Un tercio de los nuevos contratos p¨²blicos de seguridad incumplen la norma en los precios

La nueva ley de contrataci¨®n p¨²blica se va aplicando con trompicones. En los primeros meses en vigor, se publicaron unos 550 concursos sobre seguridad privada por todas las administraciones de los que 181 no cumpl¨ªan la exigencia de que el precio no pesara m¨¢s del 49% en la baremaci¨®n final, seg¨²n los c¨¢lculos del observatorio creado por la patronal de grandes empresas del sector, Aproser, y los sindicatos UGT, CC?OO y USO. La mayor¨ªa de esos problemas, m¨¢s del 75%, se subsanan en el periodo de alegaciones, apuntan en el propio observatorio. El Ministerio de Hacienda se?ala, por su parte, que los concursos que supervisa ¡ªcontratos de seguridad centralizados en Madrid de la Administraci¨®n estatal¡ª s¨ª se ajustaban a la norma.

Desde el 9 de marzo de 2018, las subcontratas nuevas de la Administraci¨®n cuando salen a concurso no pueden asignarle al precio m¨¢s del 49% de la baremaci¨®n final. Tambi¨¦n deben dar preferencia a las empresas que respeten el convenio sectorial frente al de empresa. El objetivo es evitar que se deterioren las condiciones laborales de los trabajadores de esas compa?¨ªas.

Esto se est¨¢ cumpliendo en la mayor parte de ocasiones. Pero hay un porcentaje de incumplimientos en la fase inicial, denuncian desde el observatorio de la seguridad privada. Este ¨®rgano, que agrupa principalmente a las grandes empresas del sector, calcula que en 181 de 550 (el 33%) concursos analizados entre mayo y octubre pasado el peso del precio superaba esos 49 puntos porcentuales que marca la ley. Ninguna administraci¨®n destaca especialmente. Sobre los contratos vigentes adjudicados con la norma antigua, Hacienda aclara que no tienen porqu¨¦ cumplir este requisito todav¨ªa.

Cuando detectan esto, en el observatorio han optado por advertir a la administraci¨®n de turno, se?alan que no hay una que destaque sobre otras por su incumplimiento, sin llegar a los tribunales. Tras esa alegaci¨®n, la mayor parte de veces se corrige, entre el 75% y el 80% de las veces, como en la Diputaci¨®n de Palencia, y en otras incluso se desiste y se comienza un nuevo procedimiento, como ha sucedido en Patrimonio Nacional.

"No vamos a juicio porque no queremos que el sector est¨¦ judicializado y paralizado. Preferimos ayudar cuando detectamos que hay alg¨²n problema", apuntan desde la patronal Aproser y desde el observatorio, mostrando un listado de los procesos analizados sin ense?ar los nombres de las administraciones afectadas, argumentan que no quieren que haya conflictividad de ning¨²n tipo. En su opini¨®n, esta situaci¨®n se est¨¢ dando por "costumbre", no por mala fe.

Mucha inercia

Comparte esta visi¨®n Jos¨¦ Mar¨ªa Gimeno Feliu, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, experto en contrataci¨®n p¨²blica. "Hay mucha inercia. Est¨¢ costando la idea de que entre la calidad", ahonda, tras se?alar que ¨¦l no ha hecho un seguimiento cuantitativo de las cifras de contrataci¨®n desde que la nueva ley entr¨® en vigor, pero s¨ª subraya que las del observatorio le parecen veros¨ªmiles.

Tambi¨¦n otra patronal como la de limpieza p¨²blica, Aselip, destacan que es una ley "muy complicada, que tuvo 1.070 enmiendas", y eso podr¨ªa dificultar su aplicaci¨®n. Aunque a?aden: "Se sigue priorizando el precio y as¨ª no hay margen para la innovaci¨®n, en el que las empresas espa?olas somos punteras".

Frente a la visi¨®n de las patronales, Diego Gir¨¢ldez, de UGT, sindicato m¨¢s representativo del sector, es m¨¢s comprensivo. Subraya que los incumplimientos tras las rectificaciones son muy pocos. Cree que la nueva ley ha respondido a bastantes de sus reclamaciones. Aunque subraya que "los precios siguen siendo bajos en la seguridad privada" y eso, en un sector en que el 90% del coste es mano de obra, repercute en los sueldos.