La factura de las autopistas quebradas se dispara otros 760 millones por las expropiaciones
El Estado tiene que afrontar pagos millonarios adicionales al rescate por las sentencias sobre la infravaloraci¨®n de los terrenos
El Estado tiene ya una factura reconocida de casi 760 millones de euros por las expropiaciones de las nueve autopistas de peaje quebradas y en proceso de rescate. Esta cantidad es solo por las sentencias judiciales que ya son firmes, que elevan la valoraci¨®n inicial de los terrenos a expropiar para construir estas v¨ªas. La factura final se prev¨¦ que supere los 2.000 millones ¡ªcuando se diriman en los tribunales los litigios pendientes¡ª. Es decir, costar¨¢ cinco veces m¨¢s de lo que se calcul¨® en su proyecto. Esa cantidad se sumar¨¢ a la compensaci¨®n de las concesionarias por el rescate (RPA), de entre 2.000 y 4.000 millones.
La pol¨¦mica por el rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra tiene un cap¨ªtulo hasta ahora in¨¦dito. Y es que, adem¨¢s de la llamada responsabilidad patrimonial de la administraci¨®n (RPA), la compensaci¨®n que deber¨¢ abonar a cada una de las concesionarias por hacerse cargo de las v¨ªas, el Estado ha ido asumiendo el pago de las expropiaciones de las fincas que se ha solventando en los tribunales por no estar de acuerdo los due?os con la valoraci¨®n inicial.
Los 760 millones reconocidos por el Estado hasta ahora suponen solo una parte del monto total que finalmente se deber¨¢ pagar, puesto que hay cantidades todav¨ªa pendientes de resoluci¨®n judicial. En total, se estima que se expropiaron 20.000 fincas para construir las autopistas de peaje, y que entre el 10% y el 20% de los expedientes est¨¢n a¨²n pendientes de resoluci¨®n.
El Estado ha pagado por los litigios de momento 648 millones de euros y tiene reconocidos y pendientes de abonar otros 112 millones por sentencias firmes, seg¨²n admite el Ministerio de Fomento en respuesta a una solicitud de informaci¨®n amparada por la Ley de Transparencia presentada por EL PA?S.
De la factura de las expropiaciones, la m¨¢s abultada son los 185,6 millones pagados por los terrenos por donde pasa la Radial-4, en Madrid. Le siguen los pagos por la radial R-2 (151 millones) y la AP-41 Madrid-Toledo (117 millones).
Las nueve autopistas quebradas suponen una quinta parte (570 kil¨®metros) de la red de pago. Su construcci¨®n supuso una inversi¨®n de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones. Precisamente la R-4 y la R-2 han sido las primeras en ser rescatadas por el Estado, que ha asumido su gesti¨®n.
Las concesionarias pagaron las expropiaciones hasta que se declararon en suspensi¨®n de pagos, y el Estado debi¨® asumir esta factura por su responsabilidad civil subsidiaria. Inicialmente se calcul¨® que el coste de las expropiaciones de terrenos de las nueve autopistas de peaje ser¨ªa de unos 387 millones, seg¨²n un informe de Seopan, la patronal que agrupa a las constructoras y las concesionarias. Es decir, solo el importe que ha pagado el Estado dobla ya esa cantidad. Si adem¨¢s se incluye en el c¨¢lculo lo que ya han abonado las concesionarias y lo que queda pendiente de resoluci¨®n judicial, la factura final se multiplicar¨¢ por cinco, hasta 2.000 millones de euros (2.217 millones, seg¨²n ha calculado Seopan).
El ¨²nico consuelo para las arcas p¨²blicas es que, a la hora de calcular la RPA, descontar¨¢ el importe asumido en expropiaciones, lo que rebajar¨¢ a su vez el coste del rescate. Adem¨¢s, el Estado tambi¨¦n aligerar¨¢ esa factura con los ingresos que recaude cuando vuelva a licitar mediante subasta las infraestructuras rescatadas. Se estima que esa reprivatizaci¨®n supondr¨¢ una recaudaci¨®n de entre 700 y 1.000 millones, aunque depender¨¢ de lo que est¨¦n dispuestos a pujar los grupos interesados.
La RPA es la cifra de la discordia. La ¨²nica estimaci¨®n oficial del Gobierno son los 2.000 millones de euros reconocidos en los Presupuestos prorrogados para 2018, aunque Seopan habla de 4.000 y el Tribunal de Cuentas de 3.718 millones.
Sobrecostes del 600% en el valor de los terrenos
Los sobrecostes de las expropiaciones son, junto con las desviaciones de la demanda de tr¨¢fico ¡ªsolo alcanz¨® el 20% de lo estimado¡ª y el mayor coste de la construcci¨®n de la obra, los tres factores que explican el colapso financiero de estas autopistas de pago.
El importe de las expropiaciones lleg¨® a dispararse en alg¨²n caso hasta el 600% sobre lo previsto, seg¨²n explican los economistas Daniel Albalate, Germ¨¤ Bel y Paula Bel-Pi?ana en su estudio?Tropezando dos veces con la misma piedra: quiebra de autopistas de peaje y costes para contribuyentes y usuarios, publicado en 2015 en la Revista de Econom¨ªa Aplicada. Las disputas sobre el valor de los terrenos se decidieron en los juzgados.
Los propietarios, aferr¨¢ndose a la Ley 6/1998, que incorpora el valor de mercado como referencia para las expropiaciones, exigieron que el suelo se valorara como urbano, porque estaba muy pr¨®ximo a la ciudad de Madrid. Los jueces les fueron dando la raz¨®n. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid lleg¨® a fijar en 2008 un precio de expropiaci¨®n de 3.100 euros el metro cuadrado en el enlace entre la R-3 y la M-40. Finalmente, el Tribunal Supremo determin¨® en 2013 que el Estado deb¨ªa asumir los sobrecostes.
"Las concesionarias en realidad no tienen control sobre el riesgo que suponen las expropiaciones, en las que al final el precio lo decide un juez. El riesgo deber¨ªa correr de parte de las instituciones. Quien puede controlar el riesgo es quien lo debe asumir", opina Germ¨¤ Bel, uno de los autores del estudio.
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