La Abogac¨ªa respalda el decreto de los VTC del Gobierno y lo blinda frente a reclamaciones millonarias

El Gobierno se ha apoyado en un informe de la Abogac¨ªa del Estado para defender la validez de su pol¨¦mico real decreto ley sobre los veh¨ªculos de alquiler concertado (VTC) ¡ªconocido como anti-VTC o anti-Uber¡ª y tratar de esquivar indemnizaciones multimillonarias. El abogado del Estado jefe del Ministerio de Fomento firma un informe, al que ha tenido acceso EL PA?S, en el que asume que la norma va a causar ¡°perjuicios¡± a los propietarios de las licencias, pero considera que la ¡°eventual discordancia¡± entre los c¨¢lculos del Gobierno y los que hagan las empresas ¡°queda corregida¡± en el propio decreto.

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La normativa transfiere a las comunidades aut¨®nomas y a los Ayuntamientos la competencia para regular la actividad de estas empresas, a las que, a modo de indemnizaci¨®n en especie, da un plazo de cuatro a?os para seguir operando en el interior de las ciudades. Pasado ese tiempo, sus coches no podr¨ªan realizar trayectos urbanos si as¨ª lo deciden las comunidades o Ayuntamientos. La norma prev¨¦ incluso que se pueda ampliar ese plazo si las empresas justifican que los cuatro a?os no compensan el perjuicio que les causa. La Abogac¨ªa del Estado argumenta que los titulares de las licencias no son sus due?os ¡ªpor lo que la norma no afectar¨ªa al derecho de propiedad regulado en el art¨ªculo 33 de la Constituci¨®n¡ª y que tampoco les est¨¢ privando de su autorizaci¨®n sino que ¨²nicamente ¡°delimita su alcance¡±.

El sector de los veh¨ªculos de transporte concertado (VTC), asesorado por reputados despachos de abogados en Madrid y Barcelona, cree que varios art¨ªculos del decreto son inconstitucionales. El informe de la Abogac¨ªa del Estado los repasa uno a uno y concluye lo contrario. Sobre la cuesti¨®n competencial, por ejemplo, afirma que ¡°no afecta al r¨¦gimen de las comunidades aut¨®nomas¡± porque simplemente modifica un art¨ªculo de la Ley de Ordenaci¨®n de Transporte Terrestre, que es una ley ordinaria que ¡°ni delimita ni regula las competencias¡± auton¨®micas.

La Abogac¨ªa tambi¨¦n respalda la ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡± que debe justificar todo real decreto ley (frente a la tramitaci¨®n como ley ordinaria, que requiere debate parlamentario) y da por bueno como motivo la ¡°patente conflictividad social¡± que alega el Ejecutivo para actuar.

El Gobierno aprob¨® el decreto anti-VTC en septiembre pasado, tras las contundentes protestas de los taxistas en verano, y consigui¨® as¨ª desviar el foco de atenci¨®n del Ministerio de Fomento a las comunidades y las grandes ciudades. Pero no se ha librado del todo de la patata caliente, puesto que las empresas creen que los cuatro a?os de moratoria son insuficientes y le est¨¢n reclamando muchos m¨¢s o compensaciones econ¨®micas. Si no reciben respuesta, acudir¨¢n al contencioso-administrativo, aseguran fuentes jur¨ªdicas. Estas hablan de hasta 16.000 pleitos llegando casi a la vez a los juzgados. ¡°Va a ser como las cl¨¢usulas suelo¡±, desliza esta fuente. Los abogados est¨¢n a la expectativa, pero avanzan ¡°largas batallas jur¨ªdicas¡±.

La semilla del problema est¨¢ en la liberalizaci¨®n que registr¨® el sector entre los a?os 2009 y 2013, gracias a la ley ¨®mnibus que aprob¨® el Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en 2009 que permit¨ªa solicitar licencias de transporte con conductor sin l¨ªmite. El Gobierno del PP volvi¨® a regular el sector en 2013 al aprobar una nueva Ley de Transporte Terrestre, que impon¨ªa una ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi pero que no fue obligatoria hasta el desarrollo reglamentario, en 2015. Nunca se ha cumplido. Actualmente hay un VTC por cada seis taxis y el Tribunal Supremo sigue concediendo licencias resultantes de solicitudes anteriores a que el l¨ªmite 1/30 entrase en vigor en 2015. El alto tribunal considera que a esas solicitudes se les debe aplicar la ley existente cuando se presentaron, es decir, sin aplicar la ratio 1/30 de forma retroactiva. En ciudades como Madrid ya hay tres licencias por cada taxi.

El sector del taxi hace huelga como presi¨®n para que las comunidades y los Ayuntamientos regulen y restrinjan ya la actividad de las VTC. Entre sus principales demandas est¨¢ la de la precontrataci¨®n: que sea necesario pedir un VTC horas antes del viaje.