Per¨²: repaso a una crisis pol¨ªtica que no cesa

Los ¨²ltimos dos a?os de la vida pol¨ªtica peruana han estado lastrados por el desgobierno y la corrupci¨®n, sumiendo al pa¨ªs en una crisis a la que solo se le puede dar soluci¨®n si se atienden algunos de los males end¨¦micos e irresolutos de la democracia peruana. Su composici¨®n bicameral, tras las elecciones de 2016, dej¨® un pa¨ªs marcadamente polarizado, con un Legislativo fujimorista, organizado en torno a Keiko Fujimori, y a un empresario con trayectoria pol¨ªtica como presidente. ?ste, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), fue ministro con Bela¨²nde (1980-1985) y Toledo (2001-2006), y se impuso por un escaso margen de votos frente a la hija de Alberto Fujimori.

Como era de esperar, el fujimorismo se mostr¨® agresivo desde el inicio y tan pronto pudo intent¨® revocar algunos cargos del Gobierno de PPK, tal y como suceder¨ªa, primero con la ministra de Educaci¨®n, Maril¨² Martens, y despu¨¦s con todo el gabinete en su conjunto. Esto, tras un intento de envidar las presiones de la oposici¨®n de quien fuera presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, al promover una cuesti¨®n de confianza truncada. Cuesti¨®n que tendr¨ªa lugar el 14 de septiembre y que se resolvi¨® la madrugada del d¨ªa siguiente dejando consigo la dimisi¨®n en bloque y la conformaci¨®n, de manera totalmente imprevista, de un nuevo Ejecutivo por parte de PPK.

Apenas transcurridos unos pocos meses desde aquello, y con unas relaciones con el Legislativo de absoluto descr¨¦dito, acontece una nueva situaci¨®n que azota los cimientos del Gobierno de Kuczynsky. Lo anterior, como consecuencia de un esc¨¢ndalo de redes clientelares del mismo presidente que, cuando hac¨ªa las veces de ministro de Estado durante la presidencia de Alejandro Toledo, utiliz¨® su posici¨®n de poder para favorecer servicios a Odebrecht a cambio de suculentos reembolsos. Nuevamente, el fujimorismo encontraba la ocasi¨®n perfecta para erosionar la figura del maltrecho presidente, de manera que en diciembre de 2017 solicita la renuncia presidencial, arguyendo impedimentos morales.

Si bien ¨¦sta no fructific¨®, PPK qued¨® arrinconado y su respuesta para reducir la presi¨®n de la oposici¨®n no fue otra que la de indultar a Alberto Fujimori. El indulto de quien fue responsable entre 1990 y 2000 del derrumbe de la democracia peruana gracias a una suerte de ¡®patrimonializaci¨®n¡¯ del Estado y que dej¨® consigo cr¨ªmenes de lesa humanidad, dejaba perplejas a miles de v¨ªctimas y millones de ciudadanos, cuesti¨®n aparte de la comunidad internacional. Adem¨¢s, huelga recordar que dicho indulto se dar¨ªa en la Nochebuena de 2017.

Fruto de lo anterior dimitieron tres ministros del Ejecutivo y se sucedieron presiones desde la izquierda peruana, pero tambi¨¦n desde el fujimorismo, al entender que aun con todo hab¨ªa nuevas pruebas que responsabilizaban al presidente por sus tratos de favor como ministro. De hecho, este intento de remoci¨®n prosper¨®, y hacia marzo de 2018 obtuvo el respaldo del Legislativo, en medio de un conjunto de filtraciones y evidencias de pagos irregulares que no hicieron sino minar, si cabe m¨¢s, la de por s¨ª afectada popularidad del presidente.

A todo ello hay que sumar el hecho de que el segundo de los hijos de Alberto Fujimori, Kenji Fujimori, tambi¨¦n congresista, filtr¨® una serie de v¨ªdeos en los que altos mandos del Gobierno negociaban con el partido presidido por Keiko Fujimori, su hermana, una serie de desembolsos en ciertas regiones del pa¨ªs a cambio de no promover su dimisi¨®n. Era un punto sin retorno que, al d¨ªa siguiente, el 23 de marzo de 2018, hacia dimitir sin reservas a PPK y hac¨ªa que esa misma tarde, quien fuera hasta entonces vicepresidente, Mart¨ªn Vizcarra, asumiera las riendas del Gobierno peruano.

Apenas tres meses despu¨¦s de todo lo anterior, el portal IDL-Reporteros, con el reputado periodista Gustavo Gorriti a la cabeza, destapa el en¨¦simo caso de corrupci¨®n pol¨ªtica en Per¨². En esta ocasi¨®n se hacen p¨²blicas una serie de grabaciones que recogen tratos de favor, gratificaciones y favores de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los cuales se cobrar¨ªan la dimisi¨®n del ministro de Justicia, Salvador Heresi, y del presidente de la Corte Suprema. Este hecho dejaba de nuevo miles de proclamas y altercados de una poblaci¨®n civil que abandera el lema, ya recurrido, ¡°que se vayan todos¡±. La respuesta inteligente del oficialismo, la cual consigui¨® calmar los ¨¢nimos, fue la de convocar un refer¨¦ndum en contra de la corrupci¨®n, y cuya medida nuclear era poner fin a las reelecciones de congresistas y magistrados.

Sin embargo, lejos de dicha realidad, el poder del fujimorismo en el Legislativo es tal que autom¨¢ticamente puso en marcha una serie de leyes que dejaban en una compleja situaci¨®n al poder del Ejecutivo. Por ejemplo, se revalidaba la elecci¨®n de diputados y se promovieron elementos a favor de la opacidad y de las relaciones clientelares de los representantes del poder Legislativo, lo cual era respondido nuevamente desde el Ejecutivo y el Poder Judicial. En este vaiv¨¦n de presiones y confrontaciones, Keiko Fujimori terminaba detenida por financiaci¨®n irregular en su campa?a de 2011, y Alan Garc¨ªa, igualmente presionado por lavado de activos y relaciones con Odebrecht, solicita un derecho de asilo en Uruguay que fue tajantemente denegado por Tabar¨¦ V¨¢squez, el 3 de diciembre de 2018.

La en¨¦sima colisi¨®n entre el Ejecutivo y la rama fujimorista del poder judicial desencaden¨® el ¨²ltimo proceso de crisis pol¨ªtica de los ¨²ltimos dos a?os. Esto, coincidiendo con el viaje del presidente Vizcarra para la toma de posesi¨®n de su hom¨®nimo brasile?o, Jair Bolsonaro. El 31 de diciembre, el controvertido fiscal de la Naci¨®n, Pedro Ch¨¢varry, remov¨ªa de sus puestos a dos de los valedores de la persecuci¨®n a la corrupci¨®n presidencial de los exmandatarios Alejandro Toledo, Alan Garc¨ªa y el mismo PPK. Es decir, destitu¨ªa a Rafael Vela y Jos¨¦ Domingo P¨¦rez, desatando numerosas movilizaciones sociales. As¨ª, a su vuelta, el 2 de enero de 2019, el mismo Vizcarra instaba al Congreso a declarar la emergencia del Ministerio Fiscal y consegu¨ªa la recuperaci¨®n de dos fiscales de referencia en la investigaci¨®n del caso Lava Jato.

El Estado se basa en una circulaci¨®n de elites personalistas que limitan la funci¨®n de los partidos pol¨ªticos y personifican la acci¨®n p¨²blica de una manera tan vertical como desp¨®tica

Desde finales de enero, podr¨ªa decirse que cuatro han sido los momentos de mayor notoriedad en una situaci¨®n en la que, como se puede observar, confluyen voluntades pol¨ªticas y judiciales manifiestamente enfrentadas. El 23 de enero retornaba Alberto Fujimori a la c¨¢rcel, y tres semanas despu¨¦s se suscrib¨ªa un acuerdo con Odebrecht para el esclarecimiento de los casos de corrupci¨®n y tr¨¢fico de influencias. Tras esto, el 17 de abril suced¨ªa un hecho sin precedentes: el expresidente Alan Garc¨ªa se suicidaba en su vivienda cuando la polic¨ªa acud¨ªa a detenerlo cautelarmente producto de las nuevas informaciones de v¨ªnculos con Oderbrecht, y PPK era detenido cautelarmente por un per¨ªodo de 36 meses con el fin de poder avanzar en las investigaciones judiciales.

En definitiva, y sobre la base de lo anterior, los ¨²ltimos dos a?os han contribuido a visibilizar, cuando menos, tres males end¨¦micos de Per¨² en particular y de buena parte de Am¨¦rica Latina en general. El primero de ellos es la transnacionalidad de Odebrecht, protagonista del caso Lava Jato, que hace las veces de actor cohesionador de la corrupci¨®n y las redes clientelares organizadas en torno a esta empresa de construcci¨®n brasile?a. Sus tent¨¢culos han afectado a buena parte de los gobiernos de la regi¨®n en la ¨²ltima d¨¦cada, si bien con suerte dispar. Se registran acciones de cohecho, corrupci¨®n y tr¨¢fico de influencias en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, M¨¦xico, Panam¨¢. Per¨² o Venezuela, si bien las consecuencias m¨¢s visibles han sido desarrolladas en el pa¨ªs andino, en donde hubo acusaciones y procesos directos que involucran hasta cuatro presidentes ¨COllanta Humala, Alan Garc¨ªa, Alejandro Toledo y PPK- e incluso a Keiko Fujimori.

Esto ir¨ªa conectado con dos elementos que tradicionalmente vienen desdibujando la democracia peruana, y buena parte de los sistemas pol¨ªticos de la regi¨®n. De un lado, un proceso de polarizaci¨®n pol¨ªtica donde los sistemas partidistas tienden hacia contextos centr¨ªfugos, en donde lejos de coaliciones gubernamentales nos encontramos oposiciones cainitas que anteponen la desestabilizaci¨®n como raz¨®n de ser para, con ello, erosionar los aparatos gubernamentales y satisfacer sus ambiciones pol¨ªticas. Unido a ello, reposa una ¡®patrimonializaci¨®n¡¯ del sistema estatal en favor de una circulaci¨®n de elites personalistas, que por un lado limitan la funci¨®n de los partidos pol¨ªticos per se, y por otro, personifican la acci¨®n p¨²blica de una manera tan vertical como desp¨®tica, tal y como sucede con Alan Garc¨ªa y el APRA o, en su ant¨ªpoda, con Fujimori y sus correligionarios.

Lo peor de lo anterior es que estas elites y apellidos han ido permeando, poco a poco, en buena parte de las estructuras del Estado, y han terminado por afectar a las estructuras judiciales y a los ¨®rganos de control, que m¨¢s que parte de la soluci¨®n se tornan en muchas ocasiones parte del problema. M¨¢s si cabe cuando la corrupci¨®n y la politizaci¨®n de la justicia se erigen como un binomio indisociable de parte de la pol¨ªtica peruana.

La clave fundamental y, por suerte, as¨ª lo entiende la otra parte del sistema pol¨ªtico y judicial peruano, reposa en fortalecer las claves de la democracia: mayor inversi¨®n p¨²blica, mejores mecanismos de rendici¨®n de cuentas y transparencia, unido a la necesidad de acotar los circuitos clientelares y los ¨¢mbitos de acci¨®n de las familias pol¨ªticas que instrumentalizan para beneficio propio el Estado. As¨ª, en definitiva, se trata de fortalecer los cimientos institucionales del Estado y, en particular, las responsabilidades y garant¨ªas del ejercicio de la acci¨®n p¨²blica como urgencias hacia las que debe mirar la democracia peruana. En especial, para dejar atr¨¢s el legado de un aprismo, de un fujimorismo y de un secuestro en general de las elites peruanas que solo podr¨¢ cambiar con nuevos vientos de una cultura pol¨ªtica, ¡®parroquializada¡¯ a la fuerza, pero que en ciertos sectores cr¨ªticos y con alta capacidad movilizadora de la sociedad civil, especialmente lime?a, puede encontrar aires de necesaria renovaci¨®n.

* Jer¨®nimo R¨ªos es investigador postdoctoral y profesor de Geograf¨ªa Pol¨ªtica y Geopol¨ªtica en la Facultad de Ciencias Pol¨ªticas y Sociolog¨ªa de la Universidad Complutense de Madrid (@Jeronimo_rios_)