C¨®mo reformar la financiaci¨®n de las comunidades: estos son los problemas que todos se?alan

?La financiaci¨®n auton¨®mica es una de las reformas m¨¢s urgentes que debe abordar el Ejecutivo que salga de las urnas el pr¨®ximo 26J. Los expertos y representantes de los principales partidos pol¨ªticos coinciden en que el actual sistema de reparto de fondos a las comunidades est¨¢ obsoleto, es complejo y provoca grandes distorsiones entre las comunidades. Las diferencias radican en el grado de redistribuci¨®n de recursos entre las autonom¨ªas, seg¨²n las principales conclusiones extra¨ªdas del congresos sobre financiaci¨®n auton¨®mica celebrado hace unas semanas en S`Agar¨®, organizado por Fedea y la Fundaci¨®n Olof Palme.

En los ¨²ltimos a?os han arreciado las propuestas presentadas por comunidades aut¨®nomas o centros de estudios vinculados de uno u otra forma a Gobiernos auton¨®micos. Para tratar de arrojar luz sobre el asunto, un grupo de economistas y representantes pol¨ªticos se reuni¨® hace unas semanas en S'Agar¨®. La mayor¨ªa coincidi¨® en el diagn¨®stico sobre los problemas del sistema. "Existe un amplio consenso sobre los principales problemas que presenta el actual modelo de financiaci¨®n y sobre las grandes l¨ªneas que deber¨ªan orientar una reforma que pretenda resolver tales problemas", explican desde Fedea, la fundaci¨®n de estudios de econom¨ªa aplicada, uno de los think tank m¨¢s influyentes, financiado por grandes empresas del Ibex35.

Todos los asistentes acordaron que era necesario "simplificar el sistema, reducir el nivel de desigualdad entre territorios en t¨¦rminos de financiaci¨®n por habitante ajustado, dotar a las comunidades de un mayor control sobre sus ingresos y exigirles a cambio m¨¢s responsabilidad sobre la financiaci¨®n de sus gastos y, por ¨²ltimo, crear un mecanismo que asegure que se mantiene un cierto equilibrio en el reparto vertical de recursos entre administraciones". Estas l¨ªneas maestras se extraen del consenso de que el actual sistema es opaco, complejo, y provoca injusticias entre los territorios.

Otra de las debilidades del sistema actual es la restricci¨®n a nuevas soluciones que provoca el statu quo. Por este mecanismo se entiende la situaci¨®n por la que ninguna comunidad pierde recursos tras los nuevos repartos. Los expertos coincidieron en que deber¨ªan establecerse periodos transitorios para eliminar este problema de forma gradual para que no suponga p¨¦rdidas absolutas de financiaci¨®n para ninguna comunidad.

"Otro punto sobre el que hubo un acuerdo general fue en que no es necesario cuestionar el sistema foral. Bastar¨ªa con mejorar el c¨¢lculo del cupo y la aportaci¨®n", explica el documento de Fedea. Estos cambios, insisten los expertos, deber¨ªan hacerse tambi¨¦n de forma gradual".

Las principales diferencias entre los expertos radican en el nivel de redistribuci¨®n de los recursos entre territorios: "el criterio de equidad que deber¨ªa aplicarse en el reparto de recursos entre regiones".

El documento presentado por Fedea en el C¨ªrculo de Econom¨ªa de Barcelona recalca que "una cuesti¨®n sobre la que existe una diversidad de opiniones, y que seguramente constituir¨¢ el n¨²cleo de la negociaci¨®n, tiene que ver con el grado deseable o factible de nivelaci¨®n". Y a?ade que buena parte de los participantes ser¨ªan partidarios de la igualdad total en financiaci¨®n por habitante ajustado pero algunos admiten que en la situaci¨®n pol¨ªtica actual deber¨ªa admitirse un grado moderado de desigualdad.

"Con una ¨²nica (pero muy firme) excepci¨®n, si no se puede llegar a la igualdad total, ser¨ªa deseable que las diferencias que persistan tras la aplicaci¨®n del sistema reflejen la desigualdad de origen en el reparto territorial de los recursos tributarios por habitante ajustado", remacha el documento de Fedea que recoge las opiniones de los expertos. Es decir, que casi todos los expertos defienden que se deber¨ªa respetar el principio de ordinalidad, por el cual una comunidad deber¨ªa mantener la misma posici¨®n antes del reparto que despu¨¦s de ¨¦l. No como ocurre hasta ahora, que comunidades m¨¢s pr¨®speras quedan por debajo de la media despu¨¦s del reparto del sistema de financiaci¨®n.

Otro de los puntos de desacuerdo entre expertos y pol¨ªticos es el grado de autonom¨ªa tributaria que deber¨ªan tener las comunidades. "No hay acuerdo sobre la mejor forma de dar a las comunidades aut¨®nomas un mayor control sobre sus ingresos o de exigirles una mayor responsabilidad fiscal". Tres propuestas destacan sobre el resto: la cesi¨®n de capacidad normativa colegiada sobre los tipos de gravamen de un nuevo tramo auton¨®mico del IVA y los Impuestos Especiales; la cesi¨®n del 100% del IRPF a cambio de la recuperaci¨®n para el Estado del IVA y Especiales, y la cesi¨®n de la capacidad normativa sobre los mecanismos de copago en sanidad y posiblemente en otras ¨¢reas.

Tambi¨¦n hubo diversidad de opiniones sobre el modo m¨¢s eficiente de negociar el nuevo sistema, si entre partidos en el Parlamento o entre el Gobierno y las comunidades aut¨®nomas o en la c¨¢mara alta convertida en una c¨¢mara de representaci¨®n territorial.

Mientras los expertos avanzan en el dise?o, el Gobierno ha iniciado la creaci¨®n de un grupo de expertos para que dise?en una propuesta a partir de la cual abordar la reforma que m¨¢s anhelan los presidentes auton¨®micos.

El modelo vigente fue aprobado en 2009 por el Gobierno socialista de Rodr¨ªguez Zapatero. En su dise?o participaron de forma muy activa los socialistas catalanes que en aquella ¨¦poca gestionaban la Generalitat. En sus disposiciones adicionales aquella Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas (LOFCA) establec¨ªa que deb¨ªa de ser revisada a los cuatro a?os. Seg¨²n esto, el sistema tendr¨ªa que haberse modificado en 2014. Pero las secuelas de la crisis, la falta de recursos y la cuesti¨®n catalana llevaron al Gobierno del PP a aplazarlo. Ahora que est¨¢n desapareciendo algunos de estos obst¨¢culos solo depende de la inestabilidad pol¨ªtica para abordar definitivamente una soluci¨®n.