¡®Caso Popular¡¯: gran d¨¦ficit democr¨¢tico
El Congreso no convoca a la autoridad europea a rendir cuentas sobre la resoluci¨®n del banco
La resoluci¨®n del Popular se ha entendido como la primera gran prueba de la incipiente uni¨®n bancaria europea.
Ha cumplido su designio de que ¡ªpor el momento, a resultas de lo que deparen los litigios judiciales¡ª la factura no la pague el erario p¨²blico, como sucedi¨® con la crisis de 2012. Un resultado que conforta a los contribuyentes, satisface a los decisores europeos y parece enorgullecer al Gobierno.
Aunque es leg¨ªtimo preguntarse si este no habr¨ªa actuado como entonces (volcando dinero p¨²blico) o como ahora acaba de hacer el Gobierno italiano (destinando hasta 17.000 millones), de no haberse fraguado la gran pol¨¦mica sobre el reparto del coste de aquella crisis.
En efecto, altos responsables de instituciones espa?olas confiesan en privado que ¡°el Ministerio de Econom¨ªa ha dejado que actuase Europa porque sab¨ªa que el coste parlamentario de acudir de nuevo a los contribuyentes habr¨ªa sido alt¨ªsimo, cuando no imposible: no le habr¨ªan dejado¡±.
Y sin embargo, la crisis del Popular deja un coste p¨²blico pendiente: el de su control democr¨¢tico. El d¨¦ficit de rendici¨®n de cuentas, enmascarado en un par de comparecencias ante el Congreso, es pasmoso. Arranca en buena parte de las caracter¨ªsticas de la uni¨®n bancaria, pero se produce por responsabilidad de las autoridades dom¨¦sticas.
El principal problema es el de la multiplicidad o fragmentaci¨®n de organismos decisorios, y la complejidad de competencias compartidas, concurrentes y delegadas.
Intervienen por lo menos una decena de entes: el Mecanismo ?nico de Resoluci¨®n (compuesto por varias instituciones), a cuyo mando figura la Junta (JUR). Esta es una agencia independiente de la Comisi¨®n, que rescata o resuelve bancos, cuya terminal nacional es el FROB (en la pr¨¢ctica, una dependencia del Ministerio de Econom¨ªa), en ella presente. La supervisi¨®n corre a cargo del gemelo MUS (departamento semiaut¨®nomo del BCE), al que aporta y con el que colabora el Banco de Espa?a (Inspecci¨®n): es quien da las se?ales de inviabilidad. La Comisi¨®n, bajo el Consejo (Ecofin), modula el proceso; ambos distribuyen luces verdes. Y tambi¨¦n juegan papeles la CNMV, la EBA (Autoridad Bancaria Europea) y otros organismos.
El esquema de poder es relativamente claro: las competencias principales penden de los europeos; las de ejecuci¨®n, delegadas por estos, recaen en los organismos nacionales. Pese a ello, la sobreabundancia de actores puede perjudicar la tarea: ¡°El 6 de junio¡±, cuando se ultimaba la intervenci¨®n, ¡°al menos ¨¦ramos quinientas personas las que est¨¢bamos al corriente de lo que suced¨ªa¡±, relata una de ellas. Ning¨²n margen pues, ya que no para el secreto, al menos para la discreci¨®n.
Y sobre todo, confunde a la ciudadan¨ªa sobre qui¨¦n es responsable de qu¨¦. De manera que quien ostent¨® un rol subordinado fue quien ¡ªpor tradici¨®n inercial, horror vacui o sentido de la oportunidad pol¨ªtica¡ª m¨¢s protagonismo p¨²blico dom¨¦stico asumi¨®: el ministro Luis de Guindos, y en un perfil m¨¢s t¨¦cnico, el gobernador del Banco de Espa?a, Luis Linde.
Las autoridades finales decisivas (como las presidentas del MUS y de la JUR) se han explicado en parte ante el Parlamento Europeo. Pero el Congreso ha mantenido a los ciudadanos que lo eligen en la inopia: y eso que puede invitar a la presidenta de la JUR (la alemana Elke K?nig) a comparecer ante ¨¦l y ella est¨¢ obligada a ¡°atender dicha invitaci¨®n¡± (art. 46, reglamento UE 806/2014). El d¨¦ficit democr¨¢tico de esta crisis no es imputable a Europa, sino a Espa?a.
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