Hacienda reclama 60 millones por las deslocalizaciones de Sony, Yamaha y Sharp

La marcha de Catalu?a de Sony, Sharp y Yamaha ha dejado tras de s¨ª un millonario legado de reclamaciones fiscales a las empresas espa?olas que compraron las f¨¢bricas de las multinacionales japonesas en los ejercicios 2011 y 2012. La Agencia Tributaria estatal (AEAT) exige 49,7 millones de euros ¡ªentre principal e intereses de demora¡ª a Ficosa, Cirsa y el Grupo Ses¨¦ por el impuesto de sociedades no pagados por los beneficios que lograron al quedarse por solo un euro unos activos millonarios. Mientras, la Agencia Catalana reclama 10,8 millones por el impuesto auton¨®mico de transmisiones patrimoniales y actos jur¨ªdicos documentados.

Los tres casos son casi calcados, ya que fue la misma consultora ¡ªAlta Partners¡ª la que dise?¨® las operaciones. Estas consistieron en la creaci¨®n de una sociedad por las multinacionales japonesas, a las que estas transfirieron las plantas como unidades productivas, con un valor conjunto de m¨¢s de 230 millones. Posteriormente, estas filiales fueron vendidas por un precio simb¨®lico.

Las operaciones contaron con el apoyo de la Generalitat de Catalu?a y satisfac¨ªan a todas las partes. Por un lado, se salvaron cerca de la mitad de los casi 2.000 empleos directos en riesgo. A las multinacionales japonesas les sal¨ªa m¨¢s barato regalar las f¨¢bricas que afrontar los costes de su cierre. Y los compradores obten¨ªan casi gratis unos activos muy valiosos.

La mayor operaci¨®n fue la de Sony, en cuya f¨¢brica en Viladecavalls trabajaban un millar de personas. Sony capitaliz¨® la nueva filial con 80 millones y posteriormente le transfiri¨® la f¨¢brica, valorada en 84 millones m¨¢s. Al comprar la sociedad por un euro, en enero de 2011, Ficosa logr¨® unos beneficios de 136,4 millones de euros, seg¨²n consta en sus cuentas del ejercicio. La AEAT le reclama ahora m¨¢s de 32 millones de euros.

Yamaha, por su parte, vendi¨® por el mismo precio al Grupo Ses¨¦ su planta en Palau de Plegamans, valorada en 39,1 millones. Y Sharp hizo lo propio con Cirsa con sus instalaciones en Sant Cugat del Vall¨¨s. En este caso, a los 20 millones de activos ¡ªterreno y construcciones¡ª, la empresa electr¨®nica a?adi¨® 10 millones en tesorer¨ªa. La AEAT exige ahora 9,6 millones al Grupo Ses¨¦ y 8,1 a Cirsa. En todos los casos las actas han sido firmadas en disconformidad, por lo que se abre un proceso que se augura largo y que puede llegar hasta los tribunales de lo contencioso-administrativo. Las empresas compradoras consideran que no deben hacer frente al impuesto al tratarse de procesos de reestructuraci¨®n industrial y que se limitaron a comprar unas acciones de las que por ahora no han obtenido beneficios.

En el caso de la Agencia Tributaria Catalana, las reclamaciones se centran en los impuestos auton¨®micos, que gravan la transmisi¨®n patrimonial y los actos jur¨ªdicos. En este caso, las reclamaciones ascienden a 6,8 millones de euros a Ficosa; 2,2 millones a al Grupo Ses¨¦ y 1,8 millones a Cirsa. De nuevo, las compradoras alegan que la normativa aplicable exime del pago del impuesto en procesos de reestructuraci¨®n industrial, mientras la Agencia considera que se trata de transmisiones patrimoniales onerosas (TPO).

Los tres casos han sido recurridos ante el Tribunal Econ¨®mico y Administrativo Regional de Catalu?a (TEARC), ¨²ltima instancia administrativa y tras la que existe, en caso de fallo contrario a las empresas, la posibilidad de recurrir por v¨ªa contencioso-administrativa.

Si entonces la decisi¨®n de los tribunales fuera favorable a las Agencias Tributarias ¡ªpara lo que pueden transcurrir a¨²n dos o tres a?os m¨¢s, seg¨²n las fuentes consultadas¡ª, el caso podr¨ªa vivir una nueva etapa de reclamaciones en los tribunales para ver qui¨¦n se hace cargo finalmente de los impuestos.

Los tres acuerdos firmados en 2011 y 2012 incluyen una cl¨¢usula que establece que las posibles ¡°contingencias fiscales¡± derivadas de las compraventas deber¨¢n ser asumidas por la parte vendedora. Esto, seg¨²n los compradores, significa que ser¨¢n las multinacionales japonesas las que asumir¨¢n el pago de los 60 millones. Las fuentes consultadas entre los vendedores, sin embargo, discrepan de esta interpretaci¨®n de la cl¨¢usula.

La deslocalizaci¨®n de Sony, Sharp y Yamaha ha estado en el centro de uno de los casos de corrupci¨®n m¨¢s importantes en Catalu?a en los ¨²ltimos a?os, el llamado caso ITV, que ha supuesto el final de la carrera pol¨ªtica de Oriol Pujol. La instrucci¨®n del caso, ya terminada pero a¨²n pendiente de juicio, concluye que las operaciones fueron aprovechadas por algunos de los implicados para lucrarse ilegalmente en una mara?a de favores pol¨ªticos, comisiones opacas y fraude fiscal.

Los principales acusados son, adem¨¢s de Oriol Pujol ¡ªpara el que el fiscal pide cinco a?os de c¨¢rcel por los delitos de cohecho, falsedad y tr¨¢fico de influencias¡ª, su esposa, Anna Vidal; y el socio de Alta Partners, Sergi Alsina. Pedro Navarrete, expresidente de Sony Espa?a, es el ¨²nico acusado entre las seis empresas que participaron en las operaciones.

La compraventa de la f¨¢brica de Sharp tambi¨¦n se ha visto salpicada con otro caso de corrupci¨®n, en este caso el que investiga la financiaci¨®n ilegal de Converg¨¨ncia (CDC, hoy PDECat). EL PA?S revel¨® el pasado domingo que Cirsa don¨® 900.000 euros al partido tras comprar la planta, cifra que asciende al 3% de los 30 millones de beneficios obtenidos por la multinacional catalana del juego en la operaci¨®n.