Un tribunal de la UE ve excepciones en las ventas a p¨¦rdidas

El Tribunal de Justicia de la UE ha emitido una sentencia en la que se?ala que la actual directiva 2005/29 CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre pr¨¢cticas comerciales desleales se opone a la Ley de Comercio Minorista espa?ola, por la que se proh¨ªbe la posibilidad de ofertar y realizar ventas de bienes con p¨¦rdidas. Pero establece excepciones a dicha prohibici¨®n basadas en criterios que no figuran en la norma comunitaria. Esta sentencia se ha producido ante una petici¨®n de decisi¨®n prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n¨²mero 4 de Murcia en el marco del litigio entre el grupo de distribuci¨®n Europamur Alimentaci¨®n y la Direcci¨®n General de Consumo de esa comunidad, que hab¨ªa impuesto a la empresa una multa de 3.001 euros por ventas a p¨¦rdidas.

En la normativa espa?ola, la prohibici¨®n de la venta a p¨¦rdidas se halla en la Ley de Ordenaci¨®n del Comercio Minorista de 1996 en su art¨ªculo 14, cuyas competencias para perseguir y sancionar estos actos se hallan en manos de las comunidades. Seg¨²n esa disposici¨®n, la Administraci¨®n regional impuso al grupo de distribuci¨®n en mayo de 2015 una multa de 3.011 euros por haber vendido con p¨¦rdidas determinados productos, entendiendo que la finalidad perseguida era, por un lado, la de crear ofertas como se?uelo o gancho que atrajesen a los consumidores y, por otro, intentar disuadir o eliminar competidores.

Organizaciones agrarias y de la industria alimentaria entienden que esta sentencia es una raz¨®n m¨¢s para seguir reclamando la necesidad de que la venta a p¨¦rdidas, que tantos problemas crea al conjunto del sector, sea una competencia que pasara de la Ley de Comercio Minorista a la Ley de la Cadena Alimentaria.

En los ¨²ltimos meses, representantes del sector intentan poner en marcha una iniciativa parlamentaria encaminada a tratar de modificar el actual marco de regulador a la vista de que para las autoridades de Econom¨ªa y, sobre todo, Competencia, se valora como algo positivo que beneficia a los consumidores. Desde UPA se?alan que se trata de un grave problema al que es necesario dar una respuesta.

Ante las escasas actuaciones de oficio por parte de los gobiernos regionales, las organizaciones agrarias remitieron en los ¨²ltimos a?os sus denuncias a la Agencia para la Informaci¨®n y el Control de la Cadena Alimentaria de Agricultura, aunque esta no tiene competencias. As¨ª que la Agencia se ci?e a comunicar esas denuncias a las autonom¨ªas con escasas respuestas sancionadoras. En las negociaciones de 2013 para aprobar la Ley de la Cadena Alimentaria, los ministerios econ¨®micos se negaron a que estas competencias pasaran a Agricultura.