Los expertos coinciden en que no es posible publicar ahora la lista de la amnist¨ªa fiscal

La pol¨¦mica sobre la amnist¨ªa fiscal sigue viva seis a?os despu¨¦s. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, insisti¨® cuando estaba en la oposici¨®n en que publicar¨ªa los nombres de los defraudadores que se acogieron al procedimiento de regularizaci¨®n extraordinaria, lo cierto es que ahora no puede hacerlo. As¨ª lo ha reconocido este martes en el Congreso de los Diputados.

S¨¢nchez ha justificado que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el a?o pasado,? anulaba el indulto fiscal pero no sus consencuencias por no tener efectos retroactivos sobre las regularizaciones. S¨¢nchez ha anunciado desde la tribuna de la C¨¢mara Baja una reforma legal para "prohibir futuras amnist¨ªas fiscales". Se trata de una iniciativa que ya anunci¨® el anterior ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, hace un a?o, en una sesi¨®n parlamentaria en la que pidi¨® perd¨®n por la pol¨¦mica medida.

Las declaraciones est¨¢n prescritas

Los expertos coinciden en la dificultad jur¨ªdica de publicar ahora los nombres de los contribuyentes que se acogieron a la amnist¨ªa. Miguel P¨¦rez de Ayala, abogado y experto tributario, explica que "se trata de una informaci¨®n privada, protegida por el art¨ªculo 95 de la Ley General Tributaria que establece el car¨¢cter reservado de los datos tributarios". P¨¦rez de Ayala precisa que si se quer¨ªa publicar los nombres se pod¨ªa haber especificado cuando se aprob¨® la declaraci¨®n tributaria especial (DTE), "pero cinco a?os despu¨¦s no tiene ning¨²n sentido, ni posibilidad por la irretroactividad". Este experto fiscalista afirma: "No entiendo cual ser¨ªa ahora el efecto de publicar unas declaraciones que est¨¢n completamente prescritas desde noviembre de 2016".

La Constituci¨®n se?ala en el art¨ªculo 9.3: "Se garantiza el principio de legalidad, la jerarqu¨ªa normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jur¨ªdica, la responsabilidad y la interdicci¨®n de la arbitrariedad de los poderes p¨²blicos". Precisamente ese es el art¨ªculo al que alude el Tribunal Constitucional para establecer en "una sentencia dur¨ªsima"??? que las declaraciones "no pueden ser revisadas".

Salvador Ruiz Gallud, especialista tributario del despacho Equipo Econ¨®mico, sostiene que "en su momento se establecieron unas reglas del juego determinadas. Publicar la lista supone romper esas reglas". Ruiz Gallud, que fue director general de la Agencia Tributaria, remarca que "la confidencialidad de la informaci¨®n tributaria es algo fundamental en la pol¨ªtica tributaria. No concibo que se pueda difundir informaci¨®n confidencial de los contribuyentes".

Este experto recuerdae que cualquier caso tributario que llegue a los tribunales termina haci¨¦ndose p¨²blico. Aunque rechaza la amnist¨ªa, Ruiz Gallud sostiene que tiene que haber una salida fiscal para el contribuyente que se ha equivocado o ha cometido una irregularidad. Los contribuyentes ya hacen regularizaciones voluntarias. "Si se publica es un incentivo negativo".

Atenta contra la seguridad jur¨ªdica

Tom¨¢s Lamarca, socio de la firma Lean abogados, recuerda que el decreto 12/2012, que regulaba la norma ya establec¨ªa la confidencialidad de los datos. "Cambiarlo ahora provocar¨ªa inseguridad jur¨ªdica y atentar¨ªa contra el principio de confianza leg¨ªtica con la Administraci¨®n", explica este especialista tributario. "Este principio deriva de los postulados constitucionales de seguridad jur¨ªdica, respecto al acto propio y buena fe, y busca proteger al administrado frente a las modificaciones intempestivas que adopte la Administraci¨®n", recalca Lamarca.

Pedro S¨¢nchez ha reconocido en el Congreos que no puede publicar los nombres a pesar de que defendi¨® durante meses su publicidad. Ha defendido que este proceso fue "un fracaso moral y tambi¨¦n desde el punto de vista recaudatorio". Ha recordado, adem¨¢s, que fue el PSOE el que recurri¨® la medida ante el Tribunal Constitucional. Durante su intervenci¨®n parlamentaria ha manifestado: "Desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnist¨ªa fiscal. Desafortunadamente no podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustar¨ªa, cr¨¦anme, pero podemos evitar que se produzcan nuevas amnist¨ªas fiscales".

En ese punto, S¨¢nchez ha anunciado un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal para perseguir a los grandes defraudadores, incluir a los responsables solidarios en los casos de evasi¨®n, actualizar la lista de para¨ªsos fiscales y prohibir futuras amnist¨ªas fiscales. "Un Estado del bienestar de primera requiere un sistema fiscal de primera y no de tercera", ha zanjado.

Una medida controvertida

La amnist¨ªa fiscal fue una de las medidas m¨¢s pol¨¦micas del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. Nada m¨¢s alcalzar el poder en 2012, el PP aprob¨® una amnist¨ªa fiscal al objeto de ingresar unos 2.500 millones de euros. Espa?a atravesaba entonces el peor momento de la crisis y los mercados financieros lanzaban dentelladas contra la deuda soberana. El Ejecutivo de Rajoy se debat¨ªa sobre pedir el rescate. La Declaraci¨®n Tributaria Especial (DTE), como bautizaron eufemisticamente a la amnist¨ªa, permit¨ªa legalizar el dinero negro, mucho oculto en otros pa¨ªses, a cambio de pagar solamente un 10%.

Durante el proceso surgieron dudas respecto a la garant¨ªa que tendr¨ªan los defraudadores para que no se les persiguiera y Hacienda emiti¨® un dictamen garantiz¨¢ndoles inmunidad si se acog¨ªan a la regularizaci¨®n voluntaria. Adem¨¢s, limit¨® el pago del tributo a los ¨²ltimos cuatro a?os no prescritos. Estos provoc¨® que, por ejemplo, pagando solamente un 3% se pudiera blanquear todo el dinero que un evasor ten¨ªa en Suiza.

Un fracaso pese a los incentivos

Aunque se presentaron 31.500 declaraciones del modelo 750, el que sirvi¨® para regular la amnist¨ªa, apenas se ingres¨® 1.200 millones, la mitad de lo previsto. El anterior ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, termin¨® pidiendo perd¨®n en repetidas ocasiones en el Congreso por haber aprobado la medida. Y aunque aseguraba que sirvi¨® para conocer muchos datos tributarios de contribuyentes con alto riesgo de defraudar reconoci¨® que fue un error.

Finalmente el Tribunal Constitucional declar¨® nula la amnist¨ªa fiscal el a?o pasado. La sentencia consider¨® que el decreto ley por el que se aprob¨® el indulto fiscal era inconstitucional ya que no era el veh¨ªculo adecuado para aprobar esta medida, que legitim¨® el fraude.