El volc¨¢n del alquiler

La vivienda en alquiler atraviesa una crisis volc¨¢nica. No porque no tenga futuro. Porque no tiene presente.

Los precios de compraventa se han multiplicado. Aunque no llegan a¨²n a los extremos de la etapa de la burbuja. Est¨¢n a¨²n cerca del 15% m¨¢s bajos. Pero han aumentado m¨¢s de un tercio desde los m¨ªnimos de 2013. En Barcelona y Madrid la situaci¨®n es m¨¢s explosiva que la media.

Ello, junto a la resaca social de las ejecuciones hipotecarias del pasado inmediato, conduce a los j¨®venes a la opci¨®n del alquiler. Dos tercios de los nuevos hogares son de inquilinos.

As¨ª, en 1970 el 30% de las viviendas era de alquiler, porcentaje que baj¨® al 11,4% en 2011 y que subi¨® al 22,2% en 2017, seg¨²n las estad¨ªsticas del Ministerio de Fomento, muy mejorables.

En todo caso, siempre por debajo de los pa¨ªses europeos m¨¢s comparables con el nuestro. Pero los precios del alquiler se han duplicado, aproximadamente en las zonas m¨¢s calientes, desde la crisis.

La entrada masiva de fondos de inversi¨®n privados, de fondos buitre (distintos de los anteriores), de plataformas de alquiler de pisos tur¨ªsticos y de socimis (sociedades an¨®nimas cotizadas de inversi¨®n en el mercado inmobiliario) han influido en ese alza, aunque con densidad variable.

Lo cierto es que el drama social se agudiza m¨¢s en el segmento de los inquilinos que en el de los propietarios.

Los desahucios hipotecarios descendieron a 22.330 en 2017 (desde 25.811 en 2013, cifras del CGPJ) mientras que los causados por el impago del alquiler subieron de 34.193 a 35.666 entre 2016 y 2017: un alza del 4,13% que se aceler¨® en 2018, al 6,15% en el segundo semestre y al 7,9% en el tercero. Una de cada seis evicciones se produjo en viviendas arrendadas.

La merienda de negros madrile?a (desamortizaci¨®n al rev¨¦s) de venta, a bajo precio, de vivienda p¨²blica a fondos buitre por la que ha sido condenada la exalcaldesa Ana Botella ilustra c¨®mo esas entidades contribuyen al aumento de la precariedad habitacional.

Su gesti¨®n din¨¢mica significa de hecho que practican aumentos sistem¨¢ticos, lo que les permite triplicar la rentabilidad de los caseros tradicionales y retornos anuales de la inversi¨®n de hasta el 20%.

Las Administraciones abandonaron sus responsabilidades. M¨¢s del 95% de la oferta de alquiler en Espa?a proviene de los particulares; en Europa la cifra se acerca al 65%. Y la oferta p¨²blica de pisos asequibles apenas alcanza el 2,5% del parque total. El parque p¨²blico de viviendas de protecci¨®n oficial (VPO, compraventa y alquiler) capot¨® un 82% de 2013 a 2017.

Sin un sustancial parque p¨²blico de vivienda en alquiler que module los precios del mercado, la eficacia de los controles de precios se revela limitada: lo ha sido incluso donde lo hay, como en Par¨ªs o Berl¨ªn.

El parque p¨²blico es lo m¨¢s decisivo: el reciente decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, da dos meses de plazo para arbitrar la estrategia (y el presupuesto) con que construir 20.000 viviendas.

Ejemplo casi tan sangrante de la incuria p¨²blica como el de Botella es la Generalitat, cuyo presidente proclama en cada discurso la vocaci¨®n social de su Govern.

En pol¨ªtica de vivienda, durante los siete a?os de proc¨¦s 117.000 VPO han perdido en Catalu?a esa categor¨ªa y se pueden vender a precios de mercado (al transcurrir 30 a?os). Pasar¨¢ lo mismo con las m¨¢s de 130.000 restantes construidas desde 1981.

El Govern prometi¨® en octubre un decreto para convertir en perpetua la prohibici¨®n de venta a este tipo de pisos. Ha hecho lo de siempre. Nada.