La Defensora del Pueblo exige a B¨¢?ez gastar en formaci¨®n todo lo recaudado para ese fin

La batalla que enfrenta al Ministerio de Empleo con patronales y sindicatos por el destino de los fondos de formaci¨®n se inclina del lado de los segundos por el momento. La Defensora del Pueblo, uno de los escenarios donde dirimen las diferencias, ha exigido al departamento que dirige F¨¢tima B¨¢?ez que gaste todo el dinero que recauda cada a?o para formaci¨®n precisamente en eso, en formaci¨®n. Lo hace en un escrito de cuatro p¨¢ginas fechado el 29 de mayo al que ha tenido acceso este diario que concluye con dos recomendaciones claras en ese sentido.

A petici¨®n de la patronal catalana Cecot, la Defensora del Pueblo pidi¨® al Ministerio de Empleo a finales del a?o pasado que le aclarara d¨®nde hab¨ªa gastado el dinero que hab¨ªa recaudado para formaci¨®n (un 0,7% sobre la base de cotizaci¨®n de cada afiliado a la Seguridad Social) en los ¨²ltimos a?os. En su respuesta, el Ministerio de Empleo vino a admitir, aunque sin hacerlo abiertamente, que parte de lo ingresado para formar a los trabajadores no se hab¨ªa gastado en eso. Y lo justificaba diciendo que la ley presupuestaria permit¨ªa hacerlo hasta 2015.

Los agentes sociales discrepaban abiertamente de esta interpretaci¨®n de la norma. Para ello, esgrim¨ªan sentencias del Tribunal Constitucional e informes del Tribunal de Cuentas que defienden que el dinero de formaci¨®n debe tener un uso ¡°finalista¡±, es decir, debe emplearse exclusivamente en aquello para lo que se ha recaudado y no puede gastarse en otro destino.

Adaptar la norma

Y a esta interpretaci¨®n se suma la Defensora del Pueblo en varias de sus consideraciones. Basa sus conclusiones, como patronales (Cecot) y sindicatos (CC OO), en alguna sentencia del Tribunal Constitucional, una de 1989, y varios informes del Tribunal de Cuentas (2012 y 2014). Adem¨¢s, apunta que desde 2007, a?o en que un decreto ya contemplaba que todo el dinero de formaci¨®n deb¨ªa destinarse a ese fin, ¡°lo pertinente hubiera sido¡± adaptar la norma para ajustarse a las sentencias y criterios de los tribunales.

Porque este cambio para intentar la adaptaci¨®n no lleg¨® hasta 2015. Con la reforma de formaci¨®n que entr¨® en vigor ese a?o, se abri¨® la puerta a que si sobraba dinero un a?o, se presupuestara y se gastara en el siguiente. Empleo ha tratado de resaltar esta novedad en la batalla. Pero tambi¨¦n aqu¨ª la Defensora ha rebatido su criterio. El Servicio P¨²blico de Empleo argumentaba que gastar el sobrante era facultad suya. Becerril concluye que no, que es ¡°obligatorio¡±.

Esto implica que si Empleo sigue el criterio de la obligatoriedad, en 2015 se dej¨® dinero por gastar, puesto que seg¨²n sus propios c¨¢lculos le sobraron 240 millones y solo reanualiz¨® 33 millones. Y este a?o deber¨ªa desembolsar adem¨¢s 552 millones que quedaron de remanente en 2016.