Hacienda apercibe a 660 alcaldes por incumplir los planes de ajuste
Los municipios requeridos se comprometieron a adoptar medidas de ahorro para acceder a liquidez en condiciones ventajosas
El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 660 alcaldes por incumplir los planes de ajuste que hab¨ªan comprometido a cambio de los fondos de liquidez facilitados por el Estado central. Les exige nuevos ajustes. Hacienda ha inyectado cerca de 19.000 millones a las entidades locales desde 2012 para aliviarles las tensiones de liquidez. Para garantizar que devolver¨ªan el dinero, exigi¨® ajustes a los alcaldes, que ten¨ªan libertad para decidir las medidas. Algunos regidores apostaron por subir el IBI o eliminar deducciones en impuestos locales; otros decidieron recortar gastos. Muchas de estas medidas nunca se aplicaron.
Hacienda reclama por carta a los 660 alcaldes con un plan de ajuste que no han puesto en marcha que aprueben las medidas necesarias para cumplir sus compromisos. Estos programas de ajuste, explica la misiva de cuatro folios enviada por el ministerio, fueron convalidados por los plenos municipales. Era una condici¨®n para tener acceso a liquidez que ofrec¨ªa Hacienda. Pero los alcaldes que han recibido la carta firmada por la secretaria general de Administraciones Territoriales, Bel¨¦n Navarro, no han cumplido sus compromisos. Hacienda les amenaza ahora con un control adicional de la Intervenci¨®n del Estado e, incluso, con aplicarles las medidas m¨¢s duras de la Ley de Estabilidad, que incluye la disoluci¨®n de la corporaci¨®n local.
Entre los municipios afectados, 660 de casi 8.200 entidades locales de Espa?a, hay Ayuntamientos de todos los tama?os. Los m¨¢s importantes son: Algeciras, C¨¢diz, Chiclana, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Mar¨ªa, San Fernando, Granada, Huelva, Ja¨¦n, V¨¦lez-M¨¢laga, Palma de Mallorca, Telde, San Crist¨®bal de La Laguna, ?vila, Ciudad Real, Cuenca, Lleida, Tarragona, M¨¦rida, Alcal¨¢ de Henares, Alcorc¨®n, M¨®stoles, Parla, Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas, San Sebasti¨¢n de los Reyes, Torrej¨®n de Ardoz, Lorca, Orihuela, Gandia y Valencia.
El Gobierno lanz¨® en 2012 el plan de pago a proveedores, una l¨ªnea de cr¨¦dito con condiciones muy favorables, para que Comunidades y Ayuntamientos pudieran liquidar las facturas que ten¨ªan en los cajones. Desde entonces, ha abierto cada a?o unas l¨ªneas de financiaci¨®n para ayudar a los Consistorios con problemas de liquidez. Se trata de un mecanismo similar al Fondo de Liquidez Auton¨®mica (FLA). En los ¨²ltimos cinco a?os, el ministerio ha inyectado casi 19.000 millones de euros a las arcas locales por esta v¨ªa.
Subir el IBI o bajar el gasto Para garantizar que los alcaldes devolvieran el dinero cuando los pr¨¦stamos vayan venciendo, el ministerio les exigi¨® un programa de saneamiento. Ante el retraso de las corporaciones municipales para poner en marcha las medidas comprometidas en estos planes, Hacienda ha enviado esas cartas a 660 alcaldes advirtiendo de que ¡°el incumplimiento del plan de ajuste conllevar¨¢ la aplicaci¨®n de las medidas coercitivas de la Ley de Estabilidad¡±.
Los art¨ªculos 25 y 26 de esta norma, aprobada para combatir los n¨²meros rojos de las Administraciones P¨²blicas, establecen que las administraciones incumplidoras tendr¨¢n que aprobar un acuerdo de no disponibilidad de cr¨¦ditos ¡ªun tr¨¢mite que consiste b¨¢sicamente en recortar el gasto presupuestado¡ª para garantizar que se cumple el plan financiero. Hacienda, adem¨¢s, puede retener ingresos a los Ayuntamientos y, en caso de incumplimiento reiterado, sancionarles con un dep¨®sito equivalente al 0,2% del PIB municipal, y en ¨²ltima instancia puede intervenir la corporaci¨®n municipal y disolverla.
¡°Con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas, las entidades locales que las hayan concertado podr¨¢n ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervenci¨®n General del Estado (IGAE)¡±, se?ala la misiva a modo de advertencia.
La situaci¨®n, en cualquier caso, no ha llegado a ese punto de gravedad. La gran mayor¨ªa de Ayuntamientos a los que se les ha apercibido, 526 corporaciones, tiene problemas para reducir el periodo de pago a proveedores al l¨ªmite legal. Es decir, incumplen la ley de morosidad que establece que no deben tardar m¨¢s de 30 d¨ªas en abonar las facturas. Este plazo empieza a contar 30 d¨ªas despu¨¦s de recibir la factura, es decir, que tardan de media m¨¢s de 60 d¨ªas en pagar.
Hacienda explica que los alcaldes podr¨¢n corregir sus planes de ajuste con las medidas que decidan en sus plenos municipales. Algunos Consistorios, por ejemplo, hab¨ªan acordado subir el IBI con una revisi¨®n catastral equivalente al 50% del precio de mercado. Otras ciudades tendr¨¢n que eliminar algunas de las bonificaciones y exenciones de sus impuestos locales. Y otras deber¨¢n reducir algunos de sus gastos.
El ministerio explica en la carta que ¡°realizar¨¢ el seguimiento de los planes de ajuste y que en caso de que detecte riesgos de incumplimiento o incumplimientos de las medidas, propondr¨¢ su modificaci¨®n con la adopci¨®n de nuevas medidas o la alteraci¨®n del calendario de ejecuci¨®n¡±. Estos programas de ajuste financiero son diferentes a los que exige Montoro a las administraciones que incumplen los objetivos de d¨¦ficit o deuda, recuerdan en Hacienda.
Aviso a los interventores
El Ministerio de Hacienda tambi¨¦n ha enviado durante las ¨²ltimas semanas cartas a los interventores de las comunidades aut¨®nomas y de los ayuntamientos con problemas financieros. Les ha recordado que ellos tambi¨¦n son responsables de vigilar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y de que las administraciones territoriales cumplan con las normas de morosidad.
El objetivo de estas cartas, remitidas a los interventores en diciembre, es advertirles de que deben ser m¨¢s proactivos a la hora de detectar las posibles desviaciones presupuestarias. En ese sentido, el departamento de Crist¨®bal Montoro pretende evitar que los desfases presupuestarios solo se detecten a final de a?o cuando ya no hay margen para corregir los desfases. Los interventores tienen que avisar al pleno municipal de las desviaciones, insiste Hacienda.
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