El Gobierno lanza el rescate de las autopistas con una quita del 50%

El Gobierno ha presentado en la ma?ana de este viernes ante el juez su propuesta para rescatar a las autopistas de peaje en quiebra. El plan incluye una quita del 50% sobre la deuda que arrastran las concesiones, cuyo volumen asciende a 3.600 millones de euros, y pagar las cantidades que queden pendientes a 30 a?os, seg¨²n han informado en fuentes del Ejecutivo. En caso de salir adelante, ser¨¢ el Ministerio de Fomento quien asumir¨¢ la gesti¨®n de las nueve autopistas hundidas por el desplome del tr¨¢fico y el sobrecoste de las expropiaciones.

La propuesta es la misma que estaba sobre la mesa desde principios de a?o a instancias de Hacienda y que, seg¨²n fuentes cercanas al Gobierno, cuenta con el visto bueno de Bruselas. Sin embargo, el departamento que dirige Ana Pastor no la ha presentado hasta que han entrado en vigor los sucesivos cambios adoptados en la ley concursal y que favorecen los intereses del Estado en el contencioso. En particular, el recorte de las mayor¨ªas necesarias para imponer los acuerdos a los acreedores rebeldes y la posibilidad de unificar todos los concursos en una sola causa.

El Gobierno, en cualquier caso, ha esperado hasta el ¨²ltimo momento para realizar su propuesta, en parte por la t¨¦cnica de ganar por agotamiento, seg¨²n denuncian en fuentes de la otra parte de la mesa de negociaci¨®n. Este mes cumpl¨ªan los plazos administrativos para la resoluci¨®n de los concursos de la AP 36, que lleva ya tres aplazamientos, y de Accesos de Madrid, propietaria de la R3 y la R5.

Tras el movimiento de Fomento, ahora se abre un plazo de un mes para que las partes hagan una propuesta consensuada de convenio ante el juez. El magistrado la aceptar¨¢ si el plan cuenta con el visto bueno del Gobierno. En este proceso, las modificaciones legales en la ley concursal permiten ahora al Ejecutivo y a los bancos espa?oles superar las reticencias de la banca extranjera a la quita, contraria a la quita.

Este ¨²ltimo grupo de entidades lleva defendiendo desde el principio de las negociaciones su derecho a cobrar lo que se conoce como Responsabilidad Patrimonial Administrativa. Esta estipula que la deuda de las concesiones, en caso de liquidaci¨®n, pase a ser responsabilidad del Estado. El Gobierno, sin embargo, se ha resistido a que el rescate, tal y como reiter¨® este mismo mi¨¦rcoles la ministra de Fomento, Ana Pastor, ¡°cueste un duro a los contribuyentes¡± tras el alto nivel de contestaci¨®n social que han provocado las ayudas a la banca en contraprestaci¨®n a los recortes. Tampoco quer¨ªan poner en riesgo los objetivos de d¨¦ficit por las radiales.

Recurso ante Bruselas

Tras el rumbo que han tomado los acontecimientos, las entidades extranjeras contemplan recurrir a Bruselas para exigir la aplicaci¨®n retroactiva de la ley concursal. La anterior legislaci¨®n les hubiera permitido ejecutar sus garant¨ªas de acreedor privilegiado en lugar de verse obligados a asumir un convenio durante un m¨ªnimo de cinco a?os que no les convence. A este respecto, conf¨ªan en que sea la Comisi¨®n la que abra un proceso contra Espa?a por conculcar derechos adquiridos.

Seg¨²n los planes del Ejecutivo, la idea es pagar a los acreedores con los ingresos que vayan generando los peajes durante estos 30 a?os. Para la negociaci¨®n con la banca han dejado abierto el inter¨¦s que devengar¨¢ esta deuda, que podr¨ªa estar entre el 1% y el 2% al que aspiran las entidades.

Entre las empresas que construyeron las autopistas y montaron las concesiones est¨¢n Abertis, ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr, Acciona, Azvi, Isolux o Comsa. Las infraestructuras fueron financiadas por un grupo de bancos entre los que destacan Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankia y que ahora aceptan cobrar en 30 a?os.