La competencia de la econom¨ªa colaborativa

La primera batalla por la econom¨ªa colaborativa de Espa?a se ha saldado a favor de los consumidores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunci¨® el mi¨¦rcoles la anulaci¨®n del decreto de la Comunidad madrile?a que imped¨ªa que las viviendas de uso tur¨ªstico pudieran contratarse por un periodo inferior a cinco d¨ªas. La sentencia argumenta que esa disposici¨®n ¡°restringe la competencia y no est¨¢ justificada ni en la protecci¨®n al usuario tur¨ªstico ni en el combate a la opacidad fiscal¡±. Asimismo, sostiene que es contraria a la directiva comunitaria sobre mercado interior y a la Ley 17/09 relativa al libre acceso a las actividades de servicio, as¨ª como la Ley de Unidad de Mercado.

Es decir, varios argumentos que parecen definitivos para decantar la pelea a favor del recurso presentado en su momento por la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra una regulaci¨®n decretada por el Gobierno de Ignacio Gonz¨¢lez el verano de 2014 que considera ¡°restrictiva¡±, sobre todo en el l¨ªmite de los cinco d¨ªas impuesto para alquilar. A juicio del organismo que preside Jos¨¦ Mar¨ªa Mar¨ªn Quemada supon¨ªa una barrera de entrada y, sobre todo, un obst¨¢culo para la competencia.

Adem¨¢s de la CNMC, present¨® recurso la Asociaci¨®n Madrid Aloja, que no recibi¨® el apoyo del tribunal en su petici¨®n de que anulara tambi¨¦n la obligatoriedad de declarar inicio de la actividad incluyendo un plano de la vivienda, y de inscribir el inmueble en el Registro de Empresas Tur¨ªsticas. Faltan a¨²n por conocerse las sentencias a los recursos presentados por la Federaci¨®n Espa?ola de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Tur¨ªsticos (Fevitur) y la Asociaci¨®n de Gestores de Vivienda de Uso Tur¨ªstico (Asotur), que argumentaban que las restricciones suponen recortar m¨¢s del 80% del negocio, ya que la estancia media es de 3,2 d¨ªas.

Aunque la sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, para la CNMC es un triunfo sobre la presi¨®n de los grupos de inter¨¦s, en este caso del hotelero, que adem¨¢s de recibir el apoyo del Gobierno de Gonz¨¢lez tuvo la ratificaci¨®n del de Cristina Cifuentes, pese al intento de esta de revisar el decreto. Al final todo sigui¨® igual hasta esta decisi¨®n del tribunal superior.

Pero la batalla no acaba aqu¨ª. Queda por dilucidar sobre la prohibici¨®n de alquiler de apartamentos en zonas tur¨ªsticas por parte del Gobierno de Canarias. En realidad, el Ejecutivo canario impuso una serie de condiciones para alquilar que en la pr¨¢ctica supone una restricci¨®n por la imposibilidad de que se cumplan todas.

En estas decisiones se ve la mano del lobby hotelero que, a trav¨¦s de Exceltur y la Federaci¨®n de Hoteles, se ha mostrado en contra de la llamada econom¨ªa colaborativa. De esa presi¨®n se han desmarcado las cadenas hoteleras, que al contrario de aquellas consideran que pueden complementar a los hoteles e incluso se pueden realizar actividades conjuntas. Es decir, dentro mismo del sector se ha producido una especie de cisma que no se ci?e solo a este asunto.

El organismo encargado de la competencia se ha convertido en el mejor aliado

Pero quiz¨¢ el principal escollo radique en el alquiler de coches con conductor. La CNMC tambi¨¦n impugn¨® las ordenanzas de los ayuntamientos de M¨¢laga y C¨®rdoba porque, a su juicio, supone una restricci¨®n de la competencia y deja todo el poder a los taxis. La denuncia est¨¢ todav¨ªa pendiente de resoluci¨®n.

En este asunto, llueve sobre mojado e involucra directamente al Ministerio de Fomento. El departamento que dirige Ana Pastor sac¨® adelante el 18 de diciembre (es decir, estando ya en funciones) el reglamento de la Ley de Ordenaci¨®n del Transporte terrestre (ROTT) que tambi¨¦n fue recurrido ante la Audiencia Nacional por el superrregulador al considerar que era muy restrictivo con las plataformas de alquiler de veh¨ªculos con conductor y otras formas de econom¨ªa colaborativa.

Seg¨²n la CNMC, las limitaciones y exigencias (seguros, anitg¨¹edad, proporci¨®n de coches sobre un n¨²mero determinado de taxis...) no est¨¢ justificada de acuerdo a la Ley de Defensa de la Competencia. Sin embargo, la respuesa de Fomento es que no puede rectificar el texto en estos momentos al encontrarse en funciones. Cuesti¨®n esta que es chocante teniendo en cuenta que su aprobaci¨®n ya se hizo en periodo de funciones. Seg¨²n un informe elaborado por los servicios de la CNMC, el coste que supone no poner en marcha las plataformas asciende a 324 millones de euros.

En todo caso, el organismo encargado de velar por la Competencia se ha convertido en el principal aliado de la econom¨ªa colaborativa. La primera sentencia ha dado alas a los defensores, al tiempo que ha hecho reaccionar a los lobbies para frenarlo, muchos de ellos, por cierto, inscritos en el Registro de Grupos de Inter¨¦s que puso en marcha la CNMC hace unos meses. Esa labor ha recibido el respaldo espec¨ªfico de la Uni¨®n Europea que ha subrayado en su informe sobre este tema que nose pueden poner puertas al campo.