Anticorrupci¨®n pide cuatro a?os y medio para Olivas y Parra por la ca¨ªda del Banco de Valencia

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pide entre dos a?os y medio y cuatro a?os y medio de prisi¨®n para la antigua c¨²pula del Banco de Valencia, caja de ahorros que fue intervenida por el Banco de Espa?a al descubrir un agujero de 600 millones de euros en noviembre de 2011. Los m¨¢ximos responsables, Jos¨¦ Luis Olivas, expresidente, y Domingo Parra, exconsejero delegado, se enfrentan a la mayor solicitud de pena: cuatro a?os y medio por un delito de falsedad contable cometido presuntamente entre 2009 y 2010.

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El escrito de acusaci¨®n de los fiscales relata c¨®mo la entidad cambi¨® su forma de operar desde el negocio bancario tradicional al ejercicio mercantil de las cajas de ahorros cuando Olivas lleg¨® a la presidencia: inici¨® una ¡°pol¨ªtica crediticia muy expansiva y marcadamente centrada en el mercado inmobiliario¡±. Esto aument¨® sus cifras de negocios, muy superiores a las del sector. La nueva pol¨ªtica de los gestores hizo que la entidad asumiera ¡°un elevado grado de exposici¨®n al sector inmobiliario [...] con incumplimiento sistem¨¢tico de las buenas y prudentes pr¨¢cticas que deber¨ªan de regir la sociedad¡±, a?aden los fiscales Carmen Launa y Alejandro Cabaleiro. Las pol¨ªticas de cr¨¦dito se caracterizaban ¡°por su escasa prudencia y elevado riesgo¡±, insisten.

Cuentas maquilladas

Seg¨²n ese relato, la morosidad provoc¨® malos resultados en el ejercicio 2009, que la c¨²pula decidi¨® ocultar para no alertar al mercado de la situaci¨®n real. Las cuentas anuales de 2009 y 2010 ¡°no reflejaron la imagen fiel de la entidad bancaria¡± porque se hicieron ajustes contables que pretend¨ªan ¡°maquillar¡± los resultados. Entre otras cosas, se aprobaron refinanciaciones a promotores inmobiliarios, no se realizaron provisiones por dotaciones pese a tener clientes que estaban en situaci¨®n de concurso y se siguieron autorizando ¡°operaciones de gran complejidad y riesgo¡±.

La Fiscal¨ªa se?ala que pese a que muchas de sus operaciones se encontraban defectuosamente documentadas, no se realizaron provisiones por dotaciones conforme a la normativa, y se autorizaron operaciones en contra de los intereses de la propia entidad por parte de sus m¨¢ximos responsables, en connivencia - en ocasiones- con directivos y empleados.

Adem¨¢s de a Olivas y Parra, el ministerio p¨²blico acusa a otros 11 consejeros y gestores y al socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer, para el que solicita un a?o y medio de prisi¨®n como cooperador necesario en la falsedad de las cuentas de 2010.

Algunas de las operaciones de esa ¨¦poca ya han sido objeto de instrucci¨®n judicial o incluso han sido juzgadas ya por delitos de administraci¨®n desleal. Parra ya ha sido condenado por dos de ellas que causaron perjuicios millonarios a la entidad: por conceder un pr¨¦stamo a una empresacon la que ten¨ªa v¨ªnculos y por dar pr¨¦stamos a varias macrooperaciones urban¨ªsticas ruinosas que causaron un perjuicio de 198 millones de euros.?