Los represaliados de Navantia

El pr¨®ximo d¨ªa 29, cuatro ingenieros sentar¨¢n en el banquillo de los juzgados de Cartagena (Murcia) a responsables de Navantia y sus empresas subcontratistas: uno las demanda por despido y tres por traslado forzoso. Es probable, sin embargo, que los tres ¨²ltimos juicios no se celebren: despu¨¦s de que la Justicia congelara cautelarmente sus traslados al Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz) y Ferrol (A Coru?a), han sido despedidos y sus empresas han pedido el archivo de la causa porque, alegan, no tiene sentido seguir debatiendo su movilidad laboral cuando ya est¨¢n en la calle.

El jefe de una de las subcontratas, Quest Global Engineering, lo dijo con toda claridad en una conversaci¨®n que ha sido aportada al Juzgado: ¡°Me han prometido que, si quit¨¢is la denuncia, seguir¨¦is d¨®nde quer¨¢is. [¡­] Lo que pasa es que Navantia este caso lo va a usar como escarmiento porque se le complica la vida¡±. En otra grabaci¨®n, se escucha al director de la misma empresa anunciar a uno de sus empleados: ¡°Recursos Humanos de Navantia nos ha pedido que no vay¨¢is a trabajar. Nos han comunicado que mientras teng¨¢is la demanda interpuesta no vais a estar en Navantia, ni en el arsenal¡±.

El caso se inici¨® el pasado 4 de noviembre, cuando 14 ingenieros de cuatro subcontratas, tras llevar a?os trabajando en el astillero p¨²blico, acudieron al Servicio de Mediaci¨®n, Arbitraje y Conciliaci¨®n (SMAC) de Cartagena para presentar una demanda por ¡°cesi¨®n ilegal¡± de trabajadores; es decir, por externalizar la contrataci¨®n de empleados para puestos estructurales.

Inicialmente, los que suscrib¨ªan la demanda eran 14, pero siete se echaron atr¨¢s ¡°por temor a sufrir represalias y por no aguantar las presiones¡±, seg¨²n la primera sentencia dictada sobre el conflicto, que ha originado una multitud de procesos todav¨ªa en curso, del Juzgado de lo Social n¨²mero 2 de Cartagena.

Solo tres d¨ªas despu¨¦s de presentar su escrito, responsables del Departamento de Sistemas de Control del Astillero les comunicaron que ¡°era imprescindible que desistieran de la acci¨®n emprendida para continuar prestando servicios, pues de lo contrario habr¨ªa consecuencias¡±. Incluso, agrega la sentencia, recibieron un ultim¨¢tum de 24 horas: ¡°El plazo para remitir el desistimiento a la Direcci¨®n de Recursos Humanos de Navantia terminaba el viernes 9 [de noviembre], anunciando que quien persistiera con su acci¨®n no podr¨ªa continuar trabajando la semana siguiente¡±.

Uno de los que desoy¨® la advertencia fue Alberto B. El 19 de noviembre, los vigilantes de Seguridad de Navantia le retiraron la tarjeta de acceso al astillero, en el que llevaba trabajando m¨¢s de tres a?os y medio, y lo mandaron a una dependencia exterior.

El 12 de diciembre, se reuni¨® con los m¨¢ximos responsables de Soologic, la subcontratista de la que depend¨ªa, quienes le ofrecieron hablar por tel¨¦fono con el responsable de Recursos Humanos del astillero. Seg¨²n la sentencia, este le dijo ¡°que, si quer¨ªa seguir trabajando, estaba obligado a desistir [de la demanda] y le anunci¨® que, pese al resultado del pleito, no iba a trabajar en Navantia, porque hab¨ªa decidido ejemplarizar con los siete para evitar futuras demandas de otros subcontratados¡±.

El 26 de diciembre, su empresa comunic¨® a Alberto B. que, ¡°por razones productivas y organizativas¡±, su puesto de trabajo se trasladaba por tres meses prorrogables a Sevilla, a 600 kil¨®metros de distancia. El 11 de diciembre, Soologic contrat¨® a otro ingeniero para sustituirlo en Cartagena.

El juez cree que, con la complicidad de la subcontratista, Navantia desarroll¨® ¡°toda una conducta empresarial dirigida a cercenar un derecho fundamental¡±, ya que ¡°el trabajador no puede ser objeto de represalia por el mero hecho de ejercer una acci¨®n legal amparada constitucionalmente¡±.

De los siete ingenieros que mantuvieron la demanda, dos fueron inmediatamente despedidos y los otros cinco fueron objeto de traslados forzosos. Ocho meses despu¨¦s, el ¨²nico que no est¨¢ en el paro es Alberto B., a quien Navantia y la subcontratista deben reincorporar en su puesto e indemnizar con 6.251 euros.

Fuentes del astillero p¨²blico sostienen que los siete buscaban un ¡°atajo¡± para entrar en la empresa, salt¨¢ndose las v¨ªas previstas en el plan estrat¨¦gico pactado con la SEPI ¡ªla sociedad estatal de participaciones industriales, a trav¨¦s de la cual el Estado controla el 100% de Navantia¡ª y los sindicatos. Dicho plan contempla la incorporaci¨®n de 1.658 trabajadores. Adem¨¢s, se trataba de evitar un precedente al que pudieran acogerse los 300 ingenieros y m¨¢s de un millar de trabajadores de las subcontratas del astillero.

El caso, sin embargo, trasciende ya lo laboral. El abogado de los siete denunciantes, Andr¨¦s Gal¨¢n, prepara una querella criminal contra Navantia y su responsable de Recursos Humanos. Ampar¨¢ndose en lo que han dicho los jueces, les acusa de coacciones e intimidaci¨®n para impedir el ejercicio de derechos constitucionales.