La justicia frena el plan de Empleo que usa agencias privadas para recolocar parados

La colaboraci¨®n con agencias privadas para recolocar parados encuentra un obst¨¢culo tras otro. Esta vez el servicio p¨²blico de empleo vasco ha conseguido tumbar en su territorio el concurso de agencias de colocaci¨®n que el Ministerio de Empleo adjudic¨® en 2015. Una sentencia del contencioso-administrativo anula exclusivamente en el Pa¨ªs Vasco la contrataci¨®n de estas agencias debido a la invasi¨®n de competencias. El fallo permite que Catalu?a y Andaluc¨ªa recurran el concurso. Y otras comunidades est¨¢n valorando el dictamen para sumarse. Una vez m¨¢s, la implantaci¨®n de este sistema se complica.

El Ministerio de Empleo realiz¨® en 2015 un concurso para contratar empresas privadas de recolocaci¨®n de parados en todo el territorio nacional. Aunque el empleo es una competencia auton¨®mica, el Ministerio que encabeza F¨¢tima B¨¢?ez lo justific¨® en la necesidad de promover la movilidad de los parados entre regiones. El importe del concurso ascend¨ªa en su conjunto a los 41 millones de euros en dos a?os, y las empresas ganadoras fueron cuatro grandes del sector: Adecco, Manpower, Eulen y una entidad dependiente de los salesianos.

Sin embargo, esta convocatoria del Estado central irrit¨® al servicio p¨²blico de empleo vasco, Lanbide. El Gobierno Vasco interpret¨® que se estaban invadiendo sus competencias y enseguida recurri¨® el concurso ante el Juzgado central de lo contencioso-administrativo. Como medida cautelar, este ¨®rgano detuvo el proceso en el Pa¨ªs Vasco. Y ahora ha remitido a las partes su sentencia, a la que ha tenido acceso este diario. En ella se estima la demanda de Lanbide y se declara nula la contrataci¨®n de estas empresas en territorio vasco. El Ministerio argumentaba que pon¨ªa el dinero y que trataba de fomentar la movilidad geogr¨¢fica de los parados. Sin embargo, se ha impuesto la doctrina que esgrim¨ªa la comunidad vasca de que era una invasi¨®n directa de sus competencias.

Aunque la sentencia es recurrible ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, el dictamen abre la puerta a que Catalu?a y Andaluc¨ªa tambi¨¦n impugnen esta adjudicaci¨®n. La primera siempre se ha opuesto a los planes de Empleo por una cuesti¨®n de competencias en medio del ¨®rdago nacionalista. La segunda regi¨®n argumenta, adem¨¢s, que existe ¡°una alta carga ideol¨®gica¡± en los planes del Ministerio.

Seg¨²n apuntan fuentes de la Consejer¨ªa de Empleo de la Junta de Andaluc¨ªa, el Ejecutivo del PP est¨¢ reduciendo los fondos que destina a la modernizaci¨®n de los servicios p¨²blicos para trasladarlos a la iniciativa privada. ¡°En 2016 solo dedicaron 12 millones a mejorar las oficinas de empleo en Andaluc¨ªa. En total, para el conjunto del Estado ¨²nicamente se destinaron 50 millones, casi el mismo presupuesto que se ha usado para estos lotes contratados con empresas privadas¡±, afirman.

Aconsejado por su gabinete jur¨ªdico, el gobierno andaluz hab¨ªa esperado a que se materializasen las acciones de recolocaci¨®n para tratar de impugnarlas. Pero ahora esta sentencia dar¨¢ alas a sus pretensiones. Y no ser¨¢n las ¨²nicas que se muestren beligerantes.

La resistencia se extiende

Pa¨ªs Vasco, Catalu?a y Andaluc¨ªa ya hab¨ªan rehusado suscribir el acuerdo marco que permit¨ªa el uso de agencias privadas. Pero en estos momentos otras comunidades est¨¢n valorando este dictamen y sus consecuencias. Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Arag¨®n hab¨ªan firmado dicho acuerdo en 2013, cuando todav¨ªa ten¨ªan ejecutivos del PP. Pero el cambio de gobierno en estas autonom¨ªas ha provocado que renuncien a este compromiso.

Por ejemplo, fuentes de la comunidad valenciana trasladan que est¨¢n estudiando el alcance de esta sentencia. Se quejan de que el Gobierno central est¨¢ ya trabajando con las agencias privadas en su regi¨®n sin coordinarse ni informar al gobierno auton¨®mico. Y podr¨ªan aprovechar el dictamen para frenar las acciones del Ministerio de Empleo. En Castilla-La Mancha sostienen que esta sentencia confirma que el servicio central de empleo nunca debi¨® meterse a contratar directamente, y est¨¢n analizando c¨®mo actuar en torno a esta sentencia.

En definitiva, el plan de Empleo para desarrollar la colocaci¨®n p¨²blico-privada se est¨¢ frenando por la estructura competencial y las pugnas partidistas. Entre 2013 y 2015, el sistema ya se empantan¨® porque inicialmente ganaron el primer concurso un grupo de empresas peque?as en principio poco capacitadas, lo que provoc¨® el boicot de las grandes.

El Ministerio defiende que se trata de un sistema implantado con ¨¦xito en todos los pa¨ªses de la OCDE salvo Espa?a. Y subraya que los resultados obtenidos hasta ahora se antojan muy esperanzadores, con una tasa de recolocaci¨®n del entorno del 10%, que casi triplica la habitual de los servicios p¨²blicos de empleo auton¨®micos. Adem¨¢s, insiste en que, seg¨²n el art¨ªculo 13 de la Ley de Empleo, la competencia radica en los servicios centrales cuando las acciones son de ¨¢mbito estatal y afectan a la movilidad geogr¨¢fica. As¨ª que se aferrar¨¢n a esta l¨ªnea para recurrir ante la Audiencia Nacional, normalmente m¨¢s sensible a sus argumentaciones.