El Supremo duda que la fiscalidad de las ¡®stock options¡¯ sea constitucional
Plantea una cuesti¨®n sobre una Ley de 2011 que fij¨® la retroactividad m¨¢xima a las opciones sobre acciones
El Tribunal Supremo ha planteado una cuesti¨®n de constitucionalidad contra una Ley del a?o 2011 que impuso la retroactividad m¨¢xima a la tributaci¨®n de las stocks options (opciones sobre acciones) en el IRPF del trabajador para los periodos posteriores al 4 de agosto de 2004.
La Sala Tercera del Tribunal Supremos se?ala en su auto que dicha disposici¨®n legal puede entrar en contradicci¨®n con el principio de seguridad jur¨ªdica proclamado en el art¨ªculo 9.3 de la Constituci¨®n.
Es decir, la norma considera "que la exigencia de requisitos restrictivos no contenidos en la ley con car¨¢cter retroactivo desde el 4 de agosto de 2004, no resulta conforme con el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, toda vez que la Ley no puede, elevando el rango de las normas tributarias anteriores nulas, con efectos retroactivos, subsanar y convalidar los actos de aplicaci¨®n de aquellas que por derivaci¨®n son nulos".
En concreto el Supremo cuestiona la disposici¨®n 49.1 de la Ley de Econom¨ªa Sostenible de 2011, que modific¨® la ley del IRPF de 2006 estableciendo condiciones para aplicar la reducci¨®n del 40% de la renta objeto de tributaci¨®n en el caso de la fiscalidad de las stocks options que preve¨ªa esa misma Ley.
El alto tribunal considera que para resolver el recurso de una mujer que cobr¨® y tribut¨® por stock options de su empresa en 2007, el Constitucional debe decidir primero si fue constitucional regular por ley en 2011, con retroactividad m¨¢xima (aplicable desde 2004), esas tributaciones.
Asimismo, el Supremo subraya que la Ley cuestionada dio cobertura legal a lo establecido en normas reglamentarias anteriores que hab¨ªan sido anuladas por el propio Tribunal Supremo.
El auto refleja el voto particular de uno de los siete magistrados del tribunal, que era partidario de no plantear la cuesti¨®n de inconstitucionalidad
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