La Audiencia Nacional da el primer paso para juzgar a exdirectivos de CCM
Ruz estima que el expresidente Pedro Hern¨¢ndez Molt¨® y el exdirector Ildefonso Ortega ama?aron operaciones que supusieron un agujero de 149,8 millones
Juan Pedro Hern¨¢ndez Molt¨®, expresidente de Caja Castilla La Mancha, y Ildefonso Ortega Rodr¨ªguez, exdirector general, est¨¢n a un paso de sentarse en el banquillo por supuestos delitos societarios de falseamiento de cuentas y administraci¨®n desleal.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dado a las partes personadas en el caso del saqueo de la caja un plazo de diez d¨ªas para que soliciten la apertura de juicio. En el auto, Ruz estima en 149,8 millones los perjuicios por cinco operaciones fallidas en las que los imputados intervinieron para conceder cr¨¦ditos sin garant¨ªas a varias empresas, refinanciaciones en condiciones fuera de mercado, condonaci¨®n de intereses o daciones en pago que no fueron ni aprobadas ni convalidadas por la comisi¨®n ejecutiva de la caja.
El Consejo de Ministros aprob¨® el 29 de marzo de 2009 en una reuni¨®n de urgencia la intervenci¨®n de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Molt¨® y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de Espa?a por las presuntas irregularidades derivadas de su gesti¨®n.? Los propios directivos, que prestaron declaraci¨®n ante el juez a finales de 2013, admitieron haber avalado cr¨¦ditos sospechosos concedidos por la entidad porque estos contaban con el dictamen favorable del ?rea de Riesgos y del Comit¨¦ Superior de Riesgos.
Las operaciones fallidas
El juez explica en su auto que en varias ocasiones, Molt¨® y Ortega pusieron en riesgo a la caja por la "notoria desproporci¨®n entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperaci¨®n", en operaciones fallidas. La primera que explica el juez, referida al grupo Renovalia, consisti¨® en la refinanciaci¨®n de un pr¨¦stamo de 25 millones de euros para enjugar cr¨¦ditos anteriores concedidos a los administradores del grupo de negocios Urbaja, los hermanos Antonio y e Ignacio Barco Fern¨¢ndez. Ambos eran considerados los reyes del ladrillo de Ciudad Real durante el boom inmobiliario. La refinanciaci¨®n se concedi¨® "sin solicitar aval", a los empresarios, lo que aboc¨® a la caja "a perder el recurso a la ejecuci¨®n del patrimonio personal de los acreditados".
Otra de las operaciones que detalla el auto es la relacionada con el desembarco del empresario Luis Portillo en la Inmobiliaria Colonial, una ruinosa operaci¨®n financiada por la CCM. La operaci¨®n se inicia en junio de 2007 con la aprobaci¨®n de la solicitud, por parte de la sociedad patrimonial de Portillo y su mujer, de un cr¨¦dito de 60 millones para comprar acciones de Colonial. Los peritos apreciaron que el grupo Portillo recibi¨® "condiciones m¨¢s favorables a las habituales", como menores garant¨ªas para recibir los fondos. Las operaciones derivadas de ese cr¨¦dito se hicieron pr¨¢cticamente a ciegas, ya que la caja "no conoce ante qui¨¦n se presenta ese aval y a qui¨¦n se est¨¢n comprando las acciones". Tampoco se valora la "viabilidad y finalidad del proyecto".
La actuaci¨®n de Ortega y Hern¨¢ndez Molt¨® no se qued¨® ah¨ª. Con la sociedad Naropa la caja realiz¨® "operaciones carentes de racionalidad econ¨®mica que solo beneficiaron al grupo y perjudicaron a CCM", con un agujero de "al menos 9,9 millones". La generosidad de CCM con algunas empresas tambi¨¦n toc¨® al grupo L¨¢baro con un pr¨¦stamo de 50 millones para financiar una compra de acciones de la sociedad de Domingo D¨ªaz de Mera, otro empresario del ladrillo de Ciudad Real. Los peritos concluyeron que la operaci¨®n supon¨ªa valorar la firma en 200 millones "de forma injustificada".
La caja tambi¨¦n adquiri¨® acciones de la empresa T-Solar por 41 millones de euros pagando un sobreprecio al vendedor "por el simple hecho de que en el guruo existiteran ampliaciones de capital", algo que, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, "en s¨ª mismo no justifica ese pago".
Estas operaciones, que el juez califica de "singulares", se hac¨ªan "sin observar las reglas de la pr¨¢xis habitual bancaria y de la propia normativa interna de la entidad, lo que se tradujo en un trato de favor hacia la parte deudora en la pr¨¢ctica totalidad de los casos".
Cuentas falseadas
Otra de las conductas fraudulentas que el juez aprecia en los exdirectivos tiene que ver con las cuentas de la caja del a?o 2008, formuladas por Ortega por orden de Hern¨¢ndez Molt¨® y falseadas para "presentar beneficios". Seg¨²n el auto, ambos eran conscientes de que la entidad en realidad "hab¨ªa incurrido en p¨¦rdidas". Esas cuentas fueron publicadas por la Confederaci¨®n de Cajas de Ahorros (CECA), "sin los ajustes exigidos por el Banco de Espa?a".
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