Los privilegios de las administraciones p¨²blicas en los concursos

El pr¨®ximo 20 de septiembre culmina el plazo para la tramitaci¨®n en el Senado del proyecto de ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciaci¨®n y reestructuraci¨®n de deuda empresarial, que contiene una serie de modificaciones en el ¨¢mbito preconcursal y concursal, algunas de gran calado. Sin embargo, hay un aspecto que, aun siendo determinante, no ha sufrido ninguna variaci¨®n en este proyecto. Nos referimos a la posici¨®n de las administraciones p¨²blicas en el ¨¢mbito concursal.

Si observamos las reformas llevadas a cabo en los ¨²ltimos a?os con objeto de solventar la problem¨¢tica de los concursos de acreedores ¡ªcomo, por ejemplo, la activaci¨®n de la mediaci¨®n concursal o la extensi¨®n de los nuevos acuerdos de refinanciaci¨®n¡ª, podemos observar c¨®mo ¨¦stas afectan a un conjunto de operadores del mercado, como empresas, deudores, acreedores e, incluso, bancos, pero no a las administraciones p¨²blicas, que parecen mantener determinados privilegios decimon¨®nicos.

Si bien el cr¨¦dito p¨²blico ha de tener un plus de protecci¨®n, pues al ser de naturaleza ¡°p¨²blica¡± representa a toda la sociedad, no es menos cierto, que, en la actual coyuntura de cambios en todos los frentes y agentes, deber¨ªamos estar atentos para no caer en un cierto inmovilismo que perpet¨²e la posici¨®n de privilegio de las administraciones p¨²blicas, eclipsando un razonamiento de ¨ªndole m¨¢s empresarial, tan necesario en nuestro pa¨ªs, sobre todo en relaci¨®n a las pymes, en cuyos pasivos suelen concentrarse este tipo de cr¨¦ditos.

Por ello, creemos que ser¨ªa conveniente realizar una reflexi¨®n y plantearse otros escenarios, en los que deber¨ªan tenerse en cuenta argumentos de ¨ªndole econ¨®mica que permitan una aplicaci¨®n m¨¢s flexible de la posici¨®n privilegiada del cr¨¦dito p¨²blico en el ¨¢mbito concursal. A modo ilustrativo, podr¨ªamos citar el caso de la postergaci¨®n de los cr¨¦ditos contra la masa, donde deber¨ªa tratarse de suprimir la imposibilidad de recurrir a ella en el caso del cr¨¦dito p¨²blico, tal como hemos solicitado a los diferentes grupos parlamentarios en las propuestas de enmiendas que hemos remitido tanto al Congreso como al Senado. A nuestro entender, resulta preferible postergar determinados cr¨¦ditos ¡ªincluidos los p¨²blicos¡ª para salvar empresas viables, manteniendo en consecuencia las cuotas a la Seguridad Social y evitando as¨ª un alto coste social y econ¨®mico en despidos. Si se permiten determinados aplazamientos en los pagos de la Seguridad Social de acuerdo con el Reglamento de Recaudaci¨®n, ?por qu¨¦ no consentir tambi¨¦n determinadas quitas en el cr¨¦dito p¨²blico, como ocurre con otros acreedores?

Por otro lado, la venta de unidades productivas, que la legislaci¨®n entiende como sucesi¨®n de empresa. En consecuencia ¡ªsirvi¨¦ndonos de la terminolog¨ªa de los deportes de monta?a¡ª, el empresario adquirente de las mismas, que ya de por s¨ª compromete su posici¨®n con riesgo de caer en el abismo de la liquidaci¨®n, debe efectuar la ruta ¡ªcuyo recorrido acomete, adem¨¢s, en cordada junto a otros compa?eros de fatiga¡ª cargado con una pesada mochila de deudas del anterior empresario, sin ning¨²n elemento que le d¨¦ una m¨ªnima protecci¨®n. ?No ser¨ªa preferible que se permitiera a este empresario aligerar los contenidos de su carga, posibilitando determinadas quitas y esperas del cr¨¦dito p¨²blico, permitiendo as¨ª que acreedores, deudores y trabajadores no caigan al vac¨ªo y que la expedici¨®n empresarial completa pase a engrosar la lista negra de liquidaciones?

Estas reflexiones que desde el Registro de Expertos en Econom¨ªa Forense (REFOR) del Consejo General de Economistas hemos expuesto en sucesivos informes a lo largo de los ¨²ltimos a?os, vienen a coincidir con las ideas recientemente expuestas por el Fondo Monetario Internacional, en su ¨²ltimo informe sobre Espa?a, de 7 de julio de 2014, a favor de limitar el excesivo privilegio de las administraciones p¨²blicas en los concursos y, especialmente, en las pymes, que concentran por su dimensi¨®n este tipo de cr¨¦dito, permitiendo que las deudas tributarias y ante la Seguridad Social puedan ser tambi¨¦n reestructuradas.

Esperamos que, en estos momentos de necesario cambio para todos los operadores del mercado, las administraciones ¡ªen l¨ªnea con las recomendaciones realizadas por organizaciones nacionales e internacionales¡ª no mantengan una actitud autista ante esta realidad y se decidan a formar parte de la cordada de los monta?eros de la peque?a y mediana empresa, contribuyendo a que el tejido empresarial, particularmente el de las pymes, mantenga su supervivencia, se desarrolle y logre por fin hacer cumbre en los supuestos de viabilidad evidente.

Valent¨ªn Pich Rosell es presidente del Consejo General de Economistas