El Defensor del Pueblo: ¡°El ascensor social ha cambiado de sentido, arrecia la desigualdad social¡±

El Defensor del Pueblo dibuja un panorama desolador sobre las consecuencias de los recortes sociales por la crisis y augura una fractura social irreconciliable si no se da un giro en las pol¨ªticas redistributivas de la riqueza. En el Informe anual sobre la crisis econ¨®mica y desigualdad, que ha presentado este lunes en el Congreso de los Diputados, la instituci¨®n se?ala que el retroceso que se ha experimentado en las prestaciones y los servicios sociales "no se ha compensado con nuevas pol¨ªticas, ni con mejoras de las ya existentes".

El Defensor del Pueblo denunci¨® ayer en el Congreso que la aplicaci¨®n de las medidas de austeridad durante la crisis ha generado ¡°un pozo de desigualdad sin precedentes y ha da?ado al entramado institucional¡±. Y, adem¨¢s, a?ade que la mera salida de la crisis no reduce esta tendencia y que debe ¡°corregirse con una pol¨ªtica activa y decidida de redistribuci¨®n de la renta¡±, as¨ª como con la reforma del sistema de financiaci¨®n auton¨®mico.

Seg¨²n el Informe Anual, "en Espa?a el ascensor social ha cambiado de sentido. El Estado social se est¨¢ reconvirtiendo: los derechos civiles y los derechos sociales se reducen. Ahora arrecia la desigualdad, con el agravante de que la amenaza de exclusi¨®n ha ampliado su per¨ªmetro, yendo m¨¢s all¨¢ de los tradicionales marginados".

Para el Defensor del Pueblo, dirigido por el socialista Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, si no se cambia esta pol¨ªtica, "los conflictos de esta sociedad empobrecida dar¨¢n lugar, con probabilidad, a m¨¢s altos antagonismos, en lugar de a unos nuevos consensos".

Y precisamente ahora las pensiones son el ¨²ltimo ejemplo de la conflictividad. Sobre este asunto, afirma que "una?cuasi congelaci¨®n de las pensiones durante a?os", es una f¨®rmula que "ha de suponer un empobrecimiento constante de todos los pensionistas, lo que podr¨ªa suscitar dudas con la previsi¨®n constitucional que insta a los poderes p¨²blicos a garantizar "mediante pensiones adecuadas y peri¨®dicamente actualizadas, la suficiencia econ¨®mica a los ciudadanos durante la tercera edad", recuerda el Defensor citando el art¨ªculo 50 de la Constituci¨®n.

De hecho, la instituci¨®n recibi¨® el a?o pasado casi 45.200 firmas (de ellas 13.016 y 7.176 proced¨ªan de los defensores auton¨®micos de Galicia y Arag¨®n) solicitando la convocatoria de un refer¨¦ndum para una reforma constitucional que establezca el car¨¢cter p¨²blico de las pensiones y su revalorizaci¨®n autom¨¢tica.

"Estas peticiones han sido constantes desde el a?o 2013 y en todas las ocasiones se ha dado traslado de su contenido a la presidencia del Congreso y del Senado. La intenci¨®n principal de este colectivo es suscitar un debate sobre el modelo de pensiones y sus posibilidades de proyecci¨®n

futura, cuesti¨®n que deber¨¢ debatirse en el marco de la Comisi¨®n del Pacto de Toledo, con el mayor consenso posible", explica.

Transferencia de renta a los de arriba

En su descripci¨®n de lo ocurrido entre 2008 y 2015, el Defensor afirma que en Espa?a "se produjo una transferencia de renta desde la parte inferior y media de la sociedad hacia la parte alta. Por ello, el bienestar de los espa?oles pierde, con el estallido de la crisis, buena parte de lo que hab¨ªa ganado entre 1986 y 2007". Y lo cifra: "El 20 % de la sociedad espa?ola con menos renta experiment¨® una ca¨ªda de sus ingresos", que lleg¨® a ser del 15% en los hogares con menores ingresos.

Y las consecuencias son muy duras: "Carece de sentido pol¨ªtico pretender que se acepte la existencia de una mejora econ¨®mica sin un mayor bienestar y con menos derechos. La crisis ha dado origen a un pozo de desigualdad sin precedentes. El golpe que en muchos hogares se recibi¨® fue tan contundente que hizo que las clases medias se sintieran amenazadas, pues el impacto que les llegaba pod¨ªa llevarlos hacia la pobreza. A los pobres de toda la vida, el empuj¨®n que experimentaron les desplaz¨® directamente hacia las zonas de exclusi¨®n".

Y explica que todo esto no ha sido inevitable o casual, sino producto de "unas pol¨ªticas concretas y espec¨ªficas que han actuado como un corrosivo, da?ando al entramado institucional y a la cohesi¨®n social. Por ello, hay que actuar para hacerlas retroceder".

Tras describir los recortes de 5.341 millones en gasto sanitario entre 2009 y 2016 y de 4.778 millones en educaci¨®n en el mismo periodo, "con una p¨¦rdida de calidad manifiesta en estos servicios", "resulta de urgente necesidad la reforma del actual sistema de financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas".

Compensaci¨®n a los accionistas del Popular

La amenaza para la sociedad es que afloren los problemas "que est¨¢n debajo de la bella normalidad: el envejecimiento de la poblaci¨®n, el endeudamiento p¨²blico y privado, la desigualdad, la pobreza, la exclusi¨®n social o el bajo crecimiento de la productividad". El Defensor recuerda el dato de C¨¢ritas, sobre que "el 70 % de los hogares no han percibido que los efectos de la recuperaci¨®n les hayan alcanzado". Por eso, concluye que "el elevado nivel de paro y un empleo plagado de bajas salariales y de excesiva precariedad, no permiten que desde esos hogares se pueda hablar de progreso social. El precariado tropieza con una sociedad democr¨¢tica, en la que resulta dif¨ªcilmente asumible dejar a un porcentaje significativo de ciudadanos en el borde de la cuneta".

El Defensor del Pueblo ha formulado una recomendaci¨®n a la Secretaria de Estado de Econom¨ªa y Apoyo a la Empresa para que inste a Santander a valorar la creaci¨®n de una soluci¨®n extrajudicial para los accionistas minoritarios y los titulares de deuda subordinada de Popular que perdieron su inversi¨®n antes de su resoluci¨®n.

En su informe anual de 2017, el Defensor del Pueblo recoge esta recomendaci¨®n sobre Santander, que ya dise?¨® una compensaci¨®n para los accionistas que acudieron a la ampliaci¨®n de capital de 2016, a cambio de renunciar a emprender acciones judiciales contra el banco. El Defensor del Pueblo cree que "la falta de informaci¨®n ha generado indefensi¨®n a los accionistas minoristas y a los titulares de deuda subordinada, por ello se ha formulado una Recomendaci¨®n a la Secretar¨ªa de Estado de Econom¨ªa para que se inste al Banco Santander a valorar la posibilidad de facilitar una soluci¨®n extrajudicial a los accionistas minoristas y a los titulares de deuda subordinada", sin concretar m¨¢s.