Miguel Borra (CSI-F): ¡°Los funcionarios tienen que empezar a recuperar lo perdido durante la crisis¡±

Miguel Borra, presidente de CSI-F, el sindicato mayoritario en la Administraci¨®n Central del Estado, es uno de los firmantes del pacto contra la temporalidad en el empleo p¨²blico. Un acuerdo entre el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, y los sindicatos (CSI-F, UGT y CC OO) que conducir¨¢ a la convocatoria de m¨¢s de 250.000 plazas de empleo p¨²blico en los tres pr¨®ximos a?os.

Pregunta. ?En qu¨¦ consiste el plan contra la temporalidad?

Respuesta. Es un acuerdo hist¨®rico. Consiste en que aquellas plazas que est¨¦n ocupadas de manera temporal durante m¨¢s de tres a?os, puedan salir a concurso en una oferta p¨²blica de empleo, que no crear¨¢ empleo neto. Y en la que podr¨¢n valorar los servicios prestados.

P. Un interino cuya plaza sale a concurso y no la saca, ?se queda sin trabajo?

R. En ese caso, la plaza la sacar¨¢ otro. No es empleo neto porque las 250.000 plazas son plazas que existen y lo que queremos es dar m¨¢s estabilidad y calidad a ese empleo. Durante mucho tiempo peleamos para que no se perdieran plazas en la crisis, ahora hemos conseguido que en los pr¨®ximos tres a?os 250.000 personas puedan ser fijas. Y garantiza que cuando vuelvan a venir mal dadas no podr¨¢n ser despedidas.

P. ?Son suficientes esas 250.000 plazas?

R. No son suficientes, pero es un cambio de tendencia. En un modelo de gran inestabilidad pol¨ªtica, para nosotros ha sido un primer paso muy importante. Ya estamos trabajando en los Presupuestos de 2018. Estamos trabajando para conseguir la tasa de reposici¨®n del 100% para m¨¢s colectivos y para que todos aquellos sectores que tengan una tasa de interinidad superior al 8% entren en este proceso de estabilizaci¨®n. Nos falta la educaci¨®n universitaria, la administraci¨®n local y la auton¨®mica.

P. ?C¨®mo se va a organizar la convocatoria de 250.000 plazas?

R. El pasado martes ya tuvimos una reuni¨®n con la secretaria de Estado para poner en marcha las comisiones para hacerlo. Queremos que las ofertas salgan r¨¢pido, sean ¨¢giles y que haya coordinaci¨®n entre las comunidades aut¨®nomas.

P. Parece que en el sector privado el departamento de recursos humanos es m¨¢s importante que en el sector p¨²blico.

R. S¨ª. Si fuera directivo de una empresa donde m¨¢s del 50% de los trabajadores tienen m¨¢s de 50 a?os, hay un 10% con m¨¢s de 60 a?os y sobre 250.000 trabajadores solo hay 1.088 j¨®venes menores de 30 a?os estar¨ªa preocupad¨ªsimo. Eso es la Administraci¨®n General del Estado. No se est¨¢n tomando las medidas adecuadas. Los gobernantes se han acostumbrado a que al final el trabajo sale. A que al final el que va a urgencias es atendido aunque tenga que esperar. Hemos salvado esta etapa de crisis por la profesionalidad de much¨ªsimos empleados p¨²blicos. Pero hay que hacer planes de recursos humanos en cada administraci¨®n. Es verdad que hay m¨¢s de 8000 ayuntamientos pero tambi¨¦n hay 8.000 dirigentes pol¨ªticos en esas administraciones que tendr¨¢n que poner eso (un plan de recursos humanos) en marcha. Estamos en un tipo de organizaci¨®n que nuestra demanda no disminuye cuando hay crisis.

P. ?Cu¨¢l es el n¨²mero de empleados p¨²blicos que debe tener Espa?a?

R. Dar una cifra global es complej¨ªsimo. Requiere tener planes de reordenaci¨®n de recursos humanos en todas las administraciones. En CSI-F tenemos una frase que resume nuestra posici¨®n ¡°ni un empleado p¨²blico m¨¢s de los necesario pero ni uno menos de lo preciso para dar el servicio p¨²blico de calidad¡±.

P. ?Deber¨ªa haber un plan de movilidad geogr¨¢fica?

R. S¨ª. Sin duda. Es m¨¢s f¨¢cil venirte de Bruselas a Madrid que moverte de Alcal¨¢ de Henares a Guadalajara. Abogamos por esa movilidad pero tambi¨¦n por la movilidad entre administraciones. Si hay auxiliares administrativos en una comunidad aut¨®noma que en un momento dado su trabajo es m¨¢s necesario en un Ayuntamiento, por qu¨¦ no podemos establecer movilidad interadministrativa entre distintos cuerpos. Si de repente a un Ayuntamiento le falta polic¨ªa local, porque no podemos mover agentes de otros ¨¢mbitos.

P. Y complementos salariales que tuvieran en cuenta la diferencia de coste de la vida entre territorios.

R. Ya existen peque?os complementos, pero son insuficientes. Tenemos muchos problemas para las plazas de polic¨ªa o justicia en Ibiza [por los altos alquileres]. Hemos conseguido que no se sancione al interino que no quiera ir. El complemento de insularidad y otros para grandes ciudades donde el nivel de vida es m¨¢s alto tendr¨ªa que ser m¨¢s adecuado.

P. C¨®mo es posible que no haya un registro preciso de convocatorias a nivel nacional.

R. Las distintas administraciones dicen que las publican en sus boletines. Pero ser¨ªa conveniente para todos los ciudadanos, sobre todo en la ¨¦poca en la que estamos, con los medios tecnol¨®gicos que tenemos lo suyo ser¨ªa que hubiera un registro centralizado. Cuanto m¨¢s transparente y al alcance de los ciudadanos mejor.

P. El Gobierno subir¨¢ este a?o un 1% el sueldo a los funcionarios.

R. No es suficiente. Calculamos que la p¨¦rdida de capacidad adquisitiva en la crisis ha rondado el 25%.

P. A partir del 2018, Espa?a sale de la tutela de Bruselas. ?Esperan m¨¢s subidas?

R. Las declaraciones del ministro en sede parlamentaria nos hacen pensar que la subida salarial de 2018 puede ser mayor. Pedimos un acuerdo de legislatura. No queremos perder m¨¢s poder adquisitivo y empezar a recuperar lo perdido desde 2010. Estamos dispuestos a negociar, vincularlo a determinados ¨ªndices correctores, al tema del d¨¦ficit o a la productividad. Este a?o volvemos a perder poder adquisitivo y eso que te¨®ricamente ya estamos en recuperaci¨®n.

P. En 2007 se firm¨® el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico (EBEP) y se incluy¨® la evaluaci¨®n del desempe?o. ?Qued¨® en el olvido?

R. El ministro Jordi Sevilla (PSOE) fue cesado poco despu¨¦s de firmar el EBEP. Y desde entonces no se ha avanzado absolutamente nada en temas de evaluaci¨®n de desempe?o, de carrera profesional. Esta es una de las demandas principales de los empleados p¨²blicos. No puede ser que un empleado p¨²blico entre en un puesto de trabajo cuando ten¨ªa 25 a?os y se jubile con 65 a?os con muy poquitas opciones de promoci¨®n.

P. ?Es posible recuperar las 35 horas?

R. Ya hay comunidades aut¨®nomas que ya las han aprobado en el Parlamento, como Andaluc¨ªa, Extremadura o Castilla y Le¨®n, donde la consejera del PP ha enviado una carta al ministro pidiendo las 35 horas. Creemos que tiene que haber capacidad de negociaci¨®n en cada uno de los ¨¢mbitos. Si hay un Ayuntamiento o Comunidad aut¨®noma que puede asumirlo, d¨¦jele asumirlo. La inversi¨®n en las 35 horqas va a redundar en la calidad de servicios que reciben los ciudadanos, en la creaci¨®n de empleo de calidad. Creemos que se pueden conseguir las 35 horas. Est¨¢ calculado el coste, la secretaria de Estado dijo en el Congreso que estaba entre los 800 y los 1.200 millones.