Cu¨¢ndo es necesario el nombramiento de un defensor judicial

El nombramiento del defensor judicial se verifica en un expediente de jurisdicci¨®n voluntaria como una forma m¨¢s de protecci¨®n de los menores no emancipados o personas que han visto modificada su capacidad en virtud de resoluci¨®n judicial. Presenta esta figura un naturaleza an¨¢loga a las otras instituciones reguladas legalmente y cuya finalidad es servir de complemento de la falta de capacidad de gesti¨®n de la propia persona o de su patrimonio, como la patria potestad, la tutela o curatela, aunque diferenci¨¢ndose de ¨¦stas en su car¨¢cter provisional y subsidiario, es decir, puede entrar en juego cuando ¨¦stas no existan o no desplieguen sus efectos por la raz¨®n que sea.

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicci¨®n Voluntaria ha modificado la regulaci¨®n de este expediente de jurisdicci¨®n voluntaria que, adem¨¢s de se?alar las caracter¨ªsticas propias del expediente citado (art¨ªculos 27 al 32 LJV), modific¨® de forma acorde los preceptos del C¨®digo Civil que regulan la figura (art¨ªculos 299 a 302), siendo aqu¨¦llos los que utilizaremos de referencia por su mayor amplitud de contenido.

La novedad m¨¢s importante radica en que la competencia para la tramitaci¨®n y resoluci¨®n del expediente corresponde al letrado de la Administraci¨®n de Justicia y no al juez de Primera Instancia, como ocurr¨ªa con anterioridad.

Los supuestos en los que es necesario del defensor judicial

En lo relativo a los supuestos en que puede ser necesario el nombramiento de defensor judicial a un menor de edad o a quien ha visto modificada judicialmente su capacidad, de una forma gen¨¦rica se podr¨ªa decir que nacen bien de la inexistencia de esas otras instituciones jur¨ªdicas que de forma estable cubren la falta de capacidad, bien porque por alguna raz¨®n, aun existiendo, no desplieguen o no puedan desplegar su funci¨®n. El art¨ªculo 27 LJV contempla el ¨¢mbito de aplicaci¨®n del expediente de nombramiento de defensor judicial y de su texto podemos se?alar los siguientes supuestos:

1. Que exista conflicto de intereses entre el menor no emancipado o persona con capacidad modificada judicialmente y sus progenitores, tutor o curador, salvo que siendo m¨¢s de uno el representante legal o curador, con el otro no existiera tal conflicto.
2. Cuando, por cualquier causa, el tutor o curador, no desempe?e sus funciones.
3. ?Cuando no habi¨¦ndose constituido a¨²n la tutela o curatela, siendo ¨¦stas necesarias, se precisan medidas para la administraci¨®n de bienes del menor no emancipado o persona con modificaci¨®n judicial de su capacidad.
4. Cuando sea necesaria la habilitaci¨®n (emancipaci¨®n judicial) del menor de edad o persona con capacidad modificada judicialmente, al haber sido ¨¦ste demandado o poderse derivar gran perjuicio caso de no promover ¨¦l mismo una demanda. Se?ala el art¨ªculo 27.2 LJV, que ser¨¢ necesario instar dicha habilitaci¨®n y ulterior nombramiento de defensor judicial: a) en caso de ignorado paradero de los progenitores, tutor o curador, sin razonable perspectiva de pr¨®ximo regreso; b) negarse los progenitores, el tutor o curador a representar o asistir en juicio al menor no emancipado o persona con modificaci¨®n judicial de su capacidad; c) imposibilidad de hecho de los progenitores, el tutor o curador a representar o asistir en juicio al menor no emancipado o persona con modificaci¨®n judicial de su capacidad. Sin embargo, cabe la posibilidad de que se proceda a nombramiento de defensor judicial sin previa habilitaci¨®n, para litigar contra sus progenitores, tutor o curador o para instar expediente de jurisdicci¨®n voluntaria, cuando el mismo estuviera legitimado para ello o para representarle cuando se inste por el Ministerio Fiscal el procedimiento para modificar judicialmente su capacidad.
5. En cualquier caso, ser¨¢ de aplicaci¨®n de esta normativa prevista en la LJV, siempre que la ley as¨ª lo establezca, por lo que existe un n¨²mero abierto de supuestos en los que puede proceder el nombramiento de un defensor judicial

Competencia para tramitar los expedientes de defensor judicial

Respecto a la competencia para tramitar estos procedimientos la LJV introdujo como novedad en este ¨¢mbito la competencia de los letrados de la Administraci¨®n de Justicia, a los que a¨²n denomina secretarios judiciales, dada la fecha de su redacci¨®n. Hay dos posibilidades: en t¨¦rminos generales, ser¨¢ competente el letrado de la Administraci¨®n de Justicia del Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor no emancipado o persona con modificaci¨®n judicial de su capacidad. Sin embargo, si el nombramiento de defensor judicial derivara de la existencia de un asunto ya pendiente ante un Juzgado de Primera Instancia, ser¨¢ competente el letrado de la Administraci¨®n de Justicia del mismo.

?Facultades y obligaciones del defensor judicial

Una vez nombrado el defensor judicial este tiene las siguientes facultades y obligaciones: las que le haya conferido la resoluci¨®n de nombramiento; la obligaci¨®n de comunicar al ¨®rgano judicial la desaparici¨®n de la causa que motiv¨® su nombramiento (sea por la raz¨®n que sea); se?ala el art¨ªculo 32 de la LJV que son de aplicaci¨®n al defensor judicial las disposiciones establecidas para la formaci¨®n de inventario, en su caso, la excusa y la remoci¨®n de los tutores y para su rendici¨®n de cuentas una vez concluida su gesti¨®n, que se tramitar¨¢n y decidir¨¢n por el letrado de la Administraci¨®n de Justicia competente.

Rendici¨®n de cuentas del defensor judicial

Por ¨²ltimo cabe mencionar que el nombramiento de defensor judicial mantendr¨¢ su vigencia mientras se mantengan las circunstancias que motivaron el mismo. As¨ª pues, la terminaci¨®n del procedimiento para el que le nombr¨® o la incorporaci¨®n en la defensa o representaci¨®n del menor de sus progenitores o del tutor, cuando su ausencia, falta de voluntad o imposibilidad de acci¨®n hubieran sido determinantes del nombramiento, suponen el fin de mismo, circunstancias ¨¦stas que, como se dijo antes, tiene obligaci¨®n el defensor judicial de comunicar al ¨®rgano judicial.

Conclusa la gesti¨®n, deber¨¢ rendir cuentas ante el letrado de la Administraci¨®n de Justicia competente.

Diego Medina Garc¨ªa Secretario de Gobierno de Andaluc¨ªa