M¨¢s de 13.500 pisos sociales vac¨ªos en un pa¨ªs con 330.000 demandantes
Las plataformas antidesahucios piden que esos inmuebles se destinen a alquileres sociales porque est¨¢n fuera del alcance de los solicitantes
El ¨²ltimo informe de la Defensora del Pueblo cifra en 13.500 las viviendas de protecci¨®n oficial que se encuentran vac¨ªas. Y la estimaci¨®n se queda muy corta porque no todas las comunidades le remitieron los datos. La cifra choca con los 330.000 demandantes de pisos inscritos en los registros municipales y auton¨®micos. Las plataformas antidesahucios piden que esos inmuebles se destinen a alquileres sociales porque a su juicio est¨¢n fuera del alcance de los solicitantes. En doce provincias el precio de las viviendas protegidas es m¨¢s caro que el de los pisos de segunda mano de mercado libre.
Fomento anunci¨® en 2013 un registro estatal de VPO vac¨ªas que no existe todav¨ªa
El inmueble n¨²mero 2 de la calle de Sant Eloi de Barcelona destaca sobre el resto por el colorido de su fachada y la mara?a de escaleras traseras, pero tambi¨¦n porque algunas de sus ventanas est¨¢n tapiadas con ladrillos. Los vecinos de la finca, propiedad de la Generalitat, cuentan que llevan meses cerradas. El edificio deb¨ªa ser una promoci¨®n de 32 viviendas de protecci¨®n oficial (VPO) para j¨®venes, pero desde que sali¨® al mercado en 2011 los pisos han sido ocupados ilegalmente en multitud de ocasiones. Un grupo de alba?iles trabaja ahora a destajo para reparar las viviendas, que ser¨¢n alquiladas.
En la misma situaci¨®n que el inmueble de la Zona Franca barcelonesa se encuentran miles de viviendas en Espa?a. Ninguna Administraci¨®n sabe cu¨¢ntas exactamente porque est¨¢n en manos de autonom¨ªas, ayuntamientos, promotores privados y bancos. Solo la Defensora del Pueblo ha realizado esa aproximaci¨®n en su ¨²ltimo informe, que cuenta 13.500. El organismo ha vuelto a requerir a las Administraciones para actualizar sus datos.
Registro estatal
El Ministerio de Fomento anunci¨® en 2013 un registro estatal de VPO vac¨ªas. Fuentes del departamento que dirige Ana Pastor afirman que ¡°se sigue trabajando¡± para crearlo con las aportaciones de las comunidades, encargadas de ese ¡°seguimiento¡±. Entretanto, m¨¢s de 330.000 demandantes aguardan en los registros municipales o auton¨®micos por una vivienda social.
El Gobierno vasco asegur¨® a la Defensora que no contaba con VPO desocupadas y aleg¨® que ten¨ªa viviendas ¡°coyunturalmente vac¨ªas¡±. Pero solo la ciudad de Vitoria tiene hoy 423 pisos desocupados, seg¨²n la comunidad. El Ejecutivo ha reducido en dos a?os los pisos sin residentes desde los 703 con ¡°medidas de flexibilizaci¨®n¡±, como el alquiler con opci¨®n a compra o la venta directa, pero a¨²n hay edificios p¨²blicos nuevos vac¨ªos.
La VPO en Espa?a
Las comunidades y ayuntamientos informaron de cerca de 13.500 viviendas vac¨ªas en 2013 a la Defensora del Pueblo. La mayor¨ªa en Catalu?a (3.264), Castilla-La Mancha (2.644) y Madrid (1.890).
Hay 12 provincias en las que la VPO es m¨¢s cara que la libre de segunda mano: Ja¨¦n, Cuenca, Lugo, Lleida, Ciudad Real, Badajoz, C¨®rdoba, Huesca, Orense, Palencia, Teruel y Zamora.
En otras nueve provincias la diferencia es inferior al 10%: Soria, ?vila, Castell¨®n, Valencia, Le¨®n, Granada, Almer¨ªa, Albacete y C¨¢ceres.
La plataforma Stop Desahucios de ?lava reclama que esas viviendas pasen a r¨¦gimen de alquiler social. Su portavoz, Carmen Crespo, explica que en los a?os de bonanza se construyeron nuevos barrios en la ciudad con un alto porcentaje de VPO. Las reservas de suelo para vivienda social en el Pa¨ªs Vasco, de hecho, llegaban al 70% de los nuevos desarrollos. ¡°Empez¨® la crisis y muchas familias no pudieron acceder a los pisos¡±, explica Crespo.
Ese patr¨®n se ha reproducido en decenas de ciudades. Las necesidades de vivienda llevaron a planificar bloques de VPO de compra. Miles de estas se terminaron cuando arranc¨® la crisis. Pese a los sorteos multitudinarios, los promotores vieron una cascada de renuncias. Los compradores no llegaban con sus ahorros o eran considerados insolventes. ¡°Ha habido una falta de flexibilidad de muchas administraciones. Nada les imped¨ªa que rebajaran los precios¡±, explica Julio Rodr¨ªguez, economista y vocal del Consejo Superior de Estad¨ªstica.
Adem¨¢s, en la ¨¦poca de la burbuja el precio de la VPO tambi¨¦n subi¨®, e incluso se buscaron figuras a medio camino entre la protecci¨®n p¨²blica y el precio de mercado para las clases medias. Con la bajada brusca del valor de las casas del mercado libre, el de las VPO qued¨® desfasado. Seg¨²n Fomento, en 12 provincias ¡ªentre ellas Lleida, C¨®rdoba o Lugo¡ª hoy la vivienda protegida es m¨¢s cara que la libre de segunda mano, cuando en plena crisis era de media un 40% m¨¢s barata. En nueve provincias m¨¢s, entre ellas Valencia y Castell¨®n, el precio es apenas un 10% inferior.
Casas sobrevaloradas
La Generalitat valenciana se ha visto obligada a rebajar hasta un 24% el precio de algunas promociones. En Albaida (Valencia) siguen sin residentes 64 de las 72 VPO que el Gobierno acab¨® en 2011. La concejal socialista de la localidad Eva Tormo explica que la crisis provoc¨® que estas casas quedaran ¡°sobrevaloradas, por encima del mercado¡±. Fuentes del Ejecutivo explican que la Generalitat valenciana tiene 391 viviendas en venta. Sus precios, admiten, no permit¨ªan encontrar compradores, por lo que rebajaron precios. Y aun as¨ª, las ventas se son muy lentas.
Tener un piso vac¨ªo, adem¨¢s, tiene un coste para la Administraci¨®n. Tormo explica que algunas viviendas tuvieron que ser reformadas porque entraron a saquearlas. Y en Catalu?a, cerca de 200 pisos sociales de la Generalitat est¨¢n ocupados ilegalmente. Para impedirlo, la Administraci¨®n ha contratado servicios de seguridad: solo en Barcelona se ha gastado m¨¢s de 300.000 euros desde 2011.
Alquileres de 70 euros al mes, sin inquilinos
La opci¨®n de dar salida a los edificios vac¨ªos a trav¨¦s de alquileres sociales fue la opci¨®n por por la que se decant¨® la Junta de Andaluc¨ªa. ¡°Pusimos en r¨¦gimen en alquiler las viviendas de la Junta y pedimos a ayuntamientos y diputaciones que hicieran lo mismo con las suyas. Muchos miraron a otro lado¡±, lamenta la diputada de Izquierda Unida y exconsejera de Fomento Elena Cort¨¦s.
Tambi¨¦n hizo lo mismo el Gobierno catal¨¢n en 2011, cuando pas¨® todas las viviendas que ten¨ªa a r¨¦gimen de alquiler. El secretario de Vivienda de la Generalitat, Carles Sala, explica que el Ejecutivo ha ido reduciendo el parque p¨²blico vac¨ªo hasta dejarlo en 980 pisos. ¡°El problema es que se construy¨® vivienda protegida en zonas en las que apenas hab¨ªa demanda¡±, asegura. Sala pone el ejemplo de dos promociones de Lleida ¡ªTorre de Cabdella y Bellpuig¡ª y dos de Tarragona ¡ªTorre de l¡¯Espanyol y L¡¯Ampolla¡ª que han salido al mercado con un alquiler de 70 euros mensuales. Y aun as¨ª, se comercializan muy lentamente.
¡°Es un desprop¨®sito que el Estado s¨ª sepa cu¨¢ntos coches hay en Espa?a y en cambio no tenga informaci¨®n sobre un derecho b¨¢sico¡±, lamenta Cort¨¦s, quien al frente de la consejer¨ªa de Fomento de Andaluc¨ªa impuso multas de 20 millones a varias entidades por negarse a informar sobre las VPO vac¨ªas que ten¨ªan en sus manos.
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