Las empresas se desesperan por la dificultad de cumplir todas las leyes medioambientales

La batalla por el medio ambiente se encuentra en un punto decisivo. Los palpables efectos del cambio clim¨¢tico, el problema de la contaminaci¨®n en las grandes ciudades o los continuos incendios en la Amazonia y algunas regiones de ?frica han situado la preservaci¨®n del planeta como la mayor preocupaci¨®n de la ciudadan¨ªa a nivel mundial, seg¨²n el instituto norteamericano Pew Research Center. Adem¨¢s, a pesar de los palos en las ruedas de negacionistas como Donald Trump o Jair Bolsonaro, el discurso medioambiental se abre camino en la agenda pol¨ªtica de forma cada vez m¨¢s s¨®lida. Sin ir m¨¢s lejos, la nueva presidenta de la Comisi¨®n Europea, Ursula Von der Leyen, ha fijado el cambio clim¨¢tico como una de las prioridades para su pr¨®ximo mandato.

La creciente concienciaci¨®n de organismos y administraciones no solo cristaliza en medidas p¨²blicas. Tambi¨¦n (y fundamentalmente) en normas que imponen nuevas obligaciones a las empresas. En los ¨²ltimos a?os, se ha acelerado tanto el ritmo de aprobaci¨®n de este tipo de disposiciones que, incluso para las compa?¨ªas m¨¢s comprometidas, no siempre resultan f¨¢ciles de cumplir. Una encuesta realizada a 3.500 abogados de empresa europeos revela que el 50% prev¨¦ que tendr¨¢n problemas regulatorios en esta materia en los pr¨®ximos a?os, y tan solo el 15% afirma estar bien preparado para las exigencias medioambientales.

¡°Las leyes ecol¨®gicas en vigor ahora mismo se miden por miles¡±, indica Santiago Garrido, socio de Hogan Lovells. Seg¨²n el Instituto de Investigaci¨®n Grantham, un organismo brit¨¢nico especializado en cambio clim¨¢tico, a finales de los noventa, apenas exist¨ªan 72 textos ambientales en todo el mundo; en la actualidad son unos 1.500.

Otra de las caracter¨ªsticas de esta legislaci¨®n es la pluralidad de sus fuentes. Existen normas internacionales, comunitarias y estatales; en Espa?a, adem¨¢s, otras provienen de gobiernos y organismos auton¨®micos y, finalmente, de algunos Ayuntamientos. ¡°Esto genera una situaci¨®n un tanto ca¨®tica¡±, resume Garrido, que a?ade que, debido a esta dispersi¨®n del ordenamiento, ¡°estar actualizado y ser consciente de qu¨¦ normativa se aplica en cada momento supone un reto importante¡±. O dicho con otras palabras: hay un importante grado de inseguridad jur¨ªdica.

Adem¨¢s, el letrado explica que muchas de las leyes estatales (como por ejemplo la que regula la gesti¨®n de residuos o la emisi¨®n de determinados gases) tienen un posterior desarrollo auton¨®mico, donde generalmente se incluyen exigencias adicionales. Por lo tanto, una industria presente en m¨¢s de un territorio tiene que asumir distintas obligaciones para una misma materia. Algo parecido le sucede a quien est¨¢ presente en varios pa¨ªses.

Todo ello, como no puede ser de otro modo, tiene un coste para las empresas. Lo cual incide directamente en el negocio y en la cuenta de resultados. Como se?ala Mario Ortega, experto de KPMG, adaptarse a las exigencias legales puede obligar a modificar sustancialmente los procesos productivos o, incluso, abandonar determinadas actividades. Decisiones que ¡°suponen un coste significativo¡± y que pueden laminar el ¨¢nimo cumplidor de la organizaci¨®n.

Y ello, a?ade Luis Gonz¨¢lez, counsel de Garrigues, no solo trae problemas internos, de cumplimiento, sino que repercute directamente en la posici¨®n de la compa?¨ªa en el mercado. ¡°La competencia es extrema a nivel global¡±, reflexiona. As¨ª, la complejidad a?adida de la normativa medioambiental de pa¨ªses como Espa?a, o regiones como la UE, puede provocar que sus empresas se vean en desventaja frente a las de pa¨ªses con legislaciones m¨¢s laxas.

C¨¢rcel

?Qu¨¦ ocurre en caso de incumplimiento? Nuestras leyes aplican el principio de quien contamina, paga. Y lo paga caro. M¨¢s all¨¢ de las elevadas sanciones que imponen las normas de cada sector espec¨ªfico (residuos, aire, agua, etc.), la ley espa?ola sobre responsabilidad medioambiental permite que las autoridades impongan a las organizaciones medidas preventivas o de reparaci¨®n del da?o.

De no acatar estas instrucciones, las multas (compatibles con las anteriormente mencionadas) oscilan entre los 10.000 euros y los dos millones de euros en los supuestos m¨¢s graves. Adem¨¢s, las autoridades competentes tambi¨¦n podr¨¢n tomar medidas operativas contra la empresa infractora ¡°como la clausura de locales, la suspensi¨®n de autorizaciones o, incluso, ordenar el cierre temporal o definitivo de la compa?¨ªa¡±, subraya Gonz¨¢lez.

Si la infracci¨®n es especialmente grave (es decir, si el perjuicio al entorno natural es relevante), las empresas pueden incurrir en responsabilidad criminal. As¨ª lo establece el C¨®digo Penal, que contempla desde 2015 los delitos contra el medio ambiente entre aquellos que pueden ser cometidos por una persona jur¨ªdica. Ahora bien, para tener que responder ante un juez no es necesario causar un da?o, sino que ¡°basta con que exista el peligro de poderlo ocasionar¡±, advierte Juan Segarra, abogado de Molins Defensa Penal. As¨ª, las denuncias presentadas ante los tribunales se han multiplicado por cuatro en la ¨²ltima d¨¦cada, de acuerdo con un informe de la ONG SEO/Birdlife.

Los castigos que pueden imponerse por esta v¨ªa son varios: desde sanciones econ¨®micas hasta ordenar el cierre temporal o definitivo del centro, as¨ª como la retirada de subvenciones y licencias, o la intervenci¨®n judicial de las cuentas. Asimismo, el juez puede condenar a la persona f¨ªsica responsable a penas de c¨¢rcel que oscilan entre seis meses y siete a?os. Para evitar llegar a tal extremo, Segarra remarca la importancia de sistemas de gesti¨®n medioambiental, que validan que la compa?¨ªa cumple con sus obligaciones ecol¨®gicas, y los programas de cumplimiento penal, ¡°que aten¨²an o incluso pueden llegar a extinguir la responsabilidad criminal de la organizaci¨®n¡±.