El juez del ¡®caso Villarejo¡¯ cita a PwC por su informe forense del BBVA

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa Castell¨®n ha llamado a declarar el 20 de febrero a tres directivos de la auditora PwC para que declaren en la pieza del caso T¨¢ndem (tambi¨¦n llamado caso Villarejo) que investiga la relaci¨®n del BBVA con las empresas del comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo, en prisi¨®n desde noviembre de 2017. El juez afea a la auditora que no haya identificado a las personas que hicieron la investigaci¨®n forense para el banco.?

Tras solicitarlo la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, el magistrado cita al socio de PwC responsable del departamento de Forensic en Espa?a, Javier L¨®pez Andreo, y al senior manager de Forensic, Alberto Garc¨ªa, para preguntarles sobre dos informes preliminares: el del 22 de marzo de 2019 sobre los ¡°procesos de selecci¨®n, adjudicaci¨®n y contrataci¨®n de Cenyt por el BBVA¡± y el del 11 de julio de 2019 sobre ¡°los procesos de facturaci¨®n, contabilizaci¨®n y pago de los servicios prestados por Cenyt para el BBVA¡±.

El juez se?ala en una providencia, a la que tuvo acceso EL PA?S, que la auditora ¡°ni siquiera ha identificado a las personas que han llevado a cabo la investigaci¨®n forensic¡±, por lo que decide citar a los m¨¢ximos responsables del departamento de investigaci¨®n forense de la entidad. Se trata de la primera diligencia que ordena el magistrado desde que se levantara el secreto de sumario de esta pieza del caso T¨¢ndem, la n¨²mero 9, la semana pasada.

Andreo y la gerente de Forensic de PwC, Leyre Zayas, son citados en calidad de testigos-peritos el mismo d¨ªa, un cuarto de hora m¨¢s tarde, para dar explicaciones sobre el ¡°Informe de situaci¨®n relativo a las medidas adoptadas para la prevenci¨®n y detecci¨®n de delitos por el Grupo BBVA¡±. Este informe es un trabajo de consultor¨ªa que aborda precisamente lo que fall¨® en el banco y que permiti¨® contratar a un comisario en activo durante 13 a?os. Estos informes se realizan habitualmente desde que una reforma del C¨®digo Penal en 2010 estableci¨® por primera vez la responsabilidad penal de las empresas como personas jur¨ªdicas. En 2015 otra reforma concret¨® m¨¢s la responsabilidad penal de la persona jur¨ªdica y se establecieron eximentes y atenuantes cuando la empresa contara con controles adecuados.

La pieza 9 del caso Villarejo investiga la contrataci¨®n por parte del BBVA de empresas del comisario jubilado (Cenyt y V&V Developments entre ellas) del a?o 2004 al 2017. La entidad bancaria les pag¨® facturas por valor de 10,3 millones de euros por distintos trabajos, seg¨²n ha descubierto hasta ahora la investigaci¨®n. El primer contrato de la entidad financiera con el Grupo Cenyt, el entramado societario que dirig¨ªa Villarejo, data del 2 de diciembre de 2004, cuando a¨²n era polic¨ªa en activo, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que cree que el banco ya conoc¨ªa entonces ¡°la naturaleza il¨ªcita de todas las contrataciones¡±.

Los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa concluyen que ¡°las diligencias judiciales practicadas hasta la fecha, especialmente la documental incorporada, los informes forensic preliminares y las declaraciones del investigado Antonio B¨¦jar vendr¨ªan corroborando la solidez de los indicios delictivos en la contrataci¨®n y en los pagos a Cenyt¡±. En ella habr¨ªan participado de forma ¡°coordinada¡± m¨²ltiples ¨¢reas del banco.?

Tras saltar a los medios de comunicaci¨®n el esc¨¢ndalo de las contrataciones al comisario jubilado, el BBVA encarg¨® a sus asesores legales, Garrigues y Ur¨ªa, una investigaci¨®n interna sobre la relaci¨®n del banco con Villarejo. Estos a su vez contrataron con PwC un an¨¢lisis forense. El despacho Garrigues ejerce a la vez la defensa del banco presidido por Carlos Torres, que est¨¢ imputado por persona jur¨ªdica. Todos los hechos significativos que han encontrado los expertos, capitaneados por la exfiscal Helena Prieto, socia de Garrigues, as¨ª como los del despacho de Ur¨ªa y Men¨¦ndez y de PwC, se han enviado a la Audiencia, seg¨²n el BBVA. Fuentes de PwC apuntan que en el escrito enviado a la Audiencia Nacional con los primeros requerimientos constaba el nombre de Javier L¨®pez Andreo, aunque no el del resto de empleados que se piden ahora.