Incertidumbres en la resoluci¨®n del Popular
Muchas instituciones deben rendir cuentas para dar respuesta a las leg¨ªtimas reclamaciones de los que han sufrido el coste del rescate de la entidad
La resoluci¨®n del Banco Popular suele ponerse como ejemplo a seguir por ser el primer caso en el que se aplicaron a rajatabla las reglas de la uni¨®n bancaria que exigen que sean los accionistas y acreedores, y no el contribuyente, los que asuman el coste del rescate. Contrasta por completo con las incertidumbres que rodean el proceso.
Es sorprendente que despu¨¦s de imponer p¨¦rdidas a accionistas y tenedores de h¨ªbridos por importe cercano a 3.500 millones, todav¨ªa no sea p¨²blico el informe que valor¨® la entidad. Es un documento clave ya que tras la valoraci¨®n que se hizo, se decidi¨® adjudicar el Popular por el precio simb¨®lico de un euro. La falta de transparencia es may¨²scula si tenemos en cuenta que el informe sigue oculto a pesar de haber sido reclamado, entre otros, por el Gobierno o el Congreso de los Diputados a trav¨¦s de la comisi¨®n de investigaci¨®n de la crisis financiera. Es necesario conocer c¨®mo ese informe lleg¨® a la conclusi¨®n de que el valor del Popular pod¨ªa llegar a una cifra negativa de 8.200 millones, lo que contrasta con el valor de los recursos propios de 12.000 millones que ten¨ªa el banco.
Otra de las incertidumbres que rodea el "caso Popular" es el origen de la fuga de dep¨®sitos que determin¨® su intervenci¨®n, aunque deber¨ªa ser obvio que en el fondo hab¨ªa un problema de solvencia por infra provisiones. Se mencionan unas desafortunadas declaraciones de la presidenta de la Junta ?nica de Resoluci¨®n como detonante de la huida de los depositantes, cuesti¨®n que deber¨ªa ser investigada.
Otro hecho llamativo que hay que investigar, y si ha lugar depurar responsabilidades, es el papel del auditor que durante tantos a?os emiti¨® informes favorables. Y tambi¨¦n el papel de los supervisores, para empezar porque las pruebas de resistencia que realizaron no detectaron la magnitud del problema (el Popular aprob¨® el estr¨¦s test que hizo la EBA en 2016), y porque en pocos d¨ªas su ratio de solvencia se esfum¨®.
A la lista de incertidumbres hay que a?adir una explicaci¨®n de por qu¨¦ no se prohibieron las ventas a corto del Popular (se consider¨® que el mercado ten¨ªa toda la informaci¨®n necesaria para la toma de decisiones), a diferencia de lo que se hizo con otra entidad (Liberbank), prohibici¨®n que se mantuvo m¨¢s de cinco meses.
Un cap¨ªtulo que merece especial atenci¨®n y que habr¨¢ que investigar es la gesti¨®n del banco. A la vista de los resultados es obvio que fue p¨¦sima en los a?os de expansi¨®n al abrigo de la burbuja inmobiliaria, con decisiones poco acertadas. No me sorprender¨ªa que algunos inversores afectados invocaran en sus reclamaciones judiciales la falta de diligencia o incluso negligencia en la gesti¨®n del banco.
En resumen, muchas instituciones deben rendir cuentas para dar respuesta a las leg¨ªtimas reclamaciones de los que han sufrido el coste del rescate del Popular. Y lo primero a exigir es que se haga p¨²blico el informe de Deloitte que valor¨® la entidad.
Joaqu¨ªn Maudos es catedr¨¢tico de la Universidad de Valencia-Ivie-CUNEF
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