Un juez de Las Palmas multa a una empresa con 1.000 euros por cada d¨ªa que no d¨¦ mascarillas a su plantilla

Un juzgado de Las Palmas ha admitido la petici¨®n del sindicato UGT para que la empresa de ayuda de personas dependientes a domicilio que trabaja para el Ayuntamiento capitalino dote de protecci¨®n a toda su plantilla para la epidemia de coronavirus. El juzgado ha condenado a Clece a pagar una multa de 1.000 euros por cada d¨ªa que pase sin que entregue mascarillas, gel desinfectante, guantes y batas desechables a todos los empleados que prestan este servicio. El criterio en Las Palmas es opuesto al del juzgado de Santa Cruz de Tenerife sobre la misma empresa en la otra gran ciudad del archipi¨¦lago, seg¨²n una nota del Poder Judicial.

El Juzgado de lo Social n¨²mero 8 de la capital grancanaria dict¨® el pasado lunes el auto que requiere a Clece que cumpla las medidas cautelar¨ªsimas solicitadas por UGT para que en el pazo de 48 horas se entregara a los empleados el material de protecci¨®n. En el auto de este lunes, el juez constata que la compa?¨ªa no hab¨ªa cumplido ¡°con la totalidad¡± de las medidas cautelares acordadas en un auto anterior, por lo que requiere a Clece para que ¡°en el plazo de un d¨ªa¡± cumpla con las restantes medidas no tomadas, ¡°con apercibimiento de multa de 1.000 euros por cada d¨ªa de demora en el cumplimiento de lo acordado¡±.

Decisi¨®n contraria en Santa Cruz de Tenerife

La decisi¨®n judicial en el caso de Las Palmas es contraria a la que tom¨® sobre un caso an¨¢logo el pasado lunes un juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife. Ante id¨¦ntica petici¨®n respecto al servicio que presta Clece para el Ayuntamiento de la capital santacrucera, el Juzgado de lo Social n¨²mero 8 de aquel partido desestim¨® la demanda sindical y admiti¨® que para Clece y para el Ayuntamiento era imposible en el momento actual dotar de equipos de protecci¨®n a todos los empleados de la empresa.

La resoluci¨®n sancionadora del juzgado de Las Palmas es susceptible de recurso, al igual que el auto del juzgado de Santa Cruz de Tenerife. Ante la divergencia de sentencias, Clece podr¨ªa elevar el asunto a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que deber¨ªa unificar criterios.

Las obligaciones en materia de prevenci¨®n de riesgos laborales siempre han sido uno de los grandes quebraderos de cabeza de las compa?¨ªas, pero en la actual crisis del coronavirus ha elevado la complejidad, multiplicando los conflictos en diferentes sectores. En los ¨²ltimos d¨ªas se han conocido casos similares en la distribuci¨®n, donde las cajeras de supermercados han tenido que trabajar sin protecci¨®n, al igual que en la banca y, lo que es m¨¢s grave, entre los sanitarios y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La ley establece que las empresas deben tener medidas para salvaguardar la salud de sus trabajadores, pero ahora el desaf¨ªo es conseguir el material, algo que ha creado una situaci¨®n sin precedentes y ha puesto sobre la mesa el riesgo de provocar contagios entre los empleados.

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