Calvi?o, apremiada por la directiva europea sobre competencia
Seis meses despu¨¦s de su publicaci¨®n, Espa?a no ha realizado todav¨ªa la transposici¨®n de la normativa
Una de las tareas pendientes que tiene el Ministerio de Econom¨ªa, m¨¢s all¨¢ de que lo siga ocupando Nadia Calvi?o, es la transposici¨®n de la directiva ECN+ (por sus siglas en ingl¨¦s, European Competition Network) para reforzar y homologar la aplicaci¨®n del derecho de la competencia en los estados miembros de la UE. La directiva, que se public¨® en enero de este a?o y empieza a ser apremiante, supondr¨¢ la adaptaci¨®n de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) de 2007, en cuya elaboraci¨®n particip¨® precisamente Calvi?o cuando estaba en la Direcci¨®n General de Pol¨ªtica Econ¨®mica y que ya supuso una homologaci¨®n de la legislaci¨®n europea, introducci¨®n de la clemencia y las sanciones a directivos, entre otros avances.
A la espera de las ¨²ltimas circulares sobre peajes. Tras el revuelo que se ha armado con la publicaci¨®n de las propuestas de circulares sobre acceso a las redes y retribuciones en los sectores el¨¦ctrico y gasista, las empresas y asociaciones est¨¢n ahora a la espera de que salgan las ¨²ltimas, referentes a los peajes. Y dicen que el revuelo ser¨¢ todav¨ªa mayor. Est¨¢ previsto que la CNMC las publique la ¨²ltima semana de agosto, justo para calentar las vacaciones veraniegas. Se totalizar¨¢n 13 circulares, que estar¨¢n un tiempo sometidas a consulta p¨²blica para que se presenten alegaciones, de manera que el organismo que preside Jos¨¦ Mar¨ªa Mar¨ªn las pueda promulgar en 2020.
El reto demogr¨¢fico y la igualdad de derechos. La veterana revista Informaci¨®n Comercial Espa?ola (ICE) ha publicado un monogr¨¢fico sobre el reto demogr¨¢fico y la ministra del ramo, Reyes Maroto, ha aprovechado para se?alar que es una prioridad que exige el esfuerzo de las Administraciones, as¨ª como la necesidad de acabar con la desigualdad de derechos. Y una forma es a trav¨¦s de la vertebraci¨®n territorial, uno de los pilares de la estrategia frente al reto demogr¨¢fico. Al tiempo se ha publicado que el 63,1% de los municipios y 13 provincias han perdido poblaci¨®n, seg¨²n un estudio de la Fundaci¨®n BBVA.
Llamativo cese de Felipe Benjumea. Existe cierto recelo por el cese de Felipe Benjumea como presidente de Inversi¨®n Corporativa, la sociedad a trav¨¦s de la que ¨¦l y otras familias tradicionales accionistas de Abengoa canalizan la participaci¨®n en la empresa. Las suspicacias parten del hecho de que est¨¢n en curso las dos demandas que interpuso el a?o pasado contra el Santander y el HSBC por 1.005 millones acus¨¢ndoles de impedir la ampliaci¨®n de capital y, sobre todo, de haber provocado su salida de la presidencia. Unas demandas que, seg¨²n los bancos, son una estrategia procesal que carece de l¨®gica.
El ministerio tiene previsto sacarlo a consulta p¨²blica. En todo caso, resulta de extrema importancia para el funcionamiento de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha pedido que se incluyan los acuerdos prejudiciales para reducir la judicializaci¨®n de las sanciones y su alargamiento, la mayor dotaci¨®n de recursos humanos y tener autoridad para gestionar la prohibici¨®n de contratar a las empresas que hayan cometido fraudes, adem¨¢s de ajustes como que el presidente pueda presidir las dos salas (Competencia y Mercados) y no como hasta ahora.
La directiva ECN+, cuyo inicio corresponde a los tiempos de Joaqu¨ªn Almunia como comisario del ramo, persigue dotar de los medios suficientes para ser m¨¢s independientes, m¨¢s eficaces y tener m¨¢s garant¨ªas para el correcto funcionamiento del mercado interior. Trata de establecer un conjunto m¨ªnimo de poderes de investigaci¨®n y herramientas para la aplicaci¨®n de la normativa de competencia comunes a todas las autoridades nacionales de competencia (ANC) y promover una red de cooperaci¨®n en la materia. El objetivo es, adem¨¢s de garantizar la independencia e imparcialidad y disponer de recursos financieros y humanos, facilitar la imposici¨®n de multas.
Para ello, otorga a las ANC la facultad de establecer sus prioridades. Esto, seg¨²n los expertos, dota de mayor flexibilidad para el uso de los recursos disponibles. Sobre la imposici¨®n de multas, la directiva recoge que los Estados miembros garanticen que la sanci¨®n m¨¢xima no sea inferior al 10% del volumen de negocios mundial. La LDC espa?ola establece como l¨ªmite de la sanci¨®n el 10% del ¡°volumen de negocios total¡±, pero nunca ha estado claro si se refiere al territorio nacional o a todo su negocio global. En ese sentido, propone el suministro de los instrumentos adecuados para imponer sanciones ¡°proporcionadas y disuasorias¡± y contiene normas sobre la responsabilidad, de modo que las empresas no puedan eludir las multas ampar¨¢ndose en una reestructuraci¨®n empresarial.
Asimismo, la directiva se?ala que cuando se impone una multa no solo a una asociaci¨®n, sino tambi¨¦n a empresas, el volumen de negocios de los miembros a los que se impone la multa no se debe tener en cuenta para el c¨¢lculo de la multa a la asociaci¨®n.
La ministra particip¨® en la elaboraci¨®n de la Ley de Defensa de la Competencia en 2007
La CNMC ha pedido que se introduzcan los acuerdos prejudiciales y m¨¢s recursos humanos
Tambi¨¦n plantea la homogeneizaci¨®n de los programas de clemencia, que favorecen la cooperaci¨®n de empresas en la presentaci¨®n de pruebas sobre la existencia de carteles a cambio de una reducci¨®n o perd¨®n de la sanci¨®n. Ello aumentar¨¢ los incentivos para que las empresas participen en dichos programas.
Pero quiz¨¢ lo m¨¢s importante es que la directiva impone la obligaci¨®n de adaptar las legislaciones para garantizar que las ANC dispongan de las prerrogativas necesarias para, en caso de inspecci¨®n, acceder a las instalaciones y medios de transporte, al contenido de tel¨¦fonos m¨®viles, ordenadores port¨¢tiles y tabletas de los empleados; cuando exista una sospecha bien fundada, incluso al domicilio particular de directivos y otros miembros del personal, y sea posible remitir requerimientos de informaci¨®n a las empresas, obligando a estas a facilitar toda la informaci¨®n necesaria, as¨ª como realizar entrevistas a personas f¨ªsicas y los representantes de personas jur¨ªdicas cuando estas personas puedan poseer informaci¨®n relevante para una investigaci¨®n. En ese sentido, se busca la cooperaci¨®n en materia de inspecciones, as¨ª como en la notificaci¨®n de cualquier acto procesal adoptado en el marco de un procedimiento sancionador a empresas cuya sede se encuentra en un Estado miembro distinto al que instruye el procedimiento.
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