Solo Madrid (y a lo mejor Andaluc¨ªa) resisten el embate de los taxistas contra Uber y Cabify

La desconvocatoria de la huelga indefinida por los taxistas de Madrid el pasado mi¨¦rcoles tras 16 d¨ªas de paros ha supuesto un punto de inflexi¨®n en el conflicto enconado que mantiene el sector del taxi con las empresas de veh¨ªculos de transporte concertado (VTC) que usan aplicaciones como Cabify y Uber.

La Comunidad de Madrid, en la que se concentra la mitad (49,8%) de los VTC de Espa?a con 6.632 licencias, ha sido la ¨²nica administraci¨®n auton¨®mica que ha resistido claramente las presiones del taxi, y no ha legislado para restringir la actividad de esta nueva forma de movilidad que tiene el m¨®vil como principal aliado.

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En el otro bando, la Generalitat de Catalunya se ha decantado sin ambages por defender los "intereses anticompetitivos" de los taxistas, como los califica la autoridad de Competencia, mediante un decreto-ley que impone la precontrataci¨®n de los VTC con al menos 15 minutos de antelaci¨®n lo que, en la pr¨¢ctica ha supuesto la desaparici¨®n de un servicio cuya principal ventaja es la inmediatez ya que el 98,5% de sus viajes se realizan con tiempos inferiores a ese cuarto de hora de espera.

El Gobierno vasco no ha tardado en seguir los mismos pasos aprobando una legislaci¨®n muy similar a la catalana, y los ejecutivos de Valencia y Arag¨®n y Baleares preparan normativas casi id¨¦nticas para expulsar a los VTC. La inc¨®gnita ahora es saber qu¨¦ har¨¢ el nuevo gobierno andaluz de PP y Ciudadanos que, como en otras materias, se mueve en la ambig¨¹edad y no ha definido su postura.

El conflicto se ha politizado abiertamente como demostraron las manifestaciones de ambas partes en Madrid: los taxistas concentr¨¢ndose frente a la sede del PP, y los conductores de VTC frente a las del PSOE y Podemos. Esa politizaci¨®n se ha trasladado a la legislaci¨®n. En general, los gobiernos dominados por nacionalistas o socialistas han sido los que han recogido el guante del decreto del Ministerio de Fomento que traspasaba la competencia de la normativa sobre VTC a las comunidades aut¨®nomas, y han aprobado normas tan restrictivas que, en la pr¨¢ctica, suponen un veto a la actividad de estos veh¨ªculos.

Por el contrario, las comunidades gobernadas por el PP han rechazado esa competencia, aunque con excepciones como Galicia. El gobierno de Alberto N¨²?ez Feij¨®o tambi¨¦n se ha puesto del lado de los taxistas y estudia la "viabilidad legal" de obligar a que los VTC se tengan que reservar con una antelaci¨®n m¨ªnima de tres horas, pese a la escasa implantaci¨®n de estos veh¨ªculos en la regi¨®n.

Debido a esa politizaci¨®n, las elecciones auton¨®micas y municipales del pr¨®ximo 26 de mayo pueden suponer un cambio radical en la evoluci¨®n. Este es el panorama legislativo en las comunidades aut¨®nomas donde est¨¢n implantados los VTC

Catalu?a

El Gobierno catal¨¢n ha aprobado un decreto-ley que establece que los veh¨ªculos VTC deber¨¢n fijar un periodo de precontrataci¨®n de al menos 15 minutos, ampliable hasta una hora por los distintos ayuntamientos. Tambi¨¦n introduce la eliminaci¨®n de la geolocalizaci¨®n que solo se podr¨¢ activar una vez que el usuario haya contratado el servicio y medidas para evitar que los veh¨ªculos se mantengan circulando vac¨ªos como hacen los taxis.

Uber y Cabify anunciaron que dejaban de dar servicio en la ciudad desde el 1 de febrero, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto. Las empresas propietarias de las licencias como Vector Ronda presentaron expedientes de regulaci¨®n de empleo para sus 3.500 trabajadores, en el mayor ERE de los ¨²ltimos 40 a?os en la regi¨®n.

Adem¨¢s, las empresas ya preparan la batalla jur¨ªdica. Van a recurrir el decreto del Govern ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y adem¨¢s solicitar¨¢n ante los tribunales ordinarios indemnizaciones por da?os y perjuicios por 1.100 millones de euros. Incluso no descartan la v¨ªa penal contra el presidente Quim Torra y nueve miembros de su gobierno.

Madrid

Al principio del conflicto, el Gobierno del popular ?ngel Garrido se mostr¨® favorable a las tesis de los taxistas, y pact¨® con el Ayuntamiento de la capital dirigido por Manuela Carmena un borrador de normativa que establec¨ªa el concepto de "precontrataci¨®n espacial" y no temporal de estos coches. En lugar de pedir el servicio con antelaci¨®n, el veh¨ªculo solicitado y el viajero deb¨ªan estar a una distancia m¨ªnima de 300 o 500 metros.

Esta peculiar condici¨®n fue rechazada incluso por las taxistas, que radicalizaron su postura con cortes de calles (tuvieron que ser desalojados del Paseo de la Castellana) y manifestaciones frente a la sede del Gobierno regional y del PP. Garrido se neg¨® entonces a "legislar para hacer desaparecer" un sector de los VTC y los 3.000 trabajadores que emplea, y ni siquiera acept¨® la ¨²ltima propuesta de los taxistas de dejar que fuera el ayuntamiento de Carmena -favorable a sus tesis- el encargado de legislar.

Los taxistas votaron levantar la huelga el pasado d¨ªa 6 y se emplazaron a despu¨¦s de las elecciones del 26 de mayo a reiniciar sus movilizaciones con el nuevo gobierno regional que salga de las urnas. Entretanto, y a falta de esa legislaci¨®n sobre VTC, el Gobierno de Garrido tiene ya preparado el nuevo reglamento del taxi, con el que trata de compensar al sector al permitir que los ayuntamientos puedan poner en marcha planes de amortizaci¨®n (recompra) de licencias, para adaptar la oferta y la demanda.Tambi¨¦n se establece una especie de precio fijo al introducir la posibilidad de que "los servicios previamente contratados puedan ser realizados con contrataci¨®n por plaza y pago individual", y que las tarifas del tax¨ªmetro tengan el car¨¢cter de m¨¢ximas de forma que el usuario podr¨¢ conocer el precio del servicio antes de su realizaci¨®n.

Valencia

El Gobierno socialista de la Generalitat Valenciana, apoyado por nacionalistas y Podemos, ha replicado la normativa catalana sin disimulo. Ya tiene lista una normativa que introduce un periodo m¨ªnimo de 15 minutos entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio, un periodo que los ayuntamientos podr¨¢n incrementar en su ¨¢mbito urbano si lo consideran necesario. Tambi¨¦n proh¨ªbe la geolocalizaci¨®n, impone que los VTC tengan que estar en garajes o aparcamientos cuando no est¨¦n ocupados e introduce medidas como que los veh¨ªculos deban tener menos de 10 a?os y en el caso de ser sustituidos cambiarse por coches ecol¨®gicos.

La patronal Unauto ya ha avisado que cuando se apruebe esta norma supondr¨¢ la suspensi¨®n del servicio de los 323 Uber y Cabif que operan en la regi¨®n, y la desaparici¨®n de 500 puestos de trabajo, as¨ª como la petici¨®n de indemnizaciones a la Administraci¨®n seg¨²n se?ala el presidente de la asociaci¨®n en la Comunidad Valenciana, Ricardo Gonz¨¢lez.

Pero a diferencia de Catalu?a, el Gobierno de Ximo Puig tiene un problema de calendario. Debe enviar el borrador del decreto a todos los implicados y esperar luego el dictamen de la Abogac¨ªa General de la Generalitat, para que el pleno del Consell lo apruebe. De ah¨ª, pasar¨¢ para su aprobaci¨®n a Las Cortes pero la disoluci¨®n de la c¨¢mara est¨¢ prevista para la primera semana de abril, de modo que los plazos son muy apurados. Si no da tiempo, tendr¨ªa que ser la Diputaci¨®n Permanente de la c¨¢mara la que validara el decreto-ley, aunque algunos juristas dudan que este ¨®rgano puede aprobar la norma ya que su funci¨®n es atender solo medidas muy urgentes.

Andaluc¨ªa

El nuevo Gobierno andaluz de coalici¨®n entre el PP y C¡¯s sigue titubeando a la hora de dar una soluci¨®n al conflicto. La consejera de Fomento, Marifr¨¢n Carazo, se ha limitado a ofrecer al taxi ¡°di¨¢logo y colaboraci¨®n para encontrar su equilibrio con los VTC¡±. A falta de una propuesta concreta ha creado un grupo de trabajo con todos los sectores implicados que se reunir¨¢ el pr¨®ximo 14 de febrero.

El Ejecutivo andaluz no lo a va tener f¨¢cil. Los ayuntamientos de ciudades como Sevilla, Granada o C¨®rdoba, todas ellas gobernadas por el PSOE con el apoyo de Podemos/IU, se muestran a favor de restringir las VTC, que tienen 1.869 licencias en la regi¨®n. El patr¨®n lo ha fijado el ayuntamiento hispalense que ha acordado con las principales asociaciones de taxistas pedir a la Junta que la futura regulaci¨®n de los VTC supedite sus servicios a una precontrataci¨®n previa de entre 30 y 60 minutos y les sea obligatorio regresar a base tras cada porte. Algunos ayuntamientos amenazan incluso con rebelarse si no se atienden estas peticiones.

Baleares

La Conselleria de Movilidad de Baleares est¨¢ ultimando un decreto con el que pretende que los VTC, que tienen solo 214 licencias en las islas, tengan que ser contratados con una hora de antelaci¨®n y a trav¨¦s de una agencia. Se prev¨¦ que el decreto sea aprobado antes de que concluya la presente legislatura.

Adem¨¢s la Administraci¨®n sacar¨¢ a concurso la creaci¨®n de una futura aplicaci¨®n para m¨®viles que le permitir¨¢ al cliente reclamar un taxi a trav¨¦s de la app y visualizar la ubicaci¨®n del coche que acude a recogerlo. El coste correr¨¢ a cargo del contribuyente, no de los taxistas.

Pa¨ªs Vasco

El Gobierno vasco va a dar luz verde a una normativa que obligar¨¢ a contratar las VTC (actualmente 95 veh¨ªculos) con al menos una hora de antelaci¨®n, salvo en ¡°circunstancias especiales¡± como urgencias, mutuas de accidente y asistencia en carretera, entre otros supuestos. Los VTC no podr¨¢n en ning¨²n caso circular por las v¨ªas p¨²blicas en busca de viajeros y la geolocalizaci¨®n de los veh¨ªculos solo la conocer¨¢ la empresa y nunca los clientes.