Por una nueva regulaci¨®n de la propiedad horizontal

A menudo se critica a los gobernantes, y no sin raz¨®n, porque no escuchan o no aciertan al dar respuestas a las necesidades de la realidad social. A veces ello es consecuencia de interferencias o desinter¨¦s ante otras prioridades pol¨ªticas o legislativas no siempre suficientemente justificadas. Uno de los casos con m¨¢s incidencia en aquella realidad social que alcanza a m¨¢s del 85% de los ciudadanos y que adem¨¢s evoluciona con mayor vitalidad en el d¨ªa a d¨ªa de las personas y sus familias, sus viviendas y el patrimonio inmobiliario de nuestros pueblos y ciudades es la regulaci¨®n de la propiedad horizontal.

Atender a las necesidades reiteradamente reclamadas por las comunidades en r¨¦gimen de propiedad horizontal y de los profesionales que las gestionan, los Administradores de Fincas colegiados, ser¨ªa tan simple pero tan relevante como dar respuesta a una verdadera necesidad social. En el reciente Congreso Nacional e Internacional de Administradores de Fincas celebrado en Sevilla en el mes de junio pasado, que cont¨® con la participaci¨®n de m¨¢s de 1000 profesionales de todo el mundo, se puso de relieve la inadecuada ordenaci¨®n jur¨ªdica vigente (que aunque con diversas modificaciones puntuales es del a?o 1960) y las exigencias de una nueva regulaci¨®n que permita atender a la necesidades de adaptaci¨®n t¨¦cnica y habitabilidad de los edificios, la actualizaci¨®n de sus servicios, as¨ª como a facilitar la organizaci¨®n y gesti¨®n de las comunidades de propietarios y de las relaciones vecinales.

Son de tanta envergadura las reformas precisas que ya no es suficiente abordarlas con modificaciones parciales (que m¨¢s que solucionar conflictos, a menudo generan otros) como la recientemente llevada a cabo por la Ley 8/2013, y lo que se requiere es una nueva ordenaci¨®n de esta instituci¨®n que afronte y resuelva todas las problem¨¢ticas actuales detectadas por los profesionales que diariamente se enfrentan, en el mundo real, a las dificultades vecinales y al mantenimiento de los edificios y conjuntos inmobiliarios.

El legislador catal¨¢n ha sido suficientemente l¨²cido y permeable, al menos en esta ocasi¨®n, como para comprender la trascendencia de la situaci¨®n y la necesidad de atender la demanda social acreditada, aprobando por unanimidad y tras una largo proceso de redacci¨®n, la Ley 5/2015 de modificaciones al Libro V del C¨®digo Civil de Catalu?a. La valoraci¨®n del sector social y profesional ha sido esta vez enormemente positiva, como no pod¨ªa ser de otro modo cuando la ordenaci¨®n no se ha elaborado a espaldas de las exigencias de la realidad.

Efectivamente se insiste desde el mundo de la pol¨ªtica en la necesidad de potenciar la eficiencia energ¨¦tica y la rehabilitaci¨®n de los inmuebles y de sus servicios, pero no se dota al mundo pr¨¢ctico de una regulaci¨®n moderna, sencilla y rigurosa que facilite la celebraci¨®n de las juntas de propietarios, la adopci¨®n y ejecuci¨®n de los acuerdos en las comunidades y una gesti¨®n ¨¢gil, eficaz y trasparente, aprovechando adem¨¢s el uso de las nuevas tecnolog¨ªas.

Las responsabilidades y obligaciones de los propietarios respecto a su comunidad y el uso de las instalaciones y servicios del inmueble deben estar m¨¢s claramente definidas, se ha de facilitar a la comunidad el cobro de todos los gastos que corresponde asumir a los copropietarios, evitando que quede desatendida por impagos a causa tantas e interminables ejecuciones hipotecarias.

Tambi¨¦n la convivencia propicia muchas veces conflictividad cuya ra¨ªz puede ser muy diversa y dif¨ªcil de solventar entre los comuneros, a veces de origen muy diverso, pero al mismo tiempo podr¨ªa ser una oportunidad para potenciar decididamente los medios alternativos para la soluci¨®n de conflictos como la mediaci¨®n y el arbitraje, evit¨¢ndose procesos judiciales. Es figura imprescindible para unos y para otros la del profesional Administrador de Fincas colegiado, como ya se ha puesto de manifiesto en incontables ocasiones, si se pretende aplicar con ¨¦xito la extensa y compleja normativa t¨¦cnica y jur¨ªdica que afecta a los inmuebles, a sus servicios y a la armon¨ªa de quienes en ellos residen.

Desatender esta realidad no har¨ªa otra cosa que perjudicar a los ciudadanos y a sus familias, al n¨²cleo de la sociedad y a su principal preocupaci¨®n que es su residencia, seguridad e intimidad. La sociedad civil merece por lo tanto ser escuchada y cuando la demanda resulta tan clara y las propuestas tan concretas, al buen gobernante le corresponde atenderlas; aqu¨ª tiene una oportunidad para hacerlo.

Enrique Vendrell Santiveri es Presidente del CAF de Barcelona-L¨¦rida y Vicepresidente Primero del Consejo General de AA.FF de Espa?a.