Fomento deja en el aire pagos de 982 millones a Abertis por la AP-7

Las compensaciones que el Gobierno acord¨® pagar a Acesa, la principal filial de Abertis, por la posible ca¨ªda de tr¨¢fico en sus autopistas est¨¢n en el aire. A petici¨®n del Ministerio de Fomento, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen con el que cambia de criterio y pone en tela de juicio el pago de 982 millones de euros a la compa?¨ªa por las ca¨ªdas de tr¨¢fico registradas en la autopista AP-7 (La Jonquera¨CSalou). La batalla legal est¨¢ servida.

Deloitte, auditor de Abertis, ha incluido un p¨¢rrafo de ¨¦nfasis en el informe sobre las cuentas del grupo de infraestructuras de 2014. Se?ala que Abertis mantiene contabilizados 1.670 millones a cobrar del Estado en compensaciones a Acesa, pero advierte de que ¡°durante el presente ejercicio se han puesto de manifiesto divergencias de criterio por parte de la Administraci¨®n en relaci¨®n con el m¨¦todo de c¨¢lculo del mismo que afectan a 982 millones de euros¡±. Abertis considera que ¡°dicho convenio sigue siendo plenamente v¨¢lido y que la metodolog¨ªa aplicada para el c¨¢lculo del saldo de compensaci¨®n se ajusta al mismo¡±.

Acesa tiene las concesiones de la AP-7 La Jonquera¨CSalou; AP-2 Zaragoza¨CMediterr¨¢neo, y AP-2 Molins de Rei-El Papiol. El Real Decreto 457/2006?aprob¨® un convenio entre el Estado y Acesa para modificar algunos t¨¦rminos de la concesi¨®n, siendo ministra de Fomento Magdalena ?lvarez. Se aprob¨® la construcci¨®n en la AP-7 de un carril adicional en varios tramos, la implantaci¨®n de un sistema de peaje cerrado y ciertas gratuidades y descuentos, as¨ª como la renuncia por parte de Acesa al derecho a reclamar indemnizaciones por el efecto sobre el tr¨¢fico del desdoblamiento de la N-II y la CN-340.

El acuerdo establec¨ªa que la diferencia de ingresos por la diferencia entre el tr¨¢fico real y el fijado en el propio Real Decreto hasta el t¨¦rmino de la concesi¨®n, se a?adir¨ªa en negativo o en positivo en la cuenta de compensaci¨®n a las inversiones realizadas. Con dicha cuenta, a liquidar al t¨¦rmino de la concesi¨®n, la Administraci¨®n asum¨ªa el riesgo de tr¨¢fico si no superaba ciertos l¨ªmites. A cierre de 2014, la compensaci¨®n est¨¢ cifrada en 1.670 millones, de los que 688 corresponden a las inversiones realizadas por Acesa y 982 millones, al tr¨¢fico garantizado.

Ese acuerdo recibi¨® en 2006 el visto bueno de Fomento y Hacienda y fue considerado legal por el Consejo de Estado. La Administraci¨®n y la empresa lo fueron aplicando sin conflicto los primeros a?os. En 2012, al revisar las cuentas de 2011, el Gobierno puso en duda que se debiera compensar por ca¨ªdas del tr¨¢fico que se deb¨ªan a la crisis econ¨®mica, y no al desdoblamiento de v¨ªas.

La Abogac¨ªa del Estado emiti¨® un informe, a petici¨®n de Fomento, en el que se?alaba que no proced¨ªa ¡°revisar de oficio la f¨®rmula de compensaci¨®n (...) por tratarse de una modificaci¨®n contractual v¨¢lida (...) y por haber transcurrido el plazo de caducidad de cuatro a?os para declararla lesiva para el inter¨¦s p¨²blico¡±. Adem¨¢s, que tampoco proced¨ªa modificarlo acogi¨¦ndose al cambio de circunstancias, porque ¡°la disminuci¨®n de tr¨¢fico no es una circunstancia radicalmente imprevisible, pues lo propio de este factor es su fluctuaci¨®n u oscilaci¨®n y m¨¢s en un periodo tan dilatado como el de 16 a?os¡±.

El Consejo de Estado cambia de criterio

Pero antes de la formulaci¨®n de las cuentas de 2014, Fomento ha comunicado a Acesa que hay un nuevo dictamen al Consejo de Estado que contradice al de 2006 que cuestiona todo el sistema de compensaciones con variados argumentos. Justifica jur¨ªdicamente su cambio de criterio en que la novaci¨®n modificativa de un contrato no permite transferir el riesgo de tr¨¢fico, que los pr¨¦stamos participativos regulados con posterioridad dejaron sin efecto las previsiones de garant¨ªa de tr¨¢fico establecidas en el convenio y que la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero sobre adjudicaci¨®n de concesiones exige que el concesionario asuma el riesgo de demanda.

As¨ª, el Consejo de Estado concluye que Acesa que no tiene reconocido un derecho consolidado sobre los saldos anuales de compensaci¨®n y que el sistema de compensaciones establecido en el convenio no ampara eventuales compensaciones por disminuciones del tr¨¢fico de la autopista distintas de las generadas por un eventual desdoblamiento de la N-II y la CN-340 (hecho que en opini¨®n del Consejo de Estado no se ha producido) y que excedan el m¨¢ximo de las inversiones efectuadas.

Abertis ha contraatacado con dict¨¢menes de abogados del Estado, de letrados del Consejo de Estado y de las Cortes, de abogados de Clifford Chance, Cuatrecasas, Iuris, P¨¦rez Llorca y Ur¨ªa Men¨¦ndez, de auditores y expertos contables (PwC, Deloitte, G¨®mez Acebo & Pombo), adem¨¢s de los de sus propios juristas (incluidos sus abogados del estado Ricard Fornesa, M¨®nica L¨®pez-Mon¨ªs y Josep Mar¨ªa Coronas.

Esos informes coinciden en que que el Real Decreto 457/2006 reconoce expresamente que dio lugar a una ¡°nueva configuraci¨®n de la concesi¨®n¡± basada en la garant¨ªa del tr¨¢fico y algunos subrayan que la Directiva de 2014 no ha sido todav¨ªa transpuesta al Derecho interno espa?ol y adem¨¢s no admite expresamente su aplicaci¨®n retroactiva.

El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante. "El Ministerio se ha limitado a informar a Acesade la existencia del mismo, sin que hasta la fecha se haya pronunciado sobre la decisi¨®n que tomar¨¢ al respecto", explica el grupo que dirige Francisco Reyn¨¦s. Abertis y Acesa se?alan que ¡°procurar¨¢n llegar a una soluci¨®n con la Administraci¨®n que proteja sus intereses y los de sus accionistas, y, si no fuera posible, los defender¨¢n como proceda ante los Tribunales de Justicia¡±.

Reclamaci¨®n por Aumar

El potencial contencioso por las compensaciones a Acesa se suma a otro pleito anterior que sigue pendiente. La filial Aumar solicit¨® compensaciones por la construcci¨®n de v¨ªas paralelas a la AP7/AP4. Aumar reclam¨® medidas para "compensar de modo ¨ªntegro los perjuicios sufridos por p¨¦rdida de tr¨¢fico e ingresos" y, subsidiariamente, "una indemnizaci¨®n de los da?os y perjuicios causados por el incumplimiento contractual".

Esos da?os y perjuicios se valoraron en la solicitud inicial para el per¨ªodo 2002-2010 en 187 millones de euros. El 10 de diciembre de 2014 la solicitud fue actualizada valor¨¢ndose los da?os y perjuicios para el per¨ªodo 2002-2013 en 444 millones de euros. A eso deber¨ªa a?adirse el importe por las p¨¦rdidas de ingresos desde 2014 hasta el fin de la concesi¨®n en 2019, tambi¨¦n reclamado y pendiente de cuantificaci¨®n.

La solicitud de Aumar fue desestimada inicialmente por el Gobierno, pero el pleito sigue adelante. En noviembre pasado, Aumar recibi¨® la propuesta del Ministerio de Fomento de desestimaci¨®n de su solicitud. La compa?¨ªa ha presentado alegaciones (se?alando que se ha producido un da?o por una actuaci¨®n de la Administraci¨®n no prevista en el momento de firmar el contrato de concesi¨®n) y est¨¢ a la espera de que el Consejo de Ministros decida. "Ante la solidez de los argumentos jur¨ªdicos sustentados, Aumary Abertis seguir¨¢n defendiendo sus intereses y los de sus accionistas como proceda y, si es el caso, acudiendo a los Tribunales de Justicia", dice la empresa en su informe anual.?