Bruselas da un ¨²ltimatum a Espa?a para que facilite la reclamaci¨®n de indemnizaciones

Bruselas da dos meses a Espa?a para que cambie una ley que dificulta la reclamaci¨®n de indemnizaciones al Estado cuando este incumple el derecho europeo. Las autoridades comunitarias acusan a Espa?a de entorpecer las reclamaciones de ciudadanos y empresas de cualquier violaci¨®n de las normas europeas por parte del Estado, motivo por el que ya abri¨® expediente a Espa?a el pasado mes de junio. Ahora, ante la inacci¨®n de Espa?a, vuelve sobre la cuesti¨®n con una advertencia: si Espa?a no act¨²a en ese plazo, llevar¨¢ el caso ante el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea y puede exigir sanciones.

En el centro de la pol¨¦mica est¨¢ la ley de R¨¦gimen del Sector P¨²blico, aprobada en 2015, poco despu¨¦s de que la justicia europea dictaminara como ilegal el llamado c¨¦ntimo sanitario, un impuesto a los hidrocarburos con el que algunas comunidades aut¨®nomas buscaron financiaci¨®n extra para sus servicios de salud. La Comisi¨®n cree que esa ley limita las posibilidades de empresas y ciudadanos de recurrir, y su promulgaci¨®n ha sido interpretada como un blindaje ante la oleada de devoluciones a las que condenaba a Espa?a la sentencia europea contra el c¨¦ntimo sanitario.

El dictamen expon¨ªa a Espa?a a la devoluci¨®n de unos 3.000 millones de euros por haber cargado a los combustibles un tributo ilegal entre 2002 y 2010. Pese a los intentos del Gobierno de Mariano Rajoy de dejar sin efecto la retroactividad de la devoluci¨®n, la justicia europea estim¨® entonces que hab¨ªa existido mala fe al mantener el impuesto durante tantos a?os, y determin¨® que la enorme cuant¨ªa de la devoluci¨®n no era argumento para limitar su retroactividad y dejar as¨ª indefensos a los posibles afectados. Tres a?os despu¨¦s de la sentencia europea sobre el caso, el Gobierno sigue lidiando con las reclamaciones de los transportistas, si bien hasta este pasado diciembre, Hacienda solo hab¨ªa tramitado expedientes por importe de 38,85 millones de euros.

En su escrito de este jueves, el Ejecutivo comunitario es tajante: "Las disposiciones nacionales en cuesti¨®n hacen que sea excesivamente dif¨ªcil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracci¨®n de la legislaci¨®n de la UE, lo que tiene una repercusi¨®n negativa en la efectividad del Derecho de la UE". Esto es, las actuales leyes eximen a Espa?a de asumir como debe su responsabilidad cuando viola las normas europeas, lo cual hace que la legislaci¨®n comunitaria pierda efectividad en su cometido final de proteger los derechos de empresas o ciudadanos.

Ante la falta de soluciones por parte del Gobierno espa?ol, el procedimiento de infracci¨®n ha entrado en su segunda etapa, el dictamen motivado. En su comunicado, la Comisi¨®n critica tambi¨¦n que Espa?a ha establecido condiciones m¨¢s duras para reclamar cuando el Estado infringe la legislaci¨®n europea que cuando se trata de una infracci¨®n de la legislaci¨®n espa?ola.