Pagar el alquiler es sagrado hasta en una infravivienda ilegal

Un juez de Madrid ha ordenado el desahucio de Azzdine Khnisser y le ha impuesto el pago de 4.750 euros por los alquileres impagados de una infravivienda ilegal en la Ca?ada Real Galiana, un gigantesco asentamiento irregular donde viven unas 8.000 personas al este de Madrid. Da igual, seg¨²n la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 86, que el inmueble no sea legalmente propiedad del denunciante ¡ªse trata de terrenos p¨²blicos ocupados hace d¨¦cadas que est¨¢n todav¨ªa en proceso de regularizaci¨®n¡ª, porque la jurisprudencia establece que se debe hacer honor a un contrato de arrendamiento con independencia de la cuesti¨®n de la propiedad. Nada dice el fallo sobre las condiciones de la destartalada construcci¨®n, sin acceso al alcantarillado y conexiones ilegales a la luz y, hasta el mes pasado, al agua.?

Khnisser, marroqu¨ª de 42 a?os, mostraba el pasado martes ese contrato que firm¨® en 2005 con Francisco Bas, un acuerdo entre particulares que ni siquiera le sirvi¨®, asegura, cuando lo present¨® en el Ayuntamiento de Madrid para empadronarse ¡ªlo cual solo consigui¨® cuando la Polic¨ªa Municipal certific¨® en persona su lugar de residencia¡ª. Y, sin embargo, ese mismo papel es el que le acaba de condenar, se queja.

El hombre cuenta que lleg¨® a Espa?a ¡°en patera¡± hace casi 20 a?os, sin papeles, y que en seguida recal¨® en el asentamiento irregular por falta de alternativas. Trabaja de alba?il haciendo reformas y tiene en Marruecos mujer y un hijo de un a?o. Asegura que pag¨® durante m¨¢s de una d¨¦cada religiosamente la renta del alquiler ¡ªmuestra ahora un mont¨®n de recibos cumplimentados a mano y tambi¨¦n alg¨²n extracto bancario¡ª, pero admite que dej¨® de hacerlo ¡ªel verano pasado, y no desde finales de 2016 como dice la sentencia¡ª porque el propio casero se lo pidi¨®, ¡°para no tener l¨ªos¡± con las autoridades, asegura.

¡°Eso es mentira. Me dej¨® de pagar porque le dio la gana. Es un ladr¨®n que quiere quedarse con mi casa¡±, protestaba el propio Francisco Bas, sentado en una silla de playa a la puerta del inmueble en el que vive, justo en el piso debajo del de Khnisser. A las dudas del periodista sobre la propiedad de ese inmueble ¡ªteniendo en cuenta que en esa zona de la Ca?ada Real, una antigua v¨ªa pecuaria de titularidad p¨²blica y no urbanizable, nadie ha podido registrar todav¨ªa nada¡ª, Bas contesta con violencia antes de dar por concluida la conversaci¨®n: ¡°?Qu¨¦ no es m¨ªa? Y eso, ?por qu¨¦? ?Porque lo dices t¨²?¡±.

En cualquier caso, seg¨²n el fallo firmado el pasado 20 de junio el juez Ignacio de Torres, da exactamente igual que lo sea o no, pues a la hora de cobrar el alquiler y echar al inquilino la raz¨®n judicial seguir¨¢ estando de su parte. ¡°Los procedimientos administrativos que puedan seguirse contra el actor no afectan a su falta de legitimaci¨®n, quedando acreditada su condici¨®n de arrendador mediante la aportaci¨®n del correspondiente contrato¡±, se?ala el texto de la sentencia, que todav¨ªa se puede recurrir ante la Audiencia Provincial.

¡°Entiendo que el juez dice que el propio acusado ha legitimado al casero como tal en el momento en que ha firmado el contrato y le ha pagado las rentas¡±, interpreta Andr¨¦s Vilacova, abogado especialista en arrendamientos urbanos. Entiende, por tanto, que la decisi¨®n es jur¨ªdicamente correcta. Otro experto abogado, Miguel Crespo, coincide: "Hay que diferenciar entre el plano administrativo sobre la legalidad de la vivienda, y el plano civil sobre la legitimidad de arrendamientos urbanos", insiste, y a?ade que el estado de la infravivienda no tiene importancia en este procedimiento, entre otras cosas, porque el inquilino no lo incluy¨® entre los argumentos de su defensa.? ??

Otra cuesti¨®n es que la decisi¨®n del juez, vista la situaci¨®n en su conjunto, pueda escandalizar a algunas de las personas que trabajan en la Ca?ada Real. Y a Khnisser, que dice no entender nada, que no tiene d¨®nde ir si le echan y que desde luego carece de los 4.750 euros que se le exigen por las rentas no pagadas desde finales de 2016, sin contar las costas de las que tambi¨¦n deber¨¢ hacerse cargo. As¨ª que quiere negociar que le permitan pagar a plazos, poco a poco. ¡°No quiero robar nadie. Solo quiero trabajar y quedarme en la casa¡±, asegura. La misma que ¨¦l ha ido completando poco a poco ¡ªla pintura, la cocina, el ba?o¡­¡ª a partir del cascar¨®n de paredes desnudas que se encontr¨® hace m¨¢s de una d¨¦cada.

Una decena de inquilinos m¨¢s

Alrededor del inmueble que ocupan Bas, abajo, y Khnisser, arriba, hay otras cinco infraviviendas y una nave industrial donde viven una decena de personas m¨¢s, incluidas dos parejas con ni?os. Pese a las malas condiciones ¡ªpor ejemplo, viven sobre tres pozos negros, uno delante de la puerta de una de las casas¡ª todos le han estado pagando a Bas un alquiler de unos 250 euros, aseguran. Pero todos dejaron de hacerlo en alg¨²n momento, bien porque el propio casero se lo pidi¨® para evitar responsabilidades legales, como defiende Khnisser, bien porque repararon en que tal vez no ten¨ªan por qu¨¦ pagarle si ¨¦l no es legalmente el propietario.?

Sea como sea, fuentes municipales aseguran que los inquilinos pidieron el amparo del Comisionado del Ayuntamiento de Madrid para la Ca?ada Real, Pedro Navarrete, porque tem¨ªan ser expulsados. Y, de hecho, las mismas fuentes aseguran que Bas lleg¨® a pedir al Consistorio el derribo de todos los chamizos que ten¨ªa arrendados para conseguirlo.?¡°Yo soy el primero, pero luego van los dem¨¢s¡±, dice Khnisser en referencia a la sentencia que le obliga a dejar la casa y pagar todos los retrasos del alquiler; del resto de inquilinos, algunos tienen un contrato firmado, como ¨¦l, y otros no.?

El contexto de la Ca?ada Real es muy complicado, pues se trata de un gigantesco entramado urbano ¡ªcon chabolas, pero tambi¨¦n viviendas bien construidas y hasta chal¨¦s de lujo¡ª, consentido durante d¨¦cadas por las administraciones a lo lo largo de casi 15 kil¨®metros de la antigua v¨ªa pecuaria. Y con residentes que, a pesar de haber levantado sus casas de forma ilegal ocupando terrenos p¨²blicos o adquiriendo algo que en realidad no se pod¨ªa ni comprar ni vender, han ido generando en ese tiempo una serie de derechos que han complicado enormemente cualquier soluci¨®n. "Muchos han estado pagando el IBI. Por eso creo que esta situaci¨®n no es exactamente la misma que cuando alguien ocupa una casa dando una patada a la puerta y despu¨¦s la alquila", insiste el abogado?Miguel Crespo.??

Un gran pacto pol¨ªtico abri¨® el a?o pasado el camino para regularizar las viviendas que se pueda y realojar a los que vivan en el resto. Pero el proceso puede durar lustros. Mientras, la presi¨®n de las autoridades se centra en las nuevas construcciones ¡ªpara evitar que siga llegando gente¡ª, los puntos de venta de droga y los numerosos alquileres ilegales de infraviviendas, chabolas y hasta en naves industriales. En febrero pasado, por ejemplo, el Consistorio tir¨® abajo seis casetas de obra alquiladas como vivienda por entre 150 y 300 euros al mes. El Ayuntamiento tiene por norma, en todo caso, no derribar ninguna construcci¨®n ocupada por familias si no tienen una vivienda alternativa para ellas.