blica es uno de los problemas que perjudican la liquidez en la econom¨ªa. Adem¨¢s, es responsable del cierre de empresas. Para combatirlo, el Gobierno aprob¨® a finales de julio un decreto que unifica el m¨¦todo para calcular el periodo medio de pago de todas las administraciones. Hacienda incluy¨® un apartado en la norma que le habilita para pagar a los proveedores de las administraciones que han demorado excesivamente el pago a cambio de retenerles los ingresos que tendr¨ªan que recibir.
En este escenario, el Estado ha incrementado la morosidad respecto al trimestre anterior. Se debe sobre todo al retraso del Estado en pagar sus facturas de relacionadas con sus gastos corrientes. La informaci¨®n facilitada por el ministerio diferencia entre el periodo de pago del Estado de los gastos corrientes en bienes y servicios ¡ªalquileres, reparaciones, material de oficina, comunicaciones, transportes, publicaciones y asistencia sanitaria¡ª y el de las inversiones ¡ªcontratos de obra, suministros, consultor¨ªa, inversiones militares y concesi¨®n de obras p¨²blicas¡ª.
Precisamente, estas ¨²ltimas solo tarda en pagarlas 22 d¨ªas. De hecho, entre abril y junio la Administraci¨®n del Estado ha tardado la mitad en finiquitar 508 millones de euros por facturas de inversiones que 302 millones por recibos de gastos corrientes.
A pesar de que el ¨²ltimo trimestre ha empeorado la morosidad de la Administraci¨®n General del Estado, tambi¨¦n es cierto que ha mejorado respecto al mismo periodo del a?o anterior cuando el plazo medio de abono era de 40,08 d¨ªas, seg¨²n los registros elaborados por la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE) para el ministerio de Hacienda.
El ministerio detalla que a 30 de junio hab¨ªa 1.646 facturas pendientes de pago por un importe total de 60,5 millones de euros. De estas operaciones, 255 por un importe de 4,1 millones han excedido el periodo legal de pago. Hacienda justifica que la mayor¨ªa de estas facturas ya han sido pagadas y las que a¨²n quedan pendientes se debe por ¡°la falta de datos bancarios o la existencia de incidencias tales como embargos o compensaciones tributarias¡±. De hecho, los pagos retenidos por errores u omisi¨®n para gastos corrientes acumulan un retraso de 858 d¨ªas, casi tres a?os. Una situaci¨®n similar ocurre para las operaciones impagadas por errores u omisi¨®n del cap¨ªtulo de inversiones, que suman un retraso de 762 d¨ªas.
Las comunidades aumentan la morosidad con los aut¨®nomos
Nuevo m¨¦todo
Varias organizaciones de pymes y aut¨®nomos han alertado en los ¨²ltimos meses contra el aumento de la morosidad de las administraciones p¨²blicas. La asociaci¨®n de trabajadores aut¨®nomos (ATA) lo destaca en un reciente informe: La morosidad ha repuntado un 10,3% en el segundo trimestre del a?o. Achaca este incremento a la finalizaci¨®n de la ¨²ltima fase del plan de pago a proveedores.
La asociaci¨®n de aut¨®nomos calcula que el tiempo medio que tardan las administraciones p¨²blicas en abonar sus facturas se sit¨²a en 113 d¨ªas, tres veces m¨¢s de lo que establece la legislaci¨®n. Mientras el Gobierno central y los Ayuntamientos han rebajado el periodo medio de pago, las comunidades han aumentado los plazos hasta los 130 d¨ªas, seis m¨¢s que en el trimestre anterior.
Para combatir estos retrasos, el Gobierno aprob¨® a finales de julio un real decreto que homogeneiza la f¨®rmula para computar la morosidad entre todas las administraciones. Adem¨¢s, estableci¨® mecanismos para incentivar que comunidades y Ayuntamientos liquiden sus deudas pendientes. Pero el texto deja dudas entre empresarios y aut¨®nomos.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), una organizaci¨®n que agrupa a cerca de un mill¨®n de empresas, considera que la norma ¡°permite alargar el plazo de aprobaci¨®n de certificaciones de obra m¨¢s all¨¢ de los 30 d¨ªas, lo que puede derivar en un punto de escape para las administraciones morosas¡±. Esta organizaci¨®n reclama que ¡°las administraciones p¨²blicas no pueden tener un plazo de tiempo indeterminado para la aprobaci¨®n de facturas¡±.
El presidente de la PMCM, Antoni Ca?ete, se muestra contundente: ¡°No podemos dejar una puerta falsa para que las administraciones incumplan sus compromisos de pago. Europa no lo permitir¨¢ y nosotros no deber¨ªamos permitirlo¡±, se?ala en el blog de la organizaci¨®n contra la morosidad.
Cepyme, la patronal de las peque?as y medianas empresas, divulg¨® un informe el pasado 22 de julio en el que advierte de que el 60% de las pymes espa?olas sufre retrasos en los pagos. Cifra en 11.172 millones las facturas bloqueadas sin pagar. Aunque Cepyme admite que la morosidad entre empresas es mucho m¨¢s elevada en la que corresponde a las administraciones p¨²blicas, lo cierto es que el 6% de todas las facturas impagadas, unos 700 millones, se debe a retrasos de entidades p¨²blicas.
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