Empleo nunca eval¨²a la formaci¨®n en empresas aunque la ley le obliga

El Tribunal de Cuentas acaba de fiscalizar por primera vez uno de los ¨¢ngulos de la formaci¨®n a trabajadores, la que contratan directamente las empresas para sus empleados con cargo a la Seguridad Social. En una dura evaluaci¨®n, denuncia que el Servicio P¨²blico de Empleo Estatal (SEPE) no ha realizado ¡°ning¨²n informe espec¨ªfico¡± para comprobar qu¨¦ impacto tiene esta formaci¨®n ¡°en el mantenimiento del empleo y en la mejora de la competitividad¡±. La evaluaci¨®n a este tipo de formaci¨®n, a la que se destinaron 571 millones de euros el a?o pasado, es una obligaci¨®n legal desde 2007.

El sistema para reclamar por irregularidades es tan lento que el Estado pierde dinero porque prescriben los casos

La llamada formaci¨®n de demanda, bonificada con cotizaciones, se puso en marcha en 2004. Su desarrollo en estos 11 a?os ha sido muy significativo. Ha pasado de 394 millones a 580. En 2012, a?o que fiscaliza el Tribunal de Cuentas, participaron casi 3,2 millones de trabajadores. En el primer informe del ¨®rgano fiscalizador, al que ha tenido acceso EL PA?S, destaca que un decreto de 2007 obliga al SEPE y a entidades de las comunidades aut¨®nomas a examinar el sistema ¡°con la periodicidad que determinen en sus respectivos ¨¢mbitos¡±, sin que eso haya ocurrido hasta la fecha.

La norma obliga a hacer otra evaluaci¨®n, un plan anual que mida ¡°calidad, impacto, eficacia y eficiencia¡± del modelo. El Tribunal de Cuentas se?ala que los ¨²nicos dos planes de evaluaci¨®n sobre la formaci¨®n bonificada en las empresas, correspondientes a 2010 y 2011, no son v¨¢lidos. Los considera ¡°una mera presentaci¨®n de resultados, bas¨¢ndose principalmente en el an¨¢lisis de la informaci¨®n estad¨ªstica (costes de formaci¨®n, participantes totales), no efectuando un an¨¢lisis del verdadero impacto que las acciones formativas desarrolladas conllevan en la mejora de la productividad y competitividad¡± que ¡°no cumplen¡± los fines legales.

El documento es preliminar y quedaba sujeto a las alegaciones de las partes afectadas. El Servicio P¨²blico de Empleo (SEPE) replica en su respuesta a este informe que los planes de evaluaci¨®n de 2010 y 2011 ¡ªlos que el Tribunal de Cuentas califica de ¡°mera presentaci¨®n de informaci¨®n estad¨ªstica¡±¡ª ¡°se encuentran en desarrollo¡± y ya se han adjudicado los de 2012 y 2013.

La llamada formaci¨®n de demanda, bonificada con cotizaciones, se puso en marcha en 2004

Tambi¨¦n se?ala el SEPE que sobre 2010, 2011 y 2012, la Fundaci¨®n Tripartita ¡ªel ¨®rgano que integra a partes iguales con empresarios y sindicatos y que colabora con ella en el dise?o y desarrollo de la formaci¨®n¡ª ha encargado un informe sobre esta actividad a empresas privadas. El Tribunal de Cuentas ya conoc¨ªa esta informaci¨®n y, de hecho, toma prestadas tres conclusiones del documento realizado por el sector privado para echar por tierra los resultados de este modelo de formaci¨®n. A saber: ¡°La formaci¨®n bonificada incide poco o nada en mejoras salariales y en ascensos. No crea empleo pero s¨ª ayuda a mantenerlo¡±; ¡°Contribuye de forma limitada a la mejora de la competitividad¡±; ¡°Se comparte la preocupaci¨®n entre los agentes sobre la falta de evaluaci¨®n del impacto¡±. Y a?ade que ¡°el SEPE no ha adoptado las medidas necesarias para acometer el an¨¢lisis de las conclusiones all¨ª recogidas¡±.

El Ministerio de Empleo tambi¨¦n responde. El grueso de sus alegaciones se basa en explicarlos cambios introducidos en la reciente reforma del sistema de formaci¨®n, aprobada definitivamente este verano.

La otra pata que falla, seg¨²n el Tribunal de Cuentas, es el control. Legalmente se debe controlar un 5% del dinero p¨²blico destinado a la formaci¨®n. En 2012, se revis¨® un 6,25% (35 millones de euros y casi 31.000 grupos de formaci¨®n). Sin embargo, casi siete de cada 10 controles no se pudieron culminar por falta de informaci¨®n o porque hubo irregularidades. El tribunal considera que ¡°a la vista del elevado grado de incumplimiento¡± que se deduce de esos controles, ¡°el porcentaje de recursos p¨²blicos sometidos legalmente a estas actuaciones de control se muestra claramente insuficiente¡±.

A este tipo de formaci¨®n, que? no recibe el seguimiento obligatorio, se destinaron 571 millones de euros en 2014

El SEPE admite en sus alegaciones que el porcentaje ¡°definido en la normativa no siempre ha resultado suficiente¡±. Este ¨²ltimo adjetivo tambi¨¦n lo utiliza el Ministerio de Empleo, que admite en su respuesta que el porcentaje ¡°no parece suficiente¡±. En el siguiente p¨¢rrafo, el departamento que dirige F¨¢tima B¨¢?ez remite al desarrollo reglamentario de la reforma de la formaci¨®n para decir que ¡°se ajustar¨¢ el volumen de actuaciones a realizar¡±.

Dinero perdido

Los controles son escasos y poco ¨¢giles, a decir del Tribunal de Cuentas. A final de cada a?o se hacen controles ex post (despu¨¦s de los cursos) que se retrasan casi dos a?os, lo que genera ¡°un riesgo de posible prescripci¨®n del derecho a exigir dichas devoluciones¡±. Los que tengan irregularidades se deben remitir a la Inspecci¨®n de Trabajo para que requiera la devoluci¨®n del dinero malgastado. ¡°El procedimiento de gesti¨®n de cobro de las bonificaciones indebidamente aplicadas resulta excesivamente lento y dilatado¡±, a?ade el tribunal. En 2012, Empleo deb¨ªa reclamar casi un mill¨®n y medio de euros por mala gesti¨®n de recursos a las empresas (1.4409.361 euros). El 43,48% de las bonificaciones a reclamar prescribieron. Es decir, se han perdido 626.236 euros.

Sobre las incidencias apreciadas en los procesos de control, el SEPE recuerda que donde m¨¢s se han detectado es en la formaci¨®n a distancia y que esta ha sido suprimida en la reforma de la formaci¨®n aprobada este verano. Tambi¨¦n apuntan este argumento en el Ministerio, aunque no figura en sus alegaciones.