La CNMV va a los tribunales para no divulgar un expediente sancionador

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) est¨¢ dispuesta a pleitear para no entregar a un ciudadano una copia de uno de sus expedientes sancionadores. El organismo ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo antes de acatar una resoluci¨®n del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le instaba a publicar el expediente?de una sanci¨®n millonaria que impuso al Banco Popular el a?o pasado.

El CTBG consider¨®, en una resoluci¨®n del pasado mes de abril, que la informaci¨®n que ped¨ªa el ciudadano "entronca directamente con el objetivo de la Ley de Transparencia que aboga por la transparencia de la actuaci¨®n p¨²blica y de rendici¨®n de cuentas de la misma". Este organismo, creado hace tres a?os para velar por el cumplimiento de esa ley, recuerda en su decisi¨®n que el procedimiento sancionador ya est¨¢ finalizado y que ha acabado con una sanci¨®n por infracci¨®n muy grave.

La propia CNMV public¨® el resultado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado: una multa de un mill¨®n de euros por "la comercializaci¨®n a clientes de determinados productos financieros, entre enero de 2009 y noviembre de 2011". Seg¨²n el CTBG, la sanci¨®n ya fue objeto de publicaci¨®n, por lo que no se ven afectadas las funciones conferidas a la CNMV de supervisi¨®n y control del Mercado de Valores.

Este organismo, en cambio, no est¨¢ de acuerdo. "Estamos sujetos a deber de confidencialidad y secreto profesional", asegur¨® un portavoz de la CNMV. "Nuestros servicios jur¨ªdicos discrepan del Consejo bas¨¢ndose en la Ley del mercado de valores y directivas europeas", a?adi¨®.

La Ley de Transparencia cre¨® la figura del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para dirimir las discrepancias entre los ciudadanos y la Administraci¨®n. Pero sus resoluciones como organismo experto para garantizar su cumplimiento no son vinculantes y, cada vez m¨¢s, la Administraci¨®n las est¨¢ cuestionando. Como resultado, la Ley de Transparencia est¨¢ alcanzando un alto grado de judicializaci¨®n.

Pese a que los expertos pronosticaban que ser¨ªan los ciudadanos los que recurrir¨ªan a los tribunales para obtener informaci¨®n, en la mayor¨ªa de los casos son los ministerios o los entes p¨²blicos los que ponen en marcha la maquinaria jur¨ªdica para no tener que divulgar datos. Hasta ahora se han presentado 55 recursos a resoluciones del CTBG.