Una nueva laboralidad de las plataformas como garant¨ªa del contrato social

En febrero de 2020 McKinsey Global Institute publicaba un informe sobre la necesidad de formalizar un nuevo contrato social para el siglo XXI. Apenas cinco meses despu¨¦s, la tragedia del COVID-19 ha agudizado la dimensi¨®n de este gran reto colectivo. La llamada nueva econom¨ªa ha generado una serie de creencias que hemos aceptado sin filtro cr¨ªtico y hemos evitado el necesario debate sobre este contrato social de la era digital. As¨ª, hemos cre¨ªdo que existe una disonancia entre innovaci¨®n y protecci¨®n social, de forma que toda apuesta que se haga por una mayor digitalizaci¨®n pasar¨ªa, inevitablemente, por reducir derechos que tanto esfuerzo han requerido conseguir. Hemos cre¨ªdo tambi¨¦n que la econom¨ªa digital es un ap¨®sito de la ¡°econom¨ªa real¡±, y seguimos sin definir pol¨ªticas y actuaciones que integren lo digital en el sistema productivo general de los Estados. Hemos interpretado la digitalizaci¨®n de nuestras econom¨ªas como una amenaza y, lo que es peor, hemos estado tentados de abandonar el tim¨®n.

Sin embargo, la digitalizaci¨®n de la econom¨ªa es un motor ineludible en el desarrollo de nuestras sociedades, y lo encarnamos cada uno de nosotros como operadores (con el tipo de empleo que generamos), como Administraciones P¨²blicas (con el marco de relaci¨®n que definimos), y como ciudadanos (con nuestras opciones de compra y nuestras deliberaciones p¨²blicas). Y del contrato social que dejemos a las generaciones futuras va a depender lo afinado que sonemos todos en este concierto. Los datos apuntan a varios impactos positivos. Por un lado, seg¨²n datos de la propia Comisi¨®n Europea, en 2025 la econom¨ªa digital alcanzar¨¢ un volumen de negocio cercano a los 60.000 millones de euros. Nuestro sector, el mercado de la comida a domicilio, genera ya 2.000 millones de euros en Espa?a y, en Europa, producir¨¢ ingresos de unos 25.000 millones de euros en 2023. Esta creaci¨®n de riqueza y empleo solo se va a incrementar.

Por otro lado, m¨¢s del 50% de las PYMES europeas act¨²an mediante plataformas digitales, las cuales contribuyen a que prosperen en un mercado cada vez m¨¢s competitivo e incierto. Por ejemplo, el sector de la restauraci¨®n, tras experimentar una ca¨ªda del 90% en su cifra de negocios durante este contexto pand¨¦mico, ha podido evitar dejar a cero su actividad gracias al reparto a domicilio. Es m¨¢s, fue el propio gobierno quien reconoci¨® la esencialidad del trabajo de las plataformas. No sin dificultades, creemos haber estado a la altura de las circunstancias para satisfacer un reto con car¨¢cter de emergencia nacional.

La clave, sin embargo, que define el tono, el fondo y la forma de este reto colectivo est¨¢, como todos sabemos, en el modelo laboral. El desarrollo de la digitalizaci¨®n no puede resultar en precariedad y vulnerabilidad del sistema. En breve volver¨¢ el debate sobre la regulaci¨®n de las plataformas. El Gobierno y el conjunto de las fuerzas pol¨ªticas tienen la oportunidad de definir un marco que permita la integraci¨®n de la dimensi¨®n digital en la Econom¨ªa y el desarrollo de un proyecto digital-pa¨ªs para Espa?a. Un marco que permita abanderar un nuevo contrato social innovador, competitivo y sostenible en Europa.

Actualmente, Espa?a no tiene un marco laboral espec¨ªfico para las plataformas digitales. Esto ha generado incertidumbre y desconfianza, que han resultado en una costosa judicializaci¨®n y, lo que es m¨¢s grave a¨²n, desventajas competitivas derivadas de los diferentes modelos de unos y de otros.

Somos muchos los operadores que consideramos que la laboralidad es la base sobre la que construir el modelo de relaci¨®n profesional entre repartidores y plataformas. Y, atendiendo a ese principio, ser¨ªa necesario que el debate incluyera f¨®rmulas laborales m¨¢s fluidas de las que existen actualmente, para aunar la demanda de flexibilidad del entorno digital con la protecci¨®n social del mercado laboral. A comienzos de a?o, el estado de California regulaba esta materia en una l¨ªnea similar a esta, y los beneficios ya se empiezan a notar. California marca un precedente en el que inspirarnos porque se adapta a nuevas realidades econ¨®micas que requieren una flexibilidad sin precedente, sin renunciar a derechos y garant¨ªas previamente adquiridos. Esto dota de sostenibilidad a todos los integrantes del sistema.

La responsabilidad de las empresas trasciende la b¨²squeda del retorno financiero para sus accionistas y el cumplimiento de la legislaci¨®n vigente. Debemos trabajar junto con las Administraciones P¨²blicas para evitar posibles frenos al crecimiento y posibles ataques al Estado del Bienestar. Entre todos, tenemos la oportunidad de definir un nuevo contrato social que permita aunar innovaci¨®n y desarrollo sostenible en un entorno tan din¨¢mico, incierto y complejo como el actual.

Patrik Bergareche Sainz de los Terreros es director general de Just Eat Espa?a